La reforma de la enseñanza superior, promulgada en Cuba en enero de 1962, eliminó la autonomía universitaria, colocó a las universidades bajo control del Estado y puso luz verde a la expulsión de profesores y alumnos que ya venían ocurriendo desde 1959.
Una breve ojeada a la historia echa luz sobre el impacto negativo de la desaparición de esa institución.
El origen de la autonomía universitaria
La reforma iniciada en la Universidad de Córdoba (Argentina) en 1918 se extendió por el continente y llegó a Cuba. En noviembre de 1921, Carlos de la Torre, al ocupar el cargo de rector, planteó realizar una reforma docente, moral y material del centro universitario y alcanzar la autonomía universitaria, la cual, según sus palabras, consistía en «autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos».
En diciembre de 1922 se fundó la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y en 1923 la Gran Asamblea Estudiantil acordó elaborar un proyecto de autonomía y presentarlo a la Cámara de Representantes. En el claustro general donde se discutió dicho proyecto, por vez primera se escuchó el criterio de los estudiantes en la voz de Julio Antonio Mella. Estudiantes, profesores y representantes de escuelas públicas marcharon hasta el Palacio Presidencial para entregar al presidente Alfredo Zayas las bases del proyecto de ley.
Durante el Gobierno de Gerardo Machado la FEU fue ilegalizada, un grupo de estudiantes expulsados y la Universidad cerrada. En 1930 el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) lanzó un manifiesto exigiendo la intervención de los estudiantes en el gobierno universitario, la rehabilitación de los expulsados y la plena autonomía en lo académico, administrativo y económico.
En 1933 el consejo y el claustro universitarios aprobaron el anteproyecto de autonomía y el presidente Ramón Grau San Martín lo ratificó y puso en vigor. En 1934 el Gobierno de Carlos Mendieta lo declaró nuevamente sin efecto. En 1937, el presidente Federico Laredo Bru dictó la Ley Docente en virtud de la cual la Universidad de La Habana se constituyó válidamente en corporación del interés público con amplia autonomía. Finalmente, la Constitución de 1940, en su Artículo 53, refrendó: «La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus estatutos y con la ley a que los mismos deban atemperarse».
La reforma de 1962
La reforma de la enseñanza superior realizada en 1962 formó parte del desmontaje de la institucionalidad y de la sociedad civil que se llevó a cabo desde 1959. En 1961 los partidos políticos tradicionales fueron sustituidos por las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), la cual en 1963 se convirtió en el Partido Unido de la Revolución Socialista y en 1965 en el Partido Comunista de Cuba (PCC). La Asociación de Jóvenes Rebeldes, fundada en 1960, se convirtió en 1962 en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). La diversidad de asociaciones femeninas existentes se transformó en la Federación de Mujeres Cubanas en 1960 (FMC). La Confederación de Trabajadores de Cuba fue intervenida y sustituida por la Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria (CTC-R). Las asociaciones de colonos azucareros, cafetaleros, cosecheros de tabaco y otras fueron disueltas y sustituidas por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Mientras la prensa escrita, radial y televisiva, la red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales, quedaron limitadas a lo establecido por Fidel Castro en «Palabras a los intelectuales»: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho”.
La Ley Fundamental —con la que el Gobierno revolucionario sustituyó a la Constitución de 1940— ratificó, en el Artículo 53, que el Consejo Universitario (CU), integrado por el rector, el vicerrector, los decanos de las 13 facultades y un secretario, continuaría siendo el Gobierno de la Universidad de La Habana.
En marzo de 1959, una comisión de estudiantes de la sección estudiantil del Movimiento 26 de Julio (M-26-7) entregó al ministro de Educación, Armando Hart, un pliego de demandas con las reformas que consideraban más urgentes. Y unos días después, la FEU hizo lo mismo ante el CU. Ante la demora en la respuesta, la FEU ocupó los edificios de la Universidad. A finales de ese mes cuando el CU respondió las demandas, la FEU desocupó los edificios tomados y envió dos representantes permanentes al CU. De esa crisis entre el M-26-7, la FEU y el CU surgió la Comisión Mixta de Reforma, con el fin de elaborar un proyecto que recogiera la diversidad de criterios a tener en cuenta en dicha reforma.
En octubre de 1959, cuando la Comisión Mixta terminó el proyecto y lo comunicó al rector, el CU solicitó al Gobierno que expusiera sus intereses antes de proceder a la redacción del texto definitivo. Petición que, al introducir al Gobierno en el proceso de reforma, se interpretó como una amenaza a la autonomía universitaria. Tal interpretación desató un conflicto reflejado en la campaña electoral por la presidencia de la FEU. El día de las elecciones, el periódico Revolución publicó unas palabras de Fidel Castro alertando a las fuerzas revolucionarias estudiantiles sobre las maquinaciones de la contrarrevolución. En respuesta, Pedro Luis Boitel —estudiante de Ingeniería Eléctrica, poeta católico y anticomunista— candidato a la presidencia que contaba con el respaldo de la mayoría de las organizaciones estudiantiles de base, ante unos 200 estudiantes dijo: «Atendiendo a la petición hecha por el compañero Fidel yo renuncio a mi candidatura a la presidencia de la FEU y le pido a los estudiantes que voten por el comandante Cubela, quien tiene todo mi apoyo».
Una secuencia de hechos ocurridos en 1960 caldeó el ambiente político universitario, entre ellos:
En abril, un plan de reforma de la autoría del ministro Armando Hart, fue suscrito por la FEU de las tres universidades.
La expulsión de dos profesores de la Escuela de Ingeniería por la Asociación de Estudiantes de dicha Escuela, desató un conflicto con el claustro que derivó en la sustitución del CU por una Junta Superior de Gobierno (JSG), cuyo poder quedó en manos de un representante designado por el Gobierno. Este fue un paso decisivo para el control de la Universidad por el Estado.
En octubre concluyó la nacionalización de las grandes empresas norteamericanas y cubanas, lo que agudizó la lucha ideológica dentro de la Universidad. Ese mismo mes se constituyeron las milicias universitarias, a las que el líder de la Revolución prestó una «atención particular».
En diciembre, con la Ley 916, el Gobierno revolucionario creó el Consejo Superior de Universidades, presidido por el ministro de Educación e integrado por cuatro representantes de cada una de las tres universidades y cuatro del Gobierno Revolucionario.
Entre los argumentos empleados por el Consejo Superior de Universidades —encargado para redactar la reforma universitaria— estaban «la honda crisis de la docencia superior cubana»; la creación de universidades privadas «destinados a rivalizar con aquellos en que la rebeldía estudiantil continuaba viejas tradiciones de combate»; la existencia de un «sistema de educación superior desvertebrado, tocado por la corrupción y, sobre todo, inservible a los altos fines de la renovación y el desarrollo económico y moral de nuestra patria».
La reforma, aunque no eliminó la autonomía universitaria de forma explícita, lo hizo de facto. La prueba la ofreció el dirigente comunista Carlos Rafael Rodríguez, quien explicó que la nueva Universidad sería regida conjuntamente por profesores y alumnos, pero, aclaró: «en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos […] Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello, otro dirigente comunista), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero». Es decir: los estudiantes fuera.
Con la reforma de la enseñanza superior, el Gobierno revolucionario completó el control que ya tenía sobre la economía, la política y la cultura; una de cuyas peores manifestaciones ha sido la excluyente declaración que realizó la FEU en 1971 de «La Universidad para los revolucionarios», lo cual se ha expresado en la separación de cientos estudiantes y profesores que no comparten la ideología del sistema implantado, como lo que demostrado el Observatorio de Libertad Académica en sus 20 informes publicados hasta el presente.