No es fortuito que hasta hace poco Estados Unidos, bajo la Administración Trump, tuviese a Nicaragua, Cuba y Venezuela calibradas bajo la misma óptica: una que hablaba de la existencia de un “eje del mal” en América. Estos tres países, amén de ser gobernados por tiranías que actúan mancomunadamente a través de la internacional del crimen en la que ha devenido el Foro de Sao Paulo, comparten además rasgos comunes en un sentido muy negativo.
Más allá de situaciones cotidianas, como los problemas derivados del suministro de energía eléctrica o agua potable, que son recurrentes en la Cuba de Díaz-Canel y la Venezuela de Maduro, o las políticas de control social que el régimen orteguista ha desarrollado, y que también es un rasgo compartido con el caso cubano y venezolano, estos tres países están sumergidos en la infeliz particularidad de ser casi los únicos de la región que mantienen las cárceles atestadas de opositores.
Un asunto que no es menor y que, evidentemente, llama la atención sobre lo básico: ningún régimen realmente democrático -independientemente del signo ideológico que pregone- puede llenar prisiones enteras de disidentes solamente por el hecho de que estos no compartan la visión de las cosas que se enarbola desde el poder. Así de simple.
Venezuela: presos políticos como fichas de cambio
La política venezolana de hoy no sería posible de explicar si no se tuviese en cuenta el hecho de que Nicolás Maduro, una vez que llegó a la presidencia, decidió que podía echar mano de casi cualquier recurso para no irse más nunca de ella. Y uno en el que incluso ha resultado más aventajado que su antecesor, el fallecido militar golpista Hugo Chávez, ha sido precisamente el consistente en llevar a la cárcel a quienes se oponen al chavismo como sistema.
Para ello Maduro ha encabezado la organización de un sofisticado aparato policial-militar-judicial en el que de tanto en tanto se señala la existencia de conspiraciones para derrocar al poder instituido, con la consabida prisión que esto acarrea para hombres y mujeres en el país sudamericano. Al día de hoy Maduro cuenta en su haber con 245 presos políticos, de acuerdo a la ONG venezolana de defensa de Derechos Humanos, Foro Penal.
En el caso del chavismo estos presos eventualmente se han convertido en un gran activo para la revolución. Desde Caracas actualmente se orquesta una maniobra de eventual regularización con las relaciones con Estados Unidos, y en ello los prisioneros son utilizados como fichas de cambio en las negociaciones establecidas con la Administración Biden.
Para muestra lo evidente: hace un par de semanas Maduro intercambió a siete personas con nacionalidad estadounidense (cinco venezolanos con doble nacionalidad y dos nativos de los EEUU) con Washington por los dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, quienes habían sido capturados, procesados y condenados por la justicia norteamericana a cumplir 18 años de prisión por organizar la entrada de un cargamento de 800 kilogramos de cocaína a EEUU.
Cuba: juicios sumarios ante protestas por servicios públicos
La isla de Cuba arrastra un larguísimo historial de represión en los más de 60 años de existencia de la dictadura que en su momento encabezó el tirano Fidel Castro, que luego fue traspasada a su hermano Raúl y que actualmente es liderada por Miguel Díaz-Canel.
La devastación producida por el paso del Huracán Ián a finales de septiembre, junto al paupérrimo estado en el que el régimen comunista tiene los servicios públicos en la isla, desataron una oleada de indignación ciudadana frente a los continuados cortes del servicio de energía eléctrica en buena parte de la nación caribeña. La semana pasada, por ejemplo, se llegó a estimar que el 40% del territorio cubano estaba sometido a apagones.
La ONG Prisoners Defenders ha cifrado recientemente en 1261 el número de personas que durante el último año han sido encarceladas por la tiranía, resaltando el hecho de que incluso 34 de ellos son menores de edad.
Llama además la atención que el régimen esté empleando una modalidad consistente en una suerte de juicios sumarios para condenar rápidamente a las personas que detiene. Con ello evidentemente Díaz-Canel busca apagar el fuego del malestar popular a través del efecto demostración: quien ose levantar su voz en contra de las misérrimas condiciones de vida que se viven en la isla será apresado y condenado de inmediato, sin ningún derecho a defenderse.
Nicaragua: presos políticos desesperados y en huelga de hambre
En la Nicaragua gobernada por el dictador Daniel Ortega desde hace 15 años las cosas no parecen ser radicalmente distintas. Desde 2018, cuando la permanencia del propio tirano en el poder fue puesta en entredicho por masivas manifestaciones, el sandinismo gobernante ha decidido no escatimar recursos a la hora de apresar a quien se le oponga.
Así se ha convertido en famoso el Complejo Policial Evaristo Vásquez, o simplemente cárcel “Nuevo Chipote”, como es conocida popularmente. La prisión, inaugurada por el régimen de Ortega en 2019, encierra oscuras historias de torturas contra disidentes políticos.
En un reportaje para la Voz de América un antiguo prisionero de este centro de reclusión que reserva su identidad, relata su experiencia allí bajo los siguientes términos: “Es un infierno total porque sabes que te estás encontrando con personas transformadas en monstruos, personas que no tienen corazón y sabiendo que ese lugar no tenés forma respirar, te falta el aire, te falta el sol, te falta todo lo que necesitas como ser humano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que actualmente en Nicaragua hay más de 155 presos políticos, de los cuales más de una veintena se declaró en huelga de hambre a finales de septiembre en protesta por la desatención y los maltratos de los que son objeto en prisiones como “El Chipote”. Ortega ha redoblado en los últimos meses la represión contra sectores de la iglesia católica, así como contra las ONG. Desde 2018 la dictadura ha cancelado a 2.375 instituciones de este tipo.