Desde enero de 2021, los demócratas en el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) buscan de manera infructuosa un incremento del límite de la deuda de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden, único mandatario estadounidense que ha firmado más de 60 órdenes ejecutivas en lo que lleva de mandato, prometió durante los debates de campaña electoral que haría la “transformación que necesitaba el país”. Y lo está cumpliendo.
EEUU regresó a la dependencia energética extranjera, a los tratados internacionales donde Washington es el mayor postor, a duplicar el gasto federal; a las inversiones sobre el cambio climático, cuyos resultados son una incógnita; al derroche de dinero en programas sociales, al patrocinio de proyectos internacionales sobre teoría de género, todos temas alejados de lo que constituye una prioridad para los estadounidenses en medio de la peor recesión económica de la historia moderna.
EEUU se enfrenta ahora a un déficit comercial récord de casi 80.000 millones de dólares en los últimos tres meses. La inflación en más del 5%, cuando se preveía apenas un 2,5% o un 3% para finales del 2022 o el 2023.
Panorama sombrío
Más de 10 millones de puestos de trabajo permanecen sin cubrir a causa de las generosas ayudas federales que prosiguen a través de programas sociales y entrega mensual de dinero a familias con hijos ($300 y $250, según la edad del menor).
Los precios en los productos de consumo como la gasolina aumentaron 52%, los alimentos por encima del 6%, la compraventa de casas 18%, la venta de vehículos 42%; los materiales de construcción, en especial la madera y el acero más del 200%. La industria automotriz semiparalizada por falta de semiconductores. Y así la lista es extensa.
Indudablemente EEUU- como lo vaticinó Biden durante su campaña- atraviesa una [singular e impuesta transformación], que incluye ahora dos nuevas crisis que se unen a la catástrofe sanitaria por la pandemia de COVID-19: La crisis en la frontera sur de la nación y la de Afganistán, donde dos potentes ataques atribuidos al Estado Islámico [13 soldados estadounidenses muertos y decenas de civiles] complican mucho más el desastre creado por la falta de una estrategia correcta para la retira de EEUU de Kabul. En ambas, las consecuencias son impredecibles a mediano y largo plazo. El costo adicional para las arcas federales es indescifrable aún.
Debido al caos originado en Afganistán, la Casa Blanca activó un acuerdo de emergencia nacional que permite utilizar el servicio de aerolíneas comerciales durante conflictos armados o grandes desastres naturales. El gasto extra se añade al de 1.5 billones de dólares de la guerra contra los talibanes.
Los gastos se duplican
En junio, entraron por la frontera entre México y EEUU más de 200.000 inmigrantes de forma ilegal, cifra que aumenta considerablemente cada mes desde abril cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó el arribo 178.000 indocumentados.
De 5.900 millones de dólares en el 2003, los fondos federales empleados en inmigración pasaron a 17.700 millones en el 2021. En ese mismo período, el número de agentes federales desplegados entre México y Estados Unidos aumentó de 3.555 a 17.000. Todas estas cifras, a medida que avanza la crisis, aumentan de forma paralela. Sin embargo, la Corte Suprema de EEUU acaba de dictaminar que el programa de inmigración creado por la administración Trump y llamado “Quédate en México” entra en vigor nuevamente. Esto supone un freno al cambio de “política de fronteras abiertas” promovido por la actual administración.
Los agentes de inmigración junto a miembros de la Guardia Nacional, efectivos militares y policías locales utilizan drones, radares, vehículos todoterreno y equipamiento técnico para patrullar los 3.169 kilómetros de frontera y 1.123 kilómetros de muro, ya de por sí a un alto costo.
En el Congreso de EEUU se encuentra estancado y pendiente a la primera votación el plan de gastos sociales de 3.5 billones propuesto por la Casa Blanca. Tanto republicanos como demócratas lo consideran un despilfarro de dinero y descabellado en las circunstancias actuales con la pandemia.
La economía estadounidense intenta recuperarse definitivamente y su urgencia es el incremento de ingresos no de gastos.
Batalla en el Congreso
En el Senado se aprobó la propuesta de 1,2 billones para infraestructura, que de pasar en la Cámara de Representantes también se agregaría a la deuda pública del país que sobrepasaría los 30 billones de dólares. Las dos partes del plan Biden llevarían la deuda nacional al 115% del Producto Interno Bruto en el 2030, la mayor proyección desde la Segunda Guerra Mundial que fue de 106%.
Según análisis macroeconómicos, el incremento de la deuda pública generalmente conduce a un alza de la inflación, que ya actualmente es alta (5,4%).
Cuando se analiza el presupuesto de la administración Trump y se compara con el de Biden los datos son semejantes, pero la sustancial diferencia está en el uso de los fondos.
En el gobierno de Trump más del 68% del presupuesto se destinó a sectores que generaron altos ingresos como la industria del petróleo y el carbón, la industria de armamentos, la aeronáutica, la producción y exportación de bienes duraderos, el comercio y la agricultura. Su gobierno firmó un acuerdo comercial con China el 12 de diciembre del 2019 que exige la compra adicional por parte del régimen asiático de más de 200.000 millones de dólares en productos estadounidenses, en particular agrícolas. Además, Trump dispuso fondos de emergencia para el regreso de medianas y grandes compañías a EEUU.
En el plan de Biden, alrededor del 70% del gasto se dirige a programas sociales, cambio climático, salud y educación. Ninguno genera ingresos.
El plan incluye también estatus de residencia y ciudadanía para millones de inmigrantes, además de fondos para dos años de matrículas pagadas en universidades públicas, entre otros beneficios.
Los senadores tienen hasta el 15 de septiembre para proponer enmiendas al proyecto.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, subrayó en una entrevista con ABC News que «los demócratas quieren pedir prestado y gastar en una escala que EEUU no ha visto desde que tuvimos que luchar y ganar la Segunda Guerra Mundial. Nuestra carga de deuda rompería todos los récords, eclipsando, incluso, la década de 1940”.
Análisis de expertos
Matthew Dickerson, director del Centro Grover Hermann para el Presupuesto Federal de Heritage Foundation, ha llamado a frenar lo que considera un “gasto social insostenible”.
Dickerson afirma que «la solicitud de presupuesto del presidente Biden representa un aumento masivo en el gasto y es irrazonable
e irresponsable, al tiempo que está [repleta de una lista de deseos liberales]».
Sin tomar en cuenta análisis de economistas conservadores que advirtieron de la inflación y la deuda de EEUU, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal (Banco Central), Jerome Powell, permanecieron desde enero en su misma postura de ayudas financieras a la economía y a sectores de la población. Restaron importancia al rápido incremento de ambos índices, respaldados por los criterios de la Casa Blanca.
Todo cambió en julio cuando Powell reconoció que «mientras la reapertura continúa, otras restricciones podrían continuar limitando qué tan rápido se ajusta la oferta, y eso aumenta la posibilidad de que la inflación sea más alta y más persistente de lo que esperábamos».
Powell señaló que la inflación está bastante por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, principalmente debido a diferentes factores, incluyendo cuellos de botella en el abastecimiento de productos, exceso de puestos de trabajo vacantes, déficit comercial alto y bajas exportaciones por la caída en la productividad y materias primas escasas con precios muy elevados.
La oposición demócrata
Un grupo de nueve congresistas demócratas moderados se oponen a la propuesta social de Joe Biden de $3,5 billones y la consideran costosa e inoportuna.
Los nueve demócratas moderados advirtieron en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que no votarían a favor de esa resolución de presupuesto, si no se lleva a sufragio antes y por separado el plan de infraestructura de $1,2 billones.
Pelosi quiere que la votación incluya las dos partes en una única votación ante el temor de que más demócratas se opongan al enorme gasto social. Incluso, llegó a exigir más dinero, pero luego desistió ante la presión de legisladores.
“No consideraremos votar a favor de una resolución presupuestaria hasta que el proyecto de ley de infraestructura quede aprobado por la Cámara Baja y se convierta en ley”, advirtieron.
La situación complica los augurios del presidente Biden y de algunos medios de prensa que dieron casi por aprobados ambos proyectos de ley. Los demócratas solo pueden permitirse en sus filas la pérdida de tres votos, de lo contrario fracasaría su aprobación final, prevista para finales de año.
Hasta ahora, las señales no confirman una política acertada para reducir la deuda de los estadounidenses, mucho menos un camino estable y firme en la recuperación económica, a pesar de la fortaleza propia del sistema norteamericano. La llegada de la variante delta del virus se une a otros errores y a la creación de nuevas crisis sin un final previsible.
Doce meses en política y gestión federal representan un espacio de tiempo muy amplio y abierto a más contratiempos. Si diciembre parece cerca, para la Casa Blanca parece demasiado lejos, y solo se trata del primero año.