El Congreso de Nicaragua nombró este martes a un tribunal electoral afín al régimen y sancionó una reforma que obstaculiza la participación de opositores en las elecciones de noviembre, donde el dictador Daniel Ortega podría buscar una nueva reelección.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua está compuesto por siete miembros. Seis de ellos fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la opositora derecha liberal.
Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos -mayoría calificada- que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.
Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al régimen.
«La familia [gobernante] Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense», denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.
El dictador Ortega es un exguerrillero de 75 años que gobernó con mano dura durante la primera dictadura sandinista en 1980, retornó al poder en 2007 y fue «reelegido» en dos oportunidades sucesivas, tras lograr la aprobación de una reforma constitucional a través de artimañas y alegando «violación a sus derechos humanos».
En la última elección, nominó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, sancionada por Estados Unidos por estar detrás de la masacre durante el estallido social que dejó más de 300 muertes.
El sistema electoral nicaragüense es cuestionado por la oposición y a nivel internacional.
La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su consejo electoral con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
«El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad», consideró el lunes la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.
Aprueban reforma electoral
Horas después, la mayoría oficialista aprobó una reforma de la ley electoral criticada por la oposición.
El texto incluye una ley aprobada en 2020 que prohíbe «inscribir como candidatos a cargos de elección popular» a opositores que apoyen las sanciones internacionales adoptadas contra el régimen de Ortega por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Tampoco podrán ser candidatos las personas sancionadas por la Ley de Agentes Extranjeros, una norma que controla los fondos que organizaciones independientes, la mayoría críticas del régimen, reciben desde el exterior.
Esta ley provocó el cierre de varias oenegés, entre ellas la Fundación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Su organización advirtió que «no se someterá» a una norma que «asesina a la sociedad civil» con amenazas de multas si no se inscriben como «agentes extranjeros» en su propio país.
La reforma impide además a los partidos y alianzas recibir fondos y donaciones del exterior para sus campañas.
El sandinismo oficialista considera que varias organizaciones opositoras reciben financiamiento extranjero para desestabilizar al régimen.
«Esta reforma (de la ley electoral) decepciona, porque no ofrece una salida a la crisis» que vive el país desde 2018, cuando masivas protestas antigubernamentales pidieron la dimisión de Ortega, afirmó la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).
Para el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, otros de los sancionados del régimen por Estados Unidos, sin embargo, la reforma «fortalece» el sistema electoral y «establece las pautas para un proceso electoral libre».
Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales en las que la oposición aspira a conformar un bloque unido para afrontar el FSLN.
El partido gobernante no descarta postular a Ortega para un cuarto mandato sucesivo.
Fuente: Diario las Américas
Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos -mayoría calificada- que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.
Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al régimen.
«La familia [gobernante] Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense», denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.
El dictador Ortega es un exguerrillero de 75 años que gobernó con mano dura durante la primera dictadura sandinista en 1980, retornó al poder en 2007 y fue «reelegido» en dos oportunidades sucesivas, tras lograr la aprobación de una reforma constitucional a través de artimañas y alegando «violación a sus derechos humanos».
En la última elección, nominó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo, sancionada por Estados Unidos por estar detrás de la masacre durante el estallido social que dejó más de 300 muertes.
El sistema electoral nicaragüense es cuestionado por la oposición y a nivel internacional.
La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su consejo electoral con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
«El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad», consideró el lunes la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.
Aprueban reforma electoral
Horas después, la mayoría oficialista aprobó una reforma de la ley electoral criticada por la oposición.
El texto incluye una ley aprobada en 2020 que prohíbe «inscribir como candidatos a cargos de elección popular» a opositores que apoyen las sanciones internacionales adoptadas contra el régimen de Ortega por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Tampoco podrán ser candidatos las personas sancionadas por la Ley de Agentes Extranjeros, una norma que controla los fondos que organizaciones independientes, la mayoría críticas del régimen, reciben desde el exterior.
Esta ley provocó el cierre de varias oenegés, entre ellas la Fundación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Su organización advirtió que «no se someterá» a una norma que «asesina a la sociedad civil» con amenazas de multas si no se inscriben como «agentes extranjeros» en su propio país.
La reforma impide además a los partidos y alianzas recibir fondos y donaciones del exterior para sus campañas.
El sandinismo oficialista considera que varias organizaciones opositoras reciben financiamiento extranjero para desestabilizar al régimen.
«Esta reforma (de la ley electoral) decepciona, porque no ofrece una salida a la crisis» que vive el país desde 2018, cuando masivas protestas antigubernamentales pidieron la dimisión de Ortega, afirmó la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).
Para el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, otros de los sancionados del régimen por Estados Unidos, sin embargo, la reforma «fortalece» el sistema electoral y «establece las pautas para un proceso electoral libre».
Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales en las que la oposición aspira a conformar un bloque unido para afrontar el FSLN.
El partido gobernante no descarta postular a Ortega para un cuarto mandato sucesivo.
Fuente: Diario las Américas