La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) junto a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (Ucatse), la Asociación de Estudios Humanitarios (Uneh), Asociación Popular de Nicaragua (Uponic) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF) pasarán a manos del régimen sandinista de Daniel Ortega.
El mandatario acaba con los establecimientos de educación superior privados cancelándoles su personería jurídica. Una medida que toma Ortega en represalia con los jóvenes de estas casas de estudio que protestaron en su contra en 2018. De este modo, el izquierdista avanza en su plan de adoctrinamiento.
La solicitud de la medida salió del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob). También, contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional es mayoría.
Los 75 diputados a favor de Ortega -de los 92 que conforman a la plenaria- declararon a las universidades “poco transparentes en la administración de los fondos” porque desconocen “la forma en que ejecutaron los mismos y si fue acorde a sus objetivos”.
Un ola imparable
“Nos preocupa y nos duele mucho la situación”, dijo en entrevista con Panam Post el rector Fanor Avendaño, quien está al frente de la Universidad de Estudios Humanísticos, que se encarga de operar la Asociación de Estudios Humanitarios, una de las instituciones sancionadas.
Tras los hechos que enmarcan este día negro para la Educación universitaria nicaragüense, Avendaño expresó su preocupación por el porvenir juvenil y argumentó que “lo más importante son los estudiantes”. Asimismo, recalcó que desde ahora “analizarán los aspectos legales para buscar soluciones”, considerando que los bienes pasarán a manos del Estado.
Lo ocurrido es una “una orgía de ilegalización de organizaciones de la sociedad civil” asegura El País. Lo es. En enero la lista de organismos cancelados en Nicaragua sumaba 61. Ahora, esta cifra asciende a 77, porque la disposición recayó además sobre otras 11 asociaciones sin fines de lucro.
“La educación en Nicaragua está grave”, afirmó el expresidente de Acción Universitaria, Elthon Rivera, en Twitter. Él lo sabe. Lo padece. Lo expulsaron de la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua e (UNAN) y ahora le cancelan la personería a la institución donde estudiaba ciencias políticas.
Como él quedan a la deriva 2000 estudiantes, 1200 con opción a grado, 400 de posgrado y 500 docentes. “Es una monstruosidad”, difundió Houston Castillo, periodista de la Voz de América, en la red social mientras que para Gonzalo Carrión, vocero del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua es una “arbitrariedad”.
Esta persecución también dista de acabarse muy pronto. Las sanciones seguirán. “Este es un proceso que va a continuar y nadie debe asustarse”, advierte el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Universidades notifica que asumirá las riendas de las universidades perjudicadas con la promesa de reducir los aranceles.
Un castigo generalizado
Al cese legal de las instituciones de educación superior, Ortega añadió la reducción del subsidio estatal que recibía la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en represalia por los estudiantes que mantienen una posición crítica.
Pese a declararse el mandatario del “pueblo”, esta medida perjudica a alumnos de escasos recursos que dependen de una beca para terminar sus carreras. Desde ahora, la institución recibirá este año solo 28000 dólares para cubrir los gastos colegiatura, vivienda y alimentación de aquellos que conforman esta matricula.
Para justificar el daño, Ortega recurre a dos normativas: la ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ambas corresponden a los mismos instrumentos utilizados para arrestar y enjuiciar a 40 críticos, incluidos siete aspirantes a la presidencia, periodistas y empresarios durante la campaña para las elecciones de noviembre.
Sobre este escenario que pinta oscuro para la ciudadanía nicaragüense, Tamara Sujú, directora Ejecutiva de Casla Institute, opina que “los comunistas no quieren gente educada que disienta”. Los hechos evidencian que ella tiene la razón.
Fuente: PanamPost