COMUNICADOS DE PRENSA
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO APUNTA A FUNCIONARIOS VENEZOLANOS ALINEADOS CON NICOLÁS MADURO EN RESPUESTA A FRAUDE ELECTORAL
12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos de las personas. Las personas sancionadas hoy en cumplimiento de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, según enmendada, incluyen líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alineados con Maduro que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como los funcionarios militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación. detenciones indiscriminadas y censura. Los funcionarios fueron nombrados por Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017.
«Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a unas elecciones libres y justas», dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. «El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las afirmaciones fraudulentas e ilegítimas de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio. La Administración Biden-Harris continuará utilizando nuestras herramientas para responsabilizar a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano».
Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial exitoso, Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visado en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visado, casi 2.000 personas han sido objeto de restricciones de visado por su papel en el socavamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos.
Funcionarios venezolanos DESIGNADOS
Las siguientes personas que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, «Bloqueo de Propiedad y Suspensión de la Entrada de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Venezuela», según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del GOV.
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta (Figueroa) es un juez que se desempeña en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente, se desempeñó como magistrado de la Sala Político-Administrativa del TSJ, según múltiples informes de prensa.
Además, según la cobertura de los medios, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Cámara Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica experta del TSJ en el CNE, y estuvo involucrado en la convocatoria de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.
Malaquías Gil Rodríguez (Gil) es magistrado y se desempeña como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Electoral del TSJ; Ocupa un cargo en el Poder Judicial desde 2010.
Además, según fuentes mediáticas creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.
Juan Carlos Hidalgo Pandares (Hidalgo) es juez y jueza que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y procurador general de las Fuerzas Armadas.
Además, según fuentes de los medios, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez (Rodríguez) encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez es el presidente del TSJ desde enero de 2024 y preside la Sala Electoral del TSJ.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es vicepresidenta del TSJ y miembro de la Cámara Electoral.
Márquez fue uno de los funcionarios de la Sala Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, organizaciones políticas y excandidatos participantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez fue uno de los funcionarios de la Cámara Electoral que certificó la afirmación infundada de Maduro de la victoria.
Edward Miguel Briceño Cisneros (Briceño) es el juez especial del Juzgado Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, alineado con Maduro.
Además, según fuentes periodísticas, Briceño emitió una orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, incitación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
Luis Ernesto Duénez Reyes (Duénez) es fiscal de la Fiscalía alineada con Maduro. En su cargo, Duénez emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela al exilio en España el 8 de septiembre.
Rosalba Gil Pacheco (Gil Pacheco) es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional alineada con Maduro desde enero de 2021.
Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituyendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos de los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas al sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.
Antonio José Meneses Rodríguez (Meneses) es el secretario general del CNE desde agosto de 2023.
Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos de los centros de votación. Antes de servir en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirma la inhabilitación de Machado.
Dinorah Yoselin Bustamante Puerta (Bustamante) es una fiscal que trabaja en el Primer Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), alineada con Maduro.
Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar enjuiciamientos por motivos políticos, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opositores a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020, según las bases de datos de sanciones.
Pedro José Infante Aparicio (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial para la Investigación y Judicialización de Partidos de Oposición y Representantes del Legislativo 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña «Furia Bolivariana» lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en enjuiciamientos aparentemente motivados políticamente.
Domingo Antonio Hernández Larez (Hernández) es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2021. Anteriormente, Hernández se desempeñó como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).
Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como un represor en nombre de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según diversas notas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas.
Elio Ramón Estrada Paredes (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alineada con Maduro, en funciones desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los involucrados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos.
Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB hostigó y detuvo a venezolanos bajo sospechas de apoyar materialmente a Machado en la campaña electoral, según numerosas fuentes noticiosas. Estrada lideró a la GNB en el arresto de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
Johan Alexander Hernández Larez (Larez) es Comandante de REDI Capital de la GNB. Larez fue anteriormente el General de División de la Zona de Defensa Integral en el Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.
Asdrúbal José Brito Hernández (Brito) es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente el director de contrainteligencia del destacamento presidencial.
Brito es identificado como torturador en los informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de «Operación Knock Knock» para hostigar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
Miguel Antonio Muñoz Palacios (Muñoz) es el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), alineado con Maduro, desde 2021.
El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales por parte de Maduro. Muñoz es uno de los máximos líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo formado por personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al Grupo Pitbull se le asignó la tarea de hacer el «trabajo sucio» y no había parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer. También se creía que el Grupo Pitbull era responsable de secuestros y asesinatos. Es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas para que le dieran dinero al Grupo Pitbull. El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos.
ACCIONES PREVIAS DEL TESORO CONTRA FUNCIONARIOS VENEZOLANOS
La acción de hoy se suma a las múltiples acciones que la OFAC ha tomado para atacar a funcionarios venezolanos actuales o anteriores, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 según enmendada, por tomar acciones antidemocráticas y violar los derechos humanos. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas, entre ellas:
Principales funcionarios venezolanos
• Nicolás Maduro Moros – sancionado desde 2017
• Tarek William Saab – sancionado desde 2017
• Jorge Elieser Márquez Monsalve – sancionado desde 2017
• Celia Adela Flores de Maduro – sancionada desde 2018
• Delcy Eloina Rodríguez Gómez – sancionada desde 2018
• Diosdado Cabello Rondón – sancionado desde 2018
• José David Cabello Rondón – sancionado desde 2018
• Marleny Josefina Contreras Hernández – sancionada desde 2018
• Vladimir Padrino López – sancionado desde 2018
• Jorge Jesús Rodríguez Gómez – sancionado desde 2018
• Remigio Ceballos Ichaso – sancionado desde 2019
• Nicolás Ernesto Maduro Guerra – sancionado desde 2019
Oficiales militares y de inteligencia clave
• Gustavo Enrique González López – sancionado desde 2015
• Iván Rafael Hernández Dala – sancionado desde 2019
• Hildemaro José Rodríguez Múcura – sancionado desde 2019
• Rafael Enrique Bastardo Mendoza – sancionado desde 2019
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral
• Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso – sancionado desde 2017
• Carlos Enrique Quintero Cuevas – sancionado desde 2017
• Conrado Antonio Pérez Linares – sancionado desde 2020
• Fabio Enrique Zavarse Pabón – sancionado desde 2018
Tribunal Supremo de Justicia funcionarios y ex funcionarios
• Gladys María Gutiérrez Alvarado – sancionada desde 2018
• Maikel José Moreno Pérez – sancionado desde 2018
• Calixto Antonio Ortega Ríos – sancionado desde 2018
• Luis Fernando Damiani Bustillos – sancionado desde 2018
• Arcadio de Jesús Delgado Rosales – sancionado desde 2018
• Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchan – sancionada desde 2018
• Lourdes Benicia Suárez Anderson – sancionada desde 2018
• Juan José Mendoza Jover – sancionado desde 2018
CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 13692. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que las personas estadounidenses violen, consciente o involuntariamente, las sanciones de los Estados Unidos, así como participar en conductas que evadan las sanciones de los Estados Unidos. Las Pautas de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones de EE. UU. por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta adecuada a una aparente violación.
Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.