AUSTIN — Grupos proinmigrantes presentaron el martes una demanda contra el estado de Texas por una ley que permitiría a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y que permitiría a jueces ordenar su deportación.
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Austin, surge menos de 24 horas después de que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó la ley en una ceremonia en la frontera, en Brownsville. La ley entra en vigor en marzo.
Las organizaciones proinmigración indocumentada como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project, a nombre del condado de El Paso y dos grupos de ayuda a migrantes, dicen en la demanda que la ley es anticonstitucional y viola la ley federal.
El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, y el fiscal general del 34to distrito judicial Bill Hicks, mencionados como demandantes, no respondieron a pedidos de comentario.
“Esta ley vulnera principios constitucionales fundamentales y viola la ley federal de inmigración mientras que perjudica a los tejanos, particularmente las comunidades negras e hispanas”, declaró en un comunicado Adriana Piñon, directora legal de ACLU of Texas.
Deportación
El control de la inmigración es una responsabilidad federal. Pero la ley firmada por Abbott permite a cualquier oficial de la ley en Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país ilegalmente. Los detenidos podrán aceptar la orden del juez de salir de Estados Unidos o ser procesados bajo cargos de ingreso ilegal. Los migrantes que no abandonen el país podrían ser procesados nuevamente bajo cargos más severos.
Texas es uno de los estados más afectados por la inmigración indocumentada. Abbott ha pedido ayuda al presidente Joe Biden para detener la avalancha migratoria que afecta al país, pero hasta ahora la demanda del gobernador no ha encontrado eco en la administración demócrata.
Ola sigue sin detenerse
La aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal. Pero los republicanos de Texas han probado esos límites con cada vez más intensidad durante la presidencia Biden para dar respuesta a una crisis que afecta a ese estado fronterizo con México, y alegan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para impedir que la gente entre ilegalmente en el país.
Texas ha enviado a más de 65.000 migrantes a otras ciudades del país y ha instalado alambre de púas en las orillas del río Bravo (o Grande); sin embargo, la ola no se ha detenido.
Más de ocho millones de encuentros reporta la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), desde que Biden esta en el Gobierno. Los republicanos lo acusan de promover una política de fronteras abiertas que ha creado un caos en la frontera y afecta a las grandes ciudades en Estados Unidos.
Los opositores han calificado la ley como el intento más dramático de darle a las policías locales o estatales responsabilidades migratorias desde una ley en Arizona en 2010 que fue mayormente anulada por la Corte Suprema.
Los republicanos en Texas dicen que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera sur de Estados Unidos, que se extiende por 3.149 kilómetros (1.950 millas).
Ante la ausencia de Biden
Expertos jurídicos han calificado la medida como una violación de las competencias del gobierno federal en materia de inmigración. El gobierno de México también rechazó la medida. En Estados Unidos, algunos grupos proinmigrantes han arremetido contra Biden por no haber frenado antes las agresivas medidas fronterizas de Texas.
Pero el gobernador asegura que actúa ante la ausencia del presidente Biden. Abbott dijo que en lo que va del año han arrestado a 489.500 inmigrantes indocumentados, más de 37.500 detenciones a criminales, han incautado 450 millones de dosis mortales de fentanilo, y han transportado a ciudades santuarios gobernadas por demócratas más de 80.000 migrantes.
Los demócratas se quejan de los altos costos que representan para los contribuyentes la presencia de inmigrantes sin estatus legal.