Una corte de Nueva York que lleva la demanda de Petróleos de Venezuela, PDVSA, contra el ex congresista de Miami David Rivera rechazó una solicitud de su defensa para desestimar el juicio que argumentaba que la corte no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre el controversial caso.
Rivera es demandado por la filial estadounidense de la estatal petrolera, PDV USA, por supuestamente incumplir con un contrato de $50 millones para realizar labores de cabildeo a favor de PDVSA a través de su firma, Interamerican Consulting Inc.
La moción introducida por sus abogados argumentaba, entre otras cosas, que la corte no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre el caso debido a que las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de Nicolás Maduro no le permitirían emitir una decisión a favor de la estatal venezolana. Pero el juez federal John Koeltl se pronunció el martes en contra de ese argumento.
Interamerican alega que la normativa introducida por las sanciones “prohíbe cualquier pronunciamiento en este caso”. Pero las directrices presentadas posteriormente explican que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no necesita otorgar una licencia específica para que los procedimientos legales emprendidos contra los sanciones puedan continuar, dijo el juez en su pronunciamiento.
El contrato de $50 millones formaba parte de una costosa operación emprendida por el régimen de Caracas que buscaba frenar en el 2017 las sanciones estadounidenses contra el régimen socialista. Según fuentes del Miami Herald, los esfuerzos también involucraban al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín y a otros actores que obtuvieron contratos millonarios similares a los que obtuvo Rivera.
El escándalo, que también está siendo investigado por las autoridades federales estadounidenses, sacudió a la opinión pública venezolana debido a las aseveraciones del ex congresista de Miami de que la totalidad de los $15 millones que recibió en forma de un primer pago a través de PDV USA fue a parar a los bolsillos del líder opositor Leopoldo López y de su partido Voluntad Popular.
“Todos esos fondos fueron para las protestas contra Maduro en el verano del 2017. Yo nunca vi un solo centavo. Eso es todo lo que sé”, escribió el ex congresista poco después de recibir noticias que estaba siendo demandado. Agregó en ese entonces que la administración de Donald Trump, incluyendo el Departamento de Estado, “estaban al tanto de todo”.
Rivera tenía previsto recibir otros $35 millones en tramos de $5 millones cada dos semanas, pero los pagos fueron suspendidos en la empresa estatal por falta de resultados.
Bajo el contrato firmado, Rivera tenía que producir al menos siete informes, uno cada dos semanas, brindando detalles de toda su labor y recomendaciones para mejorar la imagen y reputación de PDVSA en Estados Unidos.
Sin embargo, Rivera suministró solo dos informes, sumando no más de cinco páginas, con mucha de la información duplicada. Estos informes se referían genéricamente a un “plan estratégico”, “reuniones”, y “recomendaciones”, pero no describían un solo elemento del presunto plan, ni identificaba a las personas con quien Rivera se reunió, los temas discutidos, o las recomendaciones que realizó, alega la demanda.
La firma de consultores de Rivera “no brindó ningún servicio significativo”, concluye la demanda, al exigir el reembolso de los $15 millones que recibió entre marzo y abril del 2017, además de pagos de compensación por daños.
Fuente: El Nuevo Herald