CARACAS.- La directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, afirmó que instituciones del Estado, como la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son «cómplices de la opacidad administrativa» en la petrolera estatal PDVSA, al permanecer calladas y no dar informes periódicos sobre la gestión de la empresa.
«Un principio básico para que se combata la corrupción es que se impongan principios de transparencia como la publicación de los informes de gestión y tenemos tiempo sin escuchar que el Contralor General (Elvis Amoroso) diga algo sobre la falta de transparencia de PDVSA, sobre la gestión, sus informes financieros o cuánto dinero está transfiriendo para el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) o al Banco Central de Venezuela (BCV)”, dijo De Freitas, reseñó el portal Impacto Venezuela.
De Freitas condenó que «desde 2003, se empezaron a tomar decisiones que destruyeron la institucionalidad transparente de PDVSA”.
Añadió que actualmente esos organismos «no dan información y no dan respuesta sobre lo que ha pasado» en la petrolera estatal venezolana.
De Freitas consideró, además, que se debe derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (conocida como Ley Antibloqueo), ya que contiene disposiciones referidas a la confidencialidad y derecho de reserva de información de contratos públicos, lo que a su juicio promueve la falta de transparencia.
No obstante, la directora de Transparencia Venezuela señaló que antes de que fuera sancionada esa ley «en PDVSA se realizaban negociaciones con privados, con opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones y sin rendición de cuentas”.
Asimismo, De Freitas señaló que la razón por la que Nicolás Maduro decidió dar a conocer el faltante por más de $3.000 millones en PDVSA es que el «74% de los ingresos previstos en el presupuesto se contemplaba que provinieran de la exportación de crudo y combustibles”.
El régimen ha detenido a 42 exfuncionarios de varias empresas estatales como la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a quienes acusa de corrupción, los chivos expiatorios de una sistemática corrupción del régimen que durante más de dos décadas ha ordeñado PDVSA.