¿Cuántos cubanos morirían habiendo podido salvarse? ¿Cuántos se agravarían de sus enfermedades y padecimientos crónicos? ¿Cuántos sufrirían si no fuera por los comerciantes privados que los abastecen de medicamentos?
Porque eso es lo que son —comerciantes privados furtivos— los llamados «revendedores» y «acaparadores» de medicamentos que, en Cuba, están siendo encarcelados. Son hostigados y vilipendiados pese a que constituyen, de hecho, una red farmacéutica privada que cubre el vacío causado por el estatismo comunista.
Y es que: ¿acaso había en Cuba «acaparadores» y «revendedores» de medicamentos antes de 1959? ¿Los hay hoy en Chile, Costa Rica, Japón, Francia, Nigeria, Marruecos o Australia?
¿Es el Estado de algún país normal el propietario de todas las farmacias, clínicas y hospitales, sin que además tenga dinero para producir ni importar medicamentos?
Esas preguntas deben responderlas los jerarcas y la prensa oficial castristas que culpan a los revendedores por la escasez de fármacos en el país, agudizada por la expansión ya devastadora del COVID-19.
En Cienfuegos, el periódico oficial 5 de Septiembre arremetió hace unos días contra los 31 «acaparadores» y «revendedores» condenados a prisión por los tribunales, acusados de «actividad económica ilícita» y «tenencia de drogas» (las medicinas), a quienes les ocuparon 20 tiras con cápsulas de Azitromicina y 29 bulbos de Rocephin (antibióticos antibacterianos) y otros 45 medicamentos e insumos.
Dirigentes y sus familiares, medicinas y hospitales exclusivos
La nota periodística explicó que la mayor cantidad de medicinas incautadas había sido importada legalmente, libre de impuestos aduaneros, por cubanos que regresaron del extranjero, a los que se acusó de «ambición y oportunismo». La parte restante, precisó la nota, provenía de hospitales debido a las «fisuras en nuestras instituciones de Salud que permiten el escape de medicamentos».
Traducido del lenguaje castrista, se advierten dos cosas: 1) la mayoría de las medicinas que hay ahora en el mercado negro y que la gente por suerte puede conseguir son las que llevan cubanos que regresan; y 2) las restantes son las que se roban los trabajadores del sistema de Salud Pública.
Los primeros, los viajeros, tras satisfacer las necesidades de medicamentos de sus familiares, venden el resto clandestinamente a los precios que impone ley de la oferta y demanda, pues así funciona el comercio en el mundo desde los tiempos de Babilonia, hace miles de años.
Por su lado, quienes los sustraen de farmacias y hospitales lo hacen sin ningún remordimiento. Ven cómo los dirigentes políticos y sus familias roban antes que ellos y por eso no les falta ninguna medicina, por costosa que sea. Ven cómo esos oligarcas, parientes y amigotes reciben un tratamiento médico exquisito, en hospitales exclusivos para ellos, como el CIMEQ de La Habana, equipado con todo, con fuerte custodia militar y al cual la prensa tiene prohibido el acceso. Todo pagado con el dinero que se le roba al pueblo.
El robo al Estado es indispensable en un régimen comunista
Para decirlo claro, robarle a un Estado comunista no es delito, sino indispensable para evitar hambre y enfermedades. Los «acaparadores», «revendedores», «coleros» y un enorme mercado subterráneo, son hijos legítimos de toda tiranía marxista-leninista. Son el efecto, no la causa de la escasez.
Recordemos que, en Cuba, quienes adiestraron a la gente en el «trapicheo» comercial clandestino fueron los técnicos soviéticos que vivían en la Isla, pues ellos lo hacían en la URSS. Los cubanos, con mucha más escasez, necesitan de un mercado negro que los alimente, vista, calce, los transporte y los abastezca de medicinas.
Es como una ley física. Intentar mantener agua en las manos juntando ambas palmas es tan tonto como pretender que una economía pueda funcionar sin propiedad privada. El modelo estatista no funciona, «ni a nosotros», como confesó Fidel Castro a un periodista de EEUU en 2010.
Lo mismo le dijo 2.360 años antes Aristóteles al iluso Platón. La propiedad privada —le dijo el discípulo a su maestro— es superior porque «la diversidad humana es más productiva», y porque «los bienes, cuando son comunes, reciben menor cuidado que cuando son propios».
Dicho en criollo, «el ojo del amo engorda el caballo». El cataclismo económico-social sufrido en Cuba se debe a que fue suprimido “el ojo del amo”, la propiedad privada.
La dictadura quiere acabar con comercio privado de medicinas
El colmo es que con el azote del virus chino en la Isla, la dictadura no solo no ha permitido siquiera excepcionalmente el comercio privado de medicamentos, sino que ha decidido arrasarlo usando nuevas tecnologías de hackeo de chats y la intervención ilegal y descarada en grupos de WhatsApp y de Telegram. Mediante esos grupos, la población obtiene medicamentos de redes organizadas por cubanos en EEUU y España, que agrupan fármacos y los envían con particulares a Cuba.
El Noticiero de la TV castrista mostró recientemente varios chats y mensajes de audio privados evidentemente «hackeados» ilegalmente por el MININT. Los televidentes escucharon asombrados a personas enfermas o sus familiares, pidiendo antibióticos como Rosephin, Azitromicina, Amoxicilina, Ciprofoxacina, Cefalexina, y analgésicos y reducidores de fiebre, como Dipirona y Paracetamol. Esos medicamentos no los hay en las farmacias, o cuando «llegan» son tan poquitos que se acaban enseguida. Tampoco los hay en los hospitales.
Un oficial del Ministerio del Interior (MININT) dijo en ese noticiero televisivo que los revendedores de medicamentos «ocultan su número de teléfono y dan un nombre falso para que no se localice la procedencia del medicamento».
Por supuesto, los precios de esas medicinas se fijan según la ley de la oferta y la demanda, obviamente altos. ¿Cómo bajar esos precios? Únicamente con mucha oferta, o sea, con farmacias privadas, en las que haya todo tipo de medicamentos.
¿Habría más fármacos si el MININT acaba con comercio privado?
La pregunta clave aquí es: si el régimen lograse acabar con el comercio privado de medicamentos, ¿habría más cantidad en farmacias y hospitales? Por supuesto que no.
La presidenta del monopolio estatal BioCubaFarma, Tania Urquiza, reveló hace unos días: «en 2021 se nos han ido acabando los suministros y materias primas y el promedio de faltas mensuales ha sido de 120 medicamentos». Si Urquiza admite que son 120, la cifra real debe ser el doble o el triple. Mientras tanto, Rita García, burócrata de ese monopolio, informó tranquilamente que de Azitromicina, antibiótico fundamental en el tratamiento del COVID-19, «lo que se está produciendo actualmente no alcanza para llevar a la red de farmacias».
En fin, en las farmacias cubanas no hay prácticamente nada. Los hipertensos, cardíacos o diabéticos están meses sin sus medicinas. Tampoco hay psicofármacos en un país donde la depresión y el estrés son alarmantes. El 85% de los medicamentos tiene que ser importado y no hay divisas para ello.
Como la mayoría de los contagiados con el virus chino permanecen en sus casas, o son enviados a terribles centros de aislamiento, muchísimos cubanos más morirían de COVID-19 sin los medicamentos indispensables que hoy consiguen «por la izquierda».
Con solo reducir el comercio privado de medicamentos, morirán muchos cubanos
Ahora, si bien es verdad que mediante el hackeo de chats de abastecedores de medicamentos la dictadura no podrá acabar totalmente con las sui generis microfarmacias privadas —nunca lo lograría—, sí puede que reduzca su tamaño.
Solo esa reducción será otro crimen de lesa humanidad que irá al expediente de Raúl Castro y su asistente Miguel Díaz-Canel, como causantes de más muertes, dolor y sufrimientos del pueblo cubano.
Lo que tienen que hacer esos dos vividores misántropos es restaurar, ya, la propiedad privada. Si en Cuba las farmacias no fuesen estatales y hubiese laboratorios y plantas privadas de balones de oxígeno, insumos y equipos médicos, no habría escasez de medicinas, ni cubanos asfixiados por el COVID-19 hasta finalmente dejar de respirar, como trágicamente ocurre hoy en todo el país.
Fuente: Diario las Américas
¿Es el Estado de algún país normal el propietario de todas las farmacias, clínicas y hospitales, sin que además tenga dinero para producir ni importar medicamentos?
Esas preguntas deben responderlas los jerarcas y la prensa oficial castristas que culpan a los revendedores por la escasez de fármacos en el país, agudizada por la expansión ya devastadora del COVID-19.
En Cienfuegos, el periódico oficial 5 de Septiembre arremetió hace unos días contra los 31 «acaparadores» y «revendedores» condenados a prisión por los tribunales, acusados de «actividad económica ilícita» y «tenencia de drogas» (las medicinas), a quienes les ocuparon 20 tiras con cápsulas de Azitromicina y 29 bulbos de Rocephin (antibióticos antibacterianos) y otros 45 medicamentos e insumos.
Dirigentes y sus familiares, medicinas y hospitales exclusivos
La nota periodística explicó que la mayor cantidad de medicinas incautadas había sido importada legalmente, libre de impuestos aduaneros, por cubanos que regresaron del extranjero, a los que se acusó de «ambición y oportunismo». La parte restante, precisó la nota, provenía de hospitales debido a las «fisuras en nuestras instituciones de Salud que permiten el escape de medicamentos».
Traducido del lenguaje castrista, se advierten dos cosas: 1) la mayoría de las medicinas que hay ahora en el mercado negro y que la gente por suerte puede conseguir son las que llevan cubanos que regresan; y 2) las restantes son las que se roban los trabajadores del sistema de Salud Pública.
Los primeros, los viajeros, tras satisfacer las necesidades de medicamentos de sus familiares, venden el resto clandestinamente a los precios que impone ley de la oferta y demanda, pues así funciona el comercio en el mundo desde los tiempos de Babilonia, hace miles de años.
Por su lado, quienes los sustraen de farmacias y hospitales lo hacen sin ningún remordimiento. Ven cómo los dirigentes políticos y sus familias roban antes que ellos y por eso no les falta ninguna medicina, por costosa que sea. Ven cómo esos oligarcas, parientes y amigotes reciben un tratamiento médico exquisito, en hospitales exclusivos para ellos, como el CIMEQ de La Habana, equipado con todo, con fuerte custodia militar y al cual la prensa tiene prohibido el acceso. Todo pagado con el dinero que se le roba al pueblo.
El robo al Estado es indispensable en un régimen comunista
Para decirlo claro, robarle a un Estado comunista no es delito, sino indispensable para evitar hambre y enfermedades. Los «acaparadores», «revendedores», «coleros» y un enorme mercado subterráneo, son hijos legítimos de toda tiranía marxista-leninista. Son el efecto, no la causa de la escasez.
Recordemos que, en Cuba, quienes adiestraron a la gente en el «trapicheo» comercial clandestino fueron los técnicos soviéticos que vivían en la Isla, pues ellos lo hacían en la URSS. Los cubanos, con mucha más escasez, necesitan de un mercado negro que los alimente, vista, calce, los transporte y los abastezca de medicinas.
Es como una ley física. Intentar mantener agua en las manos juntando ambas palmas es tan tonto como pretender que una economía pueda funcionar sin propiedad privada. El modelo estatista no funciona, «ni a nosotros», como confesó Fidel Castro a un periodista de EEUU en 2010.
Lo mismo le dijo 2.360 años antes Aristóteles al iluso Platón. La propiedad privada —le dijo el discípulo a su maestro— es superior porque «la diversidad humana es más productiva», y porque «los bienes, cuando son comunes, reciben menor cuidado que cuando son propios».
Dicho en criollo, «el ojo del amo engorda el caballo». El cataclismo económico-social sufrido en Cuba se debe a que fue suprimido “el ojo del amo”, la propiedad privada.
La dictadura quiere acabar con comercio privado de medicinas
El colmo es que con el azote del virus chino en la Isla, la dictadura no solo no ha permitido siquiera excepcionalmente el comercio privado de medicamentos, sino que ha decidido arrasarlo usando nuevas tecnologías de hackeo de chats y la intervención ilegal y descarada en grupos de WhatsApp y de Telegram. Mediante esos grupos, la población obtiene medicamentos de redes organizadas por cubanos en EEUU y España, que agrupan fármacos y los envían con particulares a Cuba.
El Noticiero de la TV castrista mostró recientemente varios chats y mensajes de audio privados evidentemente «hackeados» ilegalmente por el MININT. Los televidentes escucharon asombrados a personas enfermas o sus familiares, pidiendo antibióticos como Rosephin, Azitromicina, Amoxicilina, Ciprofoxacina, Cefalexina, y analgésicos y reducidores de fiebre, como Dipirona y Paracetamol. Esos medicamentos no los hay en las farmacias, o cuando «llegan» son tan poquitos que se acaban enseguida. Tampoco los hay en los hospitales.
Un oficial del Ministerio del Interior (MININT) dijo en ese noticiero televisivo que los revendedores de medicamentos «ocultan su número de teléfono y dan un nombre falso para que no se localice la procedencia del medicamento».
Por supuesto, los precios de esas medicinas se fijan según la ley de la oferta y la demanda, obviamente altos. ¿Cómo bajar esos precios? Únicamente con mucha oferta, o sea, con farmacias privadas, en las que haya todo tipo de medicamentos.
¿Habría más fármacos si el MININT acaba con comercio privado?
La pregunta clave aquí es: si el régimen lograse acabar con el comercio privado de medicamentos, ¿habría más cantidad en farmacias y hospitales? Por supuesto que no.
La presidenta del monopolio estatal BioCubaFarma, Tania Urquiza, reveló hace unos días: «en 2021 se nos han ido acabando los suministros y materias primas y el promedio de faltas mensuales ha sido de 120 medicamentos». Si Urquiza admite que son 120, la cifra real debe ser el doble o el triple. Mientras tanto, Rita García, burócrata de ese monopolio, informó tranquilamente que de Azitromicina, antibiótico fundamental en el tratamiento del COVID-19, «lo que se está produciendo actualmente no alcanza para llevar a la red de farmacias».
En fin, en las farmacias cubanas no hay prácticamente nada. Los hipertensos, cardíacos o diabéticos están meses sin sus medicinas. Tampoco hay psicofármacos en un país donde la depresión y el estrés son alarmantes. El 85% de los medicamentos tiene que ser importado y no hay divisas para ello.
Como la mayoría de los contagiados con el virus chino permanecen en sus casas, o son enviados a terribles centros de aislamiento, muchísimos cubanos más morirían de COVID-19 sin los medicamentos indispensables que hoy consiguen «por la izquierda».
Con solo reducir el comercio privado de medicamentos, morirán muchos cubanos
Ahora, si bien es verdad que mediante el hackeo de chats de abastecedores de medicamentos la dictadura no podrá acabar totalmente con las sui generis microfarmacias privadas —nunca lo lograría—, sí puede que reduzca su tamaño.
Solo esa reducción será otro crimen de lesa humanidad que irá al expediente de Raúl Castro y su asistente Miguel Díaz-Canel, como causantes de más muertes, dolor y sufrimientos del pueblo cubano.
Lo que tienen que hacer esos dos vividores misántropos es restaurar, ya, la propiedad privada. Si en Cuba las farmacias no fuesen estatales y hubiese laboratorios y plantas privadas de balones de oxígeno, insumos y equipos médicos, no habría escasez de medicinas, ni cubanos asfixiados por el COVID-19 hasta finalmente dejar de respirar, como trágicamente ocurre hoy en todo el país.
Fuente: Diario las Américas