LA HABANA.- La organización Cuba Decide junto a la ONG canadiense Democratic Spaces (Espacios Democráticos, en español), pidió este lunes “sanciones selectivas” para altos dirigentes y principales fuerzas represivas cubanas, por su actuación durante las manifestaciones populares en la isla en julio de 2021.
La petición, dada a conocer a través de un comunicado, señala que “las graves violaciones de los derechos humanos” fueron cometidas por al menos dos entidades y diez funcionarios de alto nivel al servicio del régimen de Cuba que, en estos momentos, gozan de total impunidad.
La lista de funcionarios y entidades denunciados por los promotores de Cuba Decide y la ONG Democratic Spaces, la encabeza el gobernante encargado, Miguel Díaz-Canel, seguido por la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (Boinas Negras del Ministerio del Interior), las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Boinas Rojas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias), Álvaro López Miera, Lázaro Alberto Álvarez Casas, Oscar Callejas Valcárcel, Eddy Manuel Sierra Arias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrá Sotolongo, Andrés Laureano González Brito, Romárico Vidal Sotomayor García.
Las protestas populares que tuvieron lugar los días 11, 12 y 13 de julio del pasado año han sido consideradas las mayores en la historia reciente de la isla, cuando “cientos de miles de cubanos” se lanzaron espontáneamente a las calles pidiendo libertad fueron brutalmente reprimidas por el régimen.
“Se calcula que entre 2.000 y 8.000 personas fueron detenidas. Al 31 de octubre de 2022, 1.027 personas, entre ellas 34 menores, siguen detenidas o encarceladas”, expone el comunicado, según reseña Cubanet.
El escrito también menciona algunas de las reacciones más importantes por parte de organismos internacionales, como el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, “que inició una acción urgente para 187 casos en Cuba bajo el Artículo 30 de la Convención sobre Desapariciones Forzadas”.
El comunicado advierte sobre la impunidad de que han gozado los funcionarios “de todas las ramas del Ministerio del Interior”, basándose en la recopilación realizada por 14 ONG en un informe que fuera remitido al Comité contra la Tortura de la ONU, así como en las denuncias de “detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y procesos penales cargados de abusos», presentadas por Human Rights Watch.
Debido a las condenas sobre estos hechos que en su momento hicieran el primer Ministro canadiense Justin Trudeau, así como el Ministerio de Asuntos Globales de ese país, las organizaciones peticionarias exhortan a Canadá a que “acompañe sus palabras con hechos.
Hacen, además, referencia a la aplicación de la Ley Magnistky por parte del gobierno de los Estados Unidos y apuntan que, para reforzar la necesidad de acciones coordinadas entre las naciones democráticas, Canadá debería hacer lo mismo e imponer sanciones específicas.
“Especialmente teniendo en cuenta la impunidad de la que gozan los funcionarios cubanos en su país, es crucial que Canadá haga su parte para que los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano rindan cuentas”, concluye el comunicado.