MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una propuesta legislativa que prohibiría a los gobiernos estatales y locales considerar factores ambientales, sociales o de gobierno en las decisiones de inversión.
La iniciativa se presenta después de una serie de medidas tomadas por el gobernador en relación con la inversión ESG, un modelo que considera los impactos ambientales y sociales de las empresas a las que inyecta capital.
Otro objetivo de la legislación evitaría que los gobiernos estatales y locales sopesen factores ESG al emitir bonos municipales.
DeSantis argumentó que la inversión ESG es un mecanismo para “inyectar ideología política” en las decisiones de inversión y en la economía cotidiana.
“Al aplicar métricas financieras ESG arbitrarias que solo sirven a las empresas que las crearon, las élites eluden las urnas para implementar una agenda ideológica radical”, dijo DeSantis. “A través de esta legislación, protegeremos las inversiones de los floridanos y la capacidad de los floridanos de participar en la economía”.
El año pasado, el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, reveló que el estado retiraría unos 2.000 millones de dólares de la compañía financiera BlackRock, bajo el argumento de que tiene una “postura ESG”.
Por otro lado, los defensores de los objetivos de este modelo de inversión lo ven como una forma en que las finanzas y las empresas pueden causar un cambio social, como la mitigación del cambio climático.
En contraposición, los republicanos analizan el impulso ESG como un intento de distorsionar el libre mercado y la cultura estadounidense, a través del capital y la influencia.
DeSantis y los republicanos en otros estados han criticado la inversión ESG y han enfatizado que el único factor que las empresas deberían tener en cuenta al tomar decisiones de inversión es maximizar los rendimientos financieros.
La legislación impulsada por DeSantis ha obtenido el apoyo de la presidenta del Senado floridana, Kathleen Passidomo, y del presidente de la Cámara estatal, Paul Renner, quienes asistieron al evento del lunes en Naples para anunciar la medida.
“No permitiremos que estos millonarios del ‘martini’ impulsen prácticas de inversión inseguras e insensatas que silencien el debate en el proceso político, debiliten las estrategias de inversión para los jubilados de Florida y discriminen las creencias de cualquier individuo”, dijo Renner.
En otros estados, los republicanos han tomado medidas para contrarrestar la inversión ESG.
De hecho, la anunciada propuesta legislativa de Florida sobre la inversión ESG no es la primera de su tipo en los Estados Unidos. Virginia Occidental encabezó la acusación del Partido Republicano contra ESG el año pasado cuando consideró que cinco instituciones financieras no eran elegibles para contratos bancarios estatales con el argumento de que boicoteaban a las empresas de combustibles fósiles.
También este mes, el tesorero de Oklahoma, Todd Russ, anunció que planeaba poner a las instituciones financieras que «boicotean» a las empresas de energía en una lista negra que impedirá que esas empresas accedan a miles de millones de dólares de entidades gubernamentales.
La Oficina de Comunicaciones de Tallahassee resumió así la propuesta legislativa de DeSantis:
Prohibir que los grandes bancos, fideicomisos y otras instituciones financieras discriminen a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, incluido su apoyo para asegurar la frontera, poseer un arma de fuego y aumentar nuestra independencia energética.
Prohibir que el sector financiero considere los llamados «puntajes de crédito social» en las prácticas bancarias y crediticias que tienen como objetivo evitar que los floridanos obtengan préstamos, líneas de crédito y cuentas bancarias.
Prohibir que los bancos que se dedican al activismo corporativo mantengan fondos del gobierno como Depositario Público Calificado (QPD).
Prohibir el uso de ESG en todas las decisiones de inversión a nivel estatal y local, asegurando que los administradores de fondos solo consideren factores financieros que maximicen la tasa de rendimiento más alta.
Prohibir a todas las entidades estatales y locales, incluidas las organizaciones de apoyo directo, considerar, dar preferencia o solicitar información sobre ESG como parte del proceso de adquisición y contratación.
Prohibir el uso de factores ESG por parte de los gobiernos estatales y locales al emitir bonos, incluida una prohibición contractual para las agencias calificadoras cuyas calificaciones ESG impacten negativamente en las calificaciones de bonos del emisor.
Ordenar al Fiscal General y al Comisionado de Regulación Financiera que hagan cumplir estas disposiciones en la mayor medida de la ley.