Al menos 39 cubanos, menores de 21 años, se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en denuncia presentada ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El OCDH detalló en su informe que 107 menores, adolescentes y jóvenes «han enfrentado y/o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de derechos”; otras decenas “esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel, habida cuenta todas las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas bajo el brutal sistema de presión y de coacción implantado por fuerzas de la Seguridad del Estado”.
Según reseña Cubanet, el OCDH resalta el caso de un grupo de 43 menores de edad contra los cuales se documentaron acciones policiales tras el 11J. Del total, 36 son niños y siete son niñas. Hasta el 9 de diciembre de 2021, 14 de los integrantes de este grupo, se encontraba bajo medida cautelar de prisión provisional y en espera de juicio.
La organización indica igualmente que al menos seis menores, de apenas 15 años, es decir, sin contar con la edad de responsabilidad penal establecida en las leyes cubanas (16 años), fueron sancionados con medidas de internamiento.
Gran parte de los encarcelados está expuesto, además, “a situaciones de violencia y abuso de poder policial/judicial que les puede afectar, a corto y a largo plazo, el correcto desarrollo físico y cognitivo, repercutiendo en sus capacidades para el aprendizaje y la socialización e influenciando negativamente en su transición hacia la vida sana adulta por entrar en conflictos con el discriminante sistema legal y sistemas de instituciones que promocionan su rechazo social, la violación de sus derechos, el desarraigo laboral/profesional y la impunidad”, señalan en el documento.
Igualmente, teniendo en cuenta “la magnitud preocupante del fenómeno represivo descrito”, el OCDH refiere que “la protección no debe quedar solo en el ámbito de los pronunciamientos” de las instituciones en cuestión.
“En ningún caso de los amenazados de prisión se interesan medidas sustitutivas. Y en todos los casos de presos, entre ellos Brandon David Becerra Curbelo (17 años) y Jonathan Torres Farrat (17 años), se califican como presos por consideraciones políticas, siendo susceptibles de protección”, puntualizan.
Según Prisoners Defenders, tras el 11J resultaron detenidos entre cinco mil y ocho mil personas; actualmente, la organización ha podido registrar 842 presos políticos, la mayoría de ellos a raíz del 11J.
Al menos cuatro menores de 18 años serán sometidos esta semana a juicio en la provincia de Holguín, otros cuatro tienen 18 años cumplidos; todos están siendo acusados por el delito de “sedición” y sus peticiones fiscales son de 15 y 18 años. También en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, está siendo enjuiciado un joven de 19 años de edad.
Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J registra actualmente a tres niños, de 12, 13 y 14 años respectivamente, cumpliendo sanción administrativa de un año de internamiento en el centro de detención de menores llamado Escuela de Formación Integral de Matanzas, por su participación en las protestas del 11J en Cárdenas.
El grupo denunció la inseguridad de las cárceles cubanas al narrar los casos de dos de los manifestantes del 11J, ambos de 20 años de edad; se trata de William Manuel Leyva Pupo, quien fuera violentado por sus carceleros la semana pasada, y de Dariel Cruz García, quien fuera apuñalado dos veces en la cárcel Jóvenes de Occidente.
Fuente: Diario las Américas
La organización indica igualmente que al menos seis menores, de apenas 15 años, es decir, sin contar con la edad de responsabilidad penal establecida en las leyes cubanas (16 años), fueron sancionados con medidas de internamiento.
Gran parte de los encarcelados está expuesto, además, “a situaciones de violencia y abuso de poder policial/judicial que les puede afectar, a corto y a largo plazo, el correcto desarrollo físico y cognitivo, repercutiendo en sus capacidades para el aprendizaje y la socialización e influenciando negativamente en su transición hacia la vida sana adulta por entrar en conflictos con el discriminante sistema legal y sistemas de instituciones que promocionan su rechazo social, la violación de sus derechos, el desarraigo laboral/profesional y la impunidad”, señalan en el documento.
Igualmente, teniendo en cuenta “la magnitud preocupante del fenómeno represivo descrito”, el OCDH refiere que “la protección no debe quedar solo en el ámbito de los pronunciamientos” de las instituciones en cuestión.
“En ningún caso de los amenazados de prisión se interesan medidas sustitutivas. Y en todos los casos de presos, entre ellos Brandon David Becerra Curbelo (17 años) y Jonathan Torres Farrat (17 años), se califican como presos por consideraciones políticas, siendo susceptibles de protección”, puntualizan.
Según Prisoners Defenders, tras el 11J resultaron detenidos entre cinco mil y ocho mil personas; actualmente, la organización ha podido registrar 842 presos políticos, la mayoría de ellos a raíz del 11J.
Al menos cuatro menores de 18 años serán sometidos esta semana a juicio en la provincia de Holguín, otros cuatro tienen 18 años cumplidos; todos están siendo acusados por el delito de “sedición” y sus peticiones fiscales son de 15 y 18 años. También en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, está siendo enjuiciado un joven de 19 años de edad.
Por su parte, el grupo de trabajo Justicia 11J registra actualmente a tres niños, de 12, 13 y 14 años respectivamente, cumpliendo sanción administrativa de un año de internamiento en el centro de detención de menores llamado Escuela de Formación Integral de Matanzas, por su participación en las protestas del 11J en Cárdenas.
El grupo denunció la inseguridad de las cárceles cubanas al narrar los casos de dos de los manifestantes del 11J, ambos de 20 años de edad; se trata de William Manuel Leyva Pupo, quien fuera violentado por sus carceleros la semana pasada, y de Dariel Cruz García, quien fuera apuñalado dos veces en la cárcel Jóvenes de Occidente.
Fuente: Diario las Américas