Los medios nacionales argentinos no repararon en este asunto de la forma que debieron haberlo hecho. La cobertura de los anuncios de hoy, que básicamente se limitan a la continuidad de lo establecido hasta el día de la fecha, lamentablemente se redujo a la cuestión de los horarios, las escuelas y los shoppings. Aunque estos temas son importantes, Alberto Fernández hizo un adelanto solapado de un proyecto de ley que enviará al Congreso particularmente peligroso.
Se trata lisa y llanamente de una posible delegación en el Poder Ejecutivo de la suma del poder público. En manos del kirchnerismo, nadie puede dudar que esto es el certificado de defunción de la frágil República Argentina. Más allá del debate político coyuntural, la Constitución es clara. Fernández es un “infame traidor a la patria”.
Aunque Alberto Fernández busque justificar su solicitud en legislaciones de emergencia de alrededor del mundo, los antecedentes del primer kirchnerismo y la influencia de su vicepresidente deberían estar demasiado presentes en la cabeza de los diputados y senadores opositores, que ya se tendrían que haber manifestado en contra, antes de leer siquiera la ley. Claro que los legisladores del “peronismo federal” y los de Juntos por el Cambio no son garantía de nada: ya aceptaron hasta moverle el cronograma electoral a un Gobierno desesperado, que busca remontar algo en las encuestas de la mano de las vacunas que todavía no llegan.
Preocupado por un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia con relación a la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, y buscando terminar con el dolor de cabeza que le representa la existencia de un Poder Judicial medianamente independiente, el presidente argentino dijo esta mañana:
«En los próximos días enviaré un proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional».
La oposición no debería siquiera abrir el debate. Ni político, ni parlamentario. No importa la cantidad de votos que pueda reunir el oficialismo, ya que una votación favorable a este proyecto es nula e inconstitucional. Lo único que debería hacer cada legislador es repetir, como un mantra, como una oración laica, hasta el hartazgo, el Artículo 29 de la Constitución Nacional.
“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.