WASHINGTON — Decenas de legisladores demócratas pidieron al gobierno el martes que ponga fin las entrevistas expeditivas de solicitantes de asilo apresados por la Patrulla Fronteriza, que consideran una “práctica apresurada” que los priva de acceso a la asesoría legal.
En abril, un grupo de congresistas demócratas presentaron un proyecto de ley que establecería el derecho a un abogado financiado por el Gobierno federal para los migrantes que enfrentan la deportación y carecen de recursos para una representación legal.
Los migrantes huyen de sus países por razones económicas y la violencia. Gran parte de los que llegan a la frontera solicitan asilo.
“La expulsión de inmigrantes tiene consecuencias que alteran la vida, pero debido a que son de naturaleza civil (y no penal), las personas actualmente no tienen derecho a un abogado” de oficio, se lamentó la congresista Pramila Jayapal, una de las impulsoras de la medida, sin hacer alusión sobre el pago de ese tipo de servicios.
Cuando el gobierno del presidente Joe Biden se aprestaba a iniciar las entrevistas expeditivas en los lugares de detención de la Patrulla Fronteriza en abril, las autoridades prometieron que los solicitantes tendrían acceso a la asesoría legal. Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido.
Abogados activistas calculan que un centenar de migrantes tuvieron representación formal en los primeros tres meses de aplicación de la norma, y algunos cientos más han recibido asesoría informal mediante llamadas telefónicas antes de las entrevistas expeditivas. Esto es apenas una pequeña fracción de los miles de entrevistas desde principios de abril, aunque las autoridades no han revelado un recuento preciso.
La carta a los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, firmada por 13 senadores y 53 miembros de la cámara baja, dice que realizar las entrevistas sobre “temor creíble” apenas 24 horas después de arribar al lugar de detención, era “esencialmente problemática”, sobre todo sin acceso a la asesoría.
“Dar a la gente una resolución justa —lo que incluye tiempo suficiente para obtener pruebas, preparar argumentos y trabajar con un abogado— es crucial, en particular para gente que huye de amenazas a su vida o torturas”, expresan en la carta.
Entre los firmantes se encuentran el presidente de la Subcomisión Judicial del Senado para la Inmigración, Alex Padilla; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez, y la presidenta del Bloque Hispano del Congreso, Nanette Barragán.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
El gobierno incrementó las entrevistas expeditivas al poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, la llamada autorización Título 42, e impuso nuevas normas que dificultan la solicitud de asilo para personas que no la han presentado fuera de Estados Unidos o pedido protección en los países que atraviesan antes de llegar a la frontera.
La proporción de personas que aprobaron las entrevistas de asilo cayó al 60% en la primera quincena de julio, cuando se incrementó el proceso expeditivo, comparado con el 77% en la segunda quincena de marzo, cuando comenzó.
Activistas proinmigrantes han criticado al gobierno porque dicen que las nuevas normas desconocen las obligaciones de dar asilo bajo el derecho estadounidense e internacional.
La administración Biden emitió un aviso en el que advierte que la mayoría de las personas sorprendidas cruzando la frontera no tendrán derecho a asilo y probablemente serán retornadas.
Las sanciones para la mayoría de las personas que crucen sin autorización son: prohibición de ingreso durante cinco años y posibles sanciones penales.
Por su parte, los que respaldan las restricciones critican a las autoridades por su exceso de «generosidad» a través del sistema de turnos online, que admite hasta 1.450 personas por día y permiso humanitario para hasta 30.000 personas por mes que arriban desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.