MIAMI.-Algunos comparten la funesta circunstancia del presidio político aun cuando sus padecimientos de salud mental los ubican en lo más gris de un espectro de vulnerabilidad que incluye al menos a 315 personas detenidas entre 2021 y 2023 debido a su participación en protestas públicas en Cuba.
Solo en relación con el estallido social del 11J, la cifra de personas con vulnerabilidad que recoge el grupo de trabajo Justicia 11J asciende a 200. Se incluyen en esta categoría a exprisioneros políticos, activistas sociales, religiosos, pacientes diagnosticados con enfermedades crónicas, con padecimientos psiquiátricos o con discapacidad, así como personas LGBTIQ+.
De acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada en 2007, la discapacidad en general se refiere a aquellas personas que tienen “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Igualmente, resulta relevante el concepto jurídico inimputabilidad, que conlleva la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, “por falta de suficiente desarrollo intelectual (insuficiente para los fines de la capacidad de entender y de querer) y por graves anomalías psíquicas”. En el caso específico de los padecimientos psiquiátricos y las discapacidades, Justicia 11J documenta en relación con el estallido de 2021 al menos 17 casos.
Gilberto
Gilberto Castillo es una de las 33 personas juzgadas en Güira de Melena por participar en las protestas del 11J, en el momento de su detención tenía menos de 21 años. El abogado que defendió su caso recalcó que Castillo mostraba el cociente intelectual de una persona de entre siete y 12 años. Por tal motivo, pidió para él libertad inmediata, la cual fue negada. Los jueces del régimen condenaron al joven a seis años de prisión.
Edelmer
Edelmer Góngora Morales, quien tiene una discapacidad severa, estuvo entre los cubanos que fueron detenidos por la policía en relación con las protestas del 11 de julio en Holguín. Vive con su padre, quien también padece exostosis y tuvo un derrame cerebral; y su madre, quien lucha contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y depresión, entre otros problemas de salud. Es el único sustento de su hogar pese a su discapacidad.
Dayron
Según su hermana, él “padece de los nervios”, “hasta el punto de que intentó quitarse la vida”. El resumen de la historia clínica de Rodríguez señala que padece “una depresión severa, con autoacusaciones, impulsos suicidas, incapacidad de tomar decisiones que lo guíen a metas positivas”. El psiquiatra Emilio Arteaga Pérez, tras analizar el resumen explicó que “el sistema carcelario no es compatible con la condición clínica y psiquiátrica de Dayron, el riesgo de suicidio existe, es alto”.
Walnier Luis
Walnier Luis Aguilar Rivera, natural de La Habana, tenía solo 21 años al momento de ser detenido a pesar de su diagnóstico de deficiencia intelectual, no atendido ni tratado adecuadamente durante la fase judicial ni durante la fase ejecutiva de la sentencia. Su sanción fue disminuida a 12 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió una medida cautelar a Aguilar Rivera tras considerar que se encuentra privado de libertad en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Previamente, la CIDH atendió casos de cubanos en similares situaciones de vulnerabilidad.
Abel Lázaro
El preso político del 11J Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico (con trastorno orgánico de la personalidad y epilepsia) que ha carecido de atención médica y acceso a los fármacos que necesita, intentó suicidarse en el penal de máxima seguridad de Quivicán. La vida de Abel Lázaro ha corrido peligro debido al hostigamiento y los maltratos, que agravan sus padecimientos siquiátricos, situación que ha resultado en varios intentos de suicidio. En este caso, ni en los anteriores, el régimen ha dado soluciones alternativas a la cárcel.
Mario Josué
Solo el preso político Mario Josué Prieto Ricardo, de 27 años y ciudadano de Cuba y España, también con padecimientos psiquiátricos, fue liberado bajo una licencia extrapenal otorgada por el régimen. De todas formas, Mario Josué tuvo que pasar, como relata su madre, casi dos años en prisión, durante los cuales intentó suicidarse en tres ocasiones, la última vez en el hospital donde estaba ingresado, ha dicho su familia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió al Gobierno español un informe jurídico sobre Prieto Ricardo para que se gestionara su excarcelación. En respuesta, el Gobierno español “aclaró” que “no puede prestar asistencia a Mario Josué Prieto”, quien había sido condenado a 12 años. La solución solo estaba en manos del régimen, que permite la licencia extrapenal a reclusos con padecimientos de salud que impidan u obstaculicen el cumplimiento de la sanción u otros motivos justificados.
Felipe
Felipe Correa Martínez es uno de los cubanos reprimidos en Caimanera, Guantánamo, por agentes de las tropas especiales conocidas como Boinas Negras durante una protesta a inicios de mayo de 2023. Su madre, en declaraciones al medio independiente CubaNet, dijo, en referencia a su salud mental, que se trata de un “muchacho enfermo”.
Enfoques sobre prisión y discapacidad
Un Protocolo de Actuación para Personas con Discapacidad en Centros Penitenciarios realizado por Instituciones Penitenciarias en España, en consonancia con dos informes que revelan un “laberinto” penitenciario que facilita “abusos y manipulaciones” aborda la discapacidad en prisión como experiencia “doblemente traumática”. La prisión -señala-es un lugar hostil para cualquiera que pase por ella. “Pero si además el interno tiene alguna discapacidad, la experiencia puede ser doblemente traumática. (…) Muchos se convierten en objeto de abusos y burlas por parte del resto de reclusos, no pueden acceder a ciertos lugares por falta de adaptación, o incluso sufren las consecuencias de no ser capaz de entender bien las órdenes y aplicarlas”.
El informe Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios concluye que las personas con discapacidad psicosocial y los inimputables necesitan y requieren atención especializada acorde a sus características específicas para proveer las condiciones de óptimo de funcionamiento y de disminución de sus limitaciones para su vida cotidiana, evitando su discriminación y vulnerabilidad”.
Las alternativas a la cárcel para estas personas son escasas. A largo plazo la apuesta global es por la integración e inclusión, pero a diferencia de las personas VIH+, para las que el régimen cubano mantiene un enfoque separatista en cárceles especializadas, quienes tienen discapacidades deben cumplir condenas en centros generales que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, no se ajustan a sus necesidades.