Después del mediodía del viernes 4 de diciembre de 2020, Luis Robles, 28 años, se plantó con un cartel improvisado en el céntrico boulevard de San Rafael, en el corazón de La Habana, reclamando la liberación del rapero disidente Denis Solís, condenado a ocho meses por ‘desacato’.
Inés, ama de casa, hacía cola para comprar pollo y salchichas en un mercado del boulevard, recuerda que el “joven sacó la pancarta de una mochila que llevaba colgada a su espalda. En el cartel estaba escrito con letras grandes LIBERTAD, NO+REPRESIÓN #FREE-DENIS”. En su desgastado Samsung J7 muestra el video que hizo de la protesta.
“El boulevard estaba de bote en bote, como siempre. La gente se quedó de piedra. El joven daba vueltas en círculos con la pancarta alzada encima de su cabeza. Creo que también gritó libertad. Todo el mundo sacó sus teléfonos móviles y comenzó a filmar. A los pocos minutos se aparecieron policías y segurosos y la emprendieron a golpes con el muchacho. Fue un abuso. Muchas mujeres que estábamos allí les gritamos abusadores”.
Luis Robles, nacido en la oriental provincia de Guantánamo, a más de mil kilómetros al este de La Habana, estudió informática y se dedicaba a reparar radios, televisores y otros equipos electrónicos. No era activista ni periodista independiente. Según su familia, ha sido sometido a ‘tratos humillantes’ en la cárcel, ‘desnudado’, ‘golpeado’, ‘mojado’, puesto en celdas de castigos, sin posibilidad de visitas familiares y sin acceso a medicamentos. Va para cuatro meses en preso en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en las afueras de la capital, acusado por delitos contra la Seguridad del Estado.
Vivía en un apartamento alquilado y tiene una hija de un año a la que ayudaba a mantener con su trabajo. Landys Fernández, hermano por parte de madre, contó a la BBC, que “Luis no conocía a Denis Solís, pero me imagino que se sintió identificado con lo que le pasó, con el Movimiento San Isidro… y llegó el día que se colmó y reventó, y salió para la calle”.
El miércoles 3 de febrero, la policía confiscó a la historiadora de arte Carolina Barrero varias reproducciones de un dibujo de José Martí con los versos ‘Dos patrias tengo yo Cuba y la noche. / ¿O son una las dos?’. Fue acusada por el delito de ‘clandestinidad de impreso’ tipificado en el artículo 241 del Código Penal: “El que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de tres a nueve meses o multa de hasta 270 cuotas”.
A Carolina, con una impecable trayectoria pese a su juventud, las autoridades no le han notificado oficialmente todavía si será juzgada o no. Pero ha sido detenida varias veces de manera arbitraria por la Seguridad del Estado e ilegalmente impedida de salir de su casa. Su ‘delito’ no es plasmar un par de versos de Martí en un pulóver. Su ‘culpa’ es haber participado en los sucesos del Ministerio de Cultura el miércoles 27 de enero, donde funcionarios de cultura y agentes de la policía política orquestaron un acto de repudio y agredieron físicamente a varios participantes. Carolina fue arrastrada y golpeada en el momento de su detención.
El jueves 18 de marzo la periodista cubana Karla Pérez, 22 años, expulsada de la Universidad Central de Las Villas por razones políticas en abril de 2017, quedó varada en el aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá, porque el régimen castrista le prohibió regresar a su patria. Karla contó a los medios que exigió explicaciones, “pues yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba, tenía mi prórroga al día y tenía mi prueba negativa de PCR. Un empleado de Copa Airlines me puso, en su teléfono, el audio de una persona sin identificar de Migración en la isla que decía, textualmente: No, no tiene nada que ver con prórrogas ni requisitos legales, Karla tiene prohibido entrar a Cuba”.
Tres sucesos donde están involucrados jóvenes contestatarios cubanos y que la dictadura ha ignorado olímpicamente sus derechos.
Abogados independientes como Eloy Viera, Julio Ferrer y Laritza Diversent, han demostrado en diversas publicaciones que el procedimiento utilizado en esos tres casos transgrede incluso la propia Constitución aprobaba en 2019. Esta espiral represiva e intimidatoria, que no solo se aplica a disidentes y periodistas independientes, también abarca a ciudadanos que protestan en lugares públicos o reclaman mejores servicios, es un arma de doble filo.
Desde noviembre de 2020, con la detención del rapero disidente Denis Solís, que generó la protesta y huelga de hambre de algunos activistas del Movimiento San Isidro (MSI), el régimen de Miguel Díaz-Canel, ha redoblado la brutalidad policial y el hostigamiento contra la oposición y el periodismo sin mordaza. ¿Por qué? Existen diversas interpretaciones. Díaz-Canel, elegido a dedo por Raúl Castro, mostró cierta tolerancia en los primeros meses de su mandato y estuvo dispuesto a dar marcha atrás a un decreto que obligaba a los taxistas privados de La Habana a topar el precio de sus carreras.
El mandatario tampoco aplicó la polémica Ley 349 que prohibía las manifestaciones del arte independiente. Precisamente Luis Manuel Otero y el MSI organizaron diversas protestas públicas en contra de la normativa. Pero con el recrudecimiento de la situación económica en el país, el desabastecimiento generalizado, la caída en picada de casi todos los rubros agrícolas sumado a la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton y la feroz crisis económica, energética e inflacionaria de Venezuela, su principal aliado ideológico, provocó un decrecimiento del PIB de un 13 por ciento en los últimos dos años.
La gota que colmó el vaso fue el virus que llegó de China, la reducción del turismo en un 90 por ciento. La disponibilidad de divisas del régimen es mínima. Las exportaciones de alimentos se redujeron en un 50 por ciento. Las remesas se contrajeron en un 30 por ciento debido al cierre de Western Union y la disminución de los vuelos desde Estado Unidos debido a la pandemia.
La autocracia verde olivo está al límite. Y, en lo que se considera un error estratégico, desesperada por frenar la caída de la economía e incentivar la producción de alimentos y la productividad de las empresas estatales, implementó la Tarea Ordenamiento, una reforma salarial y de precios que desaprueba más del 90 por ciento de la población, según una encuesta publicada por el medio oficialista Cubadebate.
En política lo errores se pagan caros. Y este año y medio de crisis, pésima administración del país, mentiras y falsas promesas de sus dirigentes y la inoperancia del modelo cubano, generó un aumento cuantitativo del descontento ciudadano. Ya no se crítica en voz baja. En los centros laborales, en taxis colectivos y las redes sociales, un amplio segmento de cubanos abiertamente comenta sus reproches en contra del gobierno.
La reacción del régimen ha sido huir hacia adelante. Justificar la escasez, los ‘paquetazos’ de capitalismo salvaje y las extensas colas para comprar alimentos, con el viejo pretexto del ‘bloqueo’ y un ‘supuesto’ golpe blando de la oposición para propiciar la caída de la dictadura. El embargo económico y financiero afecta al régimen a la hora de solicitar créditos e incentivar grandes inversiones.
Pero el gobierno quiere meter todas las ropas sucias en el mismo saco. El embargo, que debería derogarse, solo para demostrar que la ineficiencia y el disparate es imputable al manicomio económico y mala administración de los recursos locales, no es culpable de que la producción de azúcar este año no supere el millón de toneladas, se mueran de hambre y sed más de 44 mil reses en Camagüey y que un jugo de naranja sea un lujo en Cuba.
Cuando usted recorre las tiendas por divisas observa numerosas marcas de patente estadounidenses, desde Coca-Cola hasta Black&Decker, que se venden en los mercados por dólares. Por divisas hay carne de res, quesos y camarones. Por tanto, el embargo tiene mucho de mito. El régimen recurre a la hostilidad, una brutal campaña mediática y posible encarcelamiento de un sector disidente como cortina de humo para desviar la atención del cada vez más amplio descontento social.
Atacan al ala opositora más joven y que mejor aprovecha las redes sociales para amplificar su relato. Quieren dinamitar el puente tendido por MSI, que goza de prestigio en barrios pobres, mayoritariamente negros y mestizos, de La Habana profunda. Pretenden cortar en seco las voces que ofrecen directas en Facebook y YouTube, son muy activos en las redes sociales y en medios como ADN y CiberCuba donde el periodismo audiovisual es protagonista.
A golpe de talonario -recordar la Ley 370 y sus multas de 3 mil pesos-, el régimen intenta desarticular la subida de videos donde se muestra a la policía propinando golpizas a mujeres y ciudadanos indefensos. Nadie en su sano juicio puede creer que Tania Bruguera, Luis Manuel Otero o Karla Pérez formen parte de un tenebroso entramado de ‘golpe suave’ para derrocar al régimen.
Presiento que si las autoridades no ven señales de una futura negociación por parte de la Casa Blanca, arrecien su ofensiva contra el activismo opositor. Por varias razones. Para presionar a un diálogo y tener monedas de cambio -entiéndase presos políticos-, con qué negociar un trato beneficioso.
La maquinaria legal del régimen está engrasada. Flota en el aire de la República la tenebrosa Ley 88 que se mantiene vigente. Aunque no necesariamente las autoridades tienen que aplicarla parar enviar tras las rejas a activistas, disidentes, periodistas independientes y personas contestatarias.
Pueden, como lo vienen haciendo, escudarse en un delito común para sancionarlos. O aprovechar un viaje al extranjero y prohibirle la entrada al país a su regreso. El destierro forzoso de Karla Pérez es un botón de muestra, la sanción a Denis Solís, el encarcelamiento sin juicio a Luis Robles y el probable proceso penal a Carolina Barrero evidencian que las autoridades están jugando al duro. No se puede subestimar a la dictadura. Es impredecible.
Fuente: Diario las Américas
Luis Robles, nacido en la oriental provincia de Guantánamo, a más de mil kilómetros al este de La Habana, estudió informática y se dedicaba a reparar radios, televisores y otros equipos electrónicos. No era activista ni periodista independiente. Según su familia, ha sido sometido a ‘tratos humillantes’ en la cárcel, ‘desnudado’, ‘golpeado’, ‘mojado’, puesto en celdas de castigos, sin posibilidad de visitas familiares y sin acceso a medicamentos. Va para cuatro meses en preso en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en las afueras de la capital, acusado por delitos contra la Seguridad del Estado.
Vivía en un apartamento alquilado y tiene una hija de un año a la que ayudaba a mantener con su trabajo. Landys Fernández, hermano por parte de madre, contó a la BBC, que “Luis no conocía a Denis Solís, pero me imagino que se sintió identificado con lo que le pasó, con el Movimiento San Isidro… y llegó el día que se colmó y reventó, y salió para la calle”.
El miércoles 3 de febrero, la policía confiscó a la historiadora de arte Carolina Barrero varias reproducciones de un dibujo de José Martí con los versos ‘Dos patrias tengo yo Cuba y la noche. / ¿O son una las dos?’. Fue acusada por el delito de ‘clandestinidad de impreso’ tipificado en el artículo 241 del Código Penal: “El que confeccione, difunda o haga circular publicaciones sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte, incurre en sanción de privación de libertad de tres a nueve meses o multa de hasta 270 cuotas”.
A Carolina, con una impecable trayectoria pese a su juventud, las autoridades no le han notificado oficialmente todavía si será juzgada o no. Pero ha sido detenida varias veces de manera arbitraria por la Seguridad del Estado e ilegalmente impedida de salir de su casa. Su ‘delito’ no es plasmar un par de versos de Martí en un pulóver. Su ‘culpa’ es haber participado en los sucesos del Ministerio de Cultura el miércoles 27 de enero, donde funcionarios de cultura y agentes de la policía política orquestaron un acto de repudio y agredieron físicamente a varios participantes. Carolina fue arrastrada y golpeada en el momento de su detención.
El jueves 18 de marzo la periodista cubana Karla Pérez, 22 años, expulsada de la Universidad Central de Las Villas por razones políticas en abril de 2017, quedó varada en el aeropuerto internacional de Tocumen, Panamá, porque el régimen castrista le prohibió regresar a su patria. Karla contó a los medios que exigió explicaciones, “pues yo cumplía con todos los requisitos legales para entrar a Cuba, tenía mi prórroga al día y tenía mi prueba negativa de PCR. Un empleado de Copa Airlines me puso, en su teléfono, el audio de una persona sin identificar de Migración en la isla que decía, textualmente: No, no tiene nada que ver con prórrogas ni requisitos legales, Karla tiene prohibido entrar a Cuba”.
Tres sucesos donde están involucrados jóvenes contestatarios cubanos y que la dictadura ha ignorado olímpicamente sus derechos.
Abogados independientes como Eloy Viera, Julio Ferrer y Laritza Diversent, han demostrado en diversas publicaciones que el procedimiento utilizado en esos tres casos transgrede incluso la propia Constitución aprobaba en 2019. Esta espiral represiva e intimidatoria, que no solo se aplica a disidentes y periodistas independientes, también abarca a ciudadanos que protestan en lugares públicos o reclaman mejores servicios, es un arma de doble filo.
Desde noviembre de 2020, con la detención del rapero disidente Denis Solís, que generó la protesta y huelga de hambre de algunos activistas del Movimiento San Isidro (MSI), el régimen de Miguel Díaz-Canel, ha redoblado la brutalidad policial y el hostigamiento contra la oposición y el periodismo sin mordaza. ¿Por qué? Existen diversas interpretaciones. Díaz-Canel, elegido a dedo por Raúl Castro, mostró cierta tolerancia en los primeros meses de su mandato y estuvo dispuesto a dar marcha atrás a un decreto que obligaba a los taxistas privados de La Habana a topar el precio de sus carreras.
El mandatario tampoco aplicó la polémica Ley 349 que prohibía las manifestaciones del arte independiente. Precisamente Luis Manuel Otero y el MSI organizaron diversas protestas públicas en contra de la normativa. Pero con el recrudecimiento de la situación económica en el país, el desabastecimiento generalizado, la caída en picada de casi todos los rubros agrícolas sumado a la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton y la feroz crisis económica, energética e inflacionaria de Venezuela, su principal aliado ideológico, provocó un decrecimiento del PIB de un 13 por ciento en los últimos dos años.
La gota que colmó el vaso fue el virus que llegó de China, la reducción del turismo en un 90 por ciento. La disponibilidad de divisas del régimen es mínima. Las exportaciones de alimentos se redujeron en un 50 por ciento. Las remesas se contrajeron en un 30 por ciento debido al cierre de Western Union y la disminución de los vuelos desde Estado Unidos debido a la pandemia.
La autocracia verde olivo está al límite. Y, en lo que se considera un error estratégico, desesperada por frenar la caída de la economía e incentivar la producción de alimentos y la productividad de las empresas estatales, implementó la Tarea Ordenamiento, una reforma salarial y de precios que desaprueba más del 90 por ciento de la población, según una encuesta publicada por el medio oficialista Cubadebate.
En política lo errores se pagan caros. Y este año y medio de crisis, pésima administración del país, mentiras y falsas promesas de sus dirigentes y la inoperancia del modelo cubano, generó un aumento cuantitativo del descontento ciudadano. Ya no se crítica en voz baja. En los centros laborales, en taxis colectivos y las redes sociales, un amplio segmento de cubanos abiertamente comenta sus reproches en contra del gobierno.
La reacción del régimen ha sido huir hacia adelante. Justificar la escasez, los ‘paquetazos’ de capitalismo salvaje y las extensas colas para comprar alimentos, con el viejo pretexto del ‘bloqueo’ y un ‘supuesto’ golpe blando de la oposición para propiciar la caída de la dictadura. El embargo económico y financiero afecta al régimen a la hora de solicitar créditos e incentivar grandes inversiones.
Pero el gobierno quiere meter todas las ropas sucias en el mismo saco. El embargo, que debería derogarse, solo para demostrar que la ineficiencia y el disparate es imputable al manicomio económico y mala administración de los recursos locales, no es culpable de que la producción de azúcar este año no supere el millón de toneladas, se mueran de hambre y sed más de 44 mil reses en Camagüey y que un jugo de naranja sea un lujo en Cuba.
Cuando usted recorre las tiendas por divisas observa numerosas marcas de patente estadounidenses, desde Coca-Cola hasta Black&Decker, que se venden en los mercados por dólares. Por divisas hay carne de res, quesos y camarones. Por tanto, el embargo tiene mucho de mito. El régimen recurre a la hostilidad, una brutal campaña mediática y posible encarcelamiento de un sector disidente como cortina de humo para desviar la atención del cada vez más amplio descontento social.
Atacan al ala opositora más joven y que mejor aprovecha las redes sociales para amplificar su relato. Quieren dinamitar el puente tendido por MSI, que goza de prestigio en barrios pobres, mayoritariamente negros y mestizos, de La Habana profunda. Pretenden cortar en seco las voces que ofrecen directas en Facebook y YouTube, son muy activos en las redes sociales y en medios como ADN y CiberCuba donde el periodismo audiovisual es protagonista.
A golpe de talonario -recordar la Ley 370 y sus multas de 3 mil pesos-, el régimen intenta desarticular la subida de videos donde se muestra a la policía propinando golpizas a mujeres y ciudadanos indefensos. Nadie en su sano juicio puede creer que Tania Bruguera, Luis Manuel Otero o Karla Pérez formen parte de un tenebroso entramado de ‘golpe suave’ para derrocar al régimen.
Presiento que si las autoridades no ven señales de una futura negociación por parte de la Casa Blanca, arrecien su ofensiva contra el activismo opositor. Por varias razones. Para presionar a un diálogo y tener monedas de cambio -entiéndase presos políticos-, con qué negociar un trato beneficioso.
La maquinaria legal del régimen está engrasada. Flota en el aire de la República la tenebrosa Ley 88 que se mantiene vigente. Aunque no necesariamente las autoridades tienen que aplicarla parar enviar tras las rejas a activistas, disidentes, periodistas independientes y personas contestatarias.
Pueden, como lo vienen haciendo, escudarse en un delito común para sancionarlos. O aprovechar un viaje al extranjero y prohibirle la entrada al país a su regreso. El destierro forzoso de Karla Pérez es un botón de muestra, la sanción a Denis Solís, el encarcelamiento sin juicio a Luis Robles y el probable proceso penal a Carolina Barrero evidencian que las autoridades están jugando al duro. No se puede subestimar a la dictadura. Es impredecible.
Fuente: Diario las Américas