Recién acaba de secarse la tinta de los primeros acuerdos del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición. De entrada, Maduro gana el descongelamiento de más de 3000 millones de dólares y se anuncia una licencia LG41 para que Chevron realice operaciones de forma “limitada” con Venezuela. A cambio de todo esto, el régimen se comprometió a seguir dialogando. Nada más.
Aunque la letra pequeña del acuerdo dice que Naciones Unidas ayudará a que los fondos se destinen para temas de carácter social como salud, educación, energía, seguridad alimentaria y desastres naturales, Maduro jamás ha respetado ningún tipo de arbitraje internacional y menos cuando se trata de “dinero soberano”.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
En enero de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela declara a Juan Guaidó como presidente interino de la nación. La decisión fue esperanzadora y contó con el apoyo abrumador de las democracias de más de 50 naciones del mundo. En 2020 llegó la pandemia, luego cambió la configuración política de las Américas y en 2022 se nos vino la guerra en Ucrania. Casi cuatro años después, la cifra de migrantes venezolanos se incrementó de 4 a 7 millones, Maduro sigue atornillado al poder y los presos políticos siguen pudriéndose en las cárceles del régimen.
Diálogo sin presión es extorción
María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela y una de las voces más críticas de la dictadura, ha dejado claro que Maduro no quiere dialogar con la oposición sino extorsionar a la comunidad internacional. “¿Qué puede salir de una Mesa de “Negociación” que en la práctica ha sido una mesa de extorsión? Una buena tajada para cada uno de los representados, incluyendo la ONU. ¿Quién representa allí a los venezolanos? Nadie. ¿Qué obtiene la gente? Nada”, señaló Machado.
Colombia es un mal mediador
El gobierno de Colombia, que no ha tenido la valentía y entereza de condenar abierta y claramente los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no es un mediador idóneo sino un actor ideologizado. El gobierno colombiano ha calificado como un grave error llevar al régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. El propio presidente Gustavo Petro ha propuesto que se eliminen las sanciones contra la dictadura, que se dé una amnistía por todos sus crímenes y que se acuerde un pacto de convivencia para las elecciones y después de ellas. Es decir, impunidad total.
El México de AMLO todavía peor
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), carece de las más mínimas credenciales para promover democracia y derechos humanos. Obrador ha defendido a la dictadura de Cuba, Nicaragua y Venezuela sin pena ni rubor, e incluso intentó sabotear la pasada Cumbre de las Américas, solo porque no se invitó a los dictadores arriba mencionados. El jefe de Estado de México jamás ha prestado su voz para condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y tampoco a condenado a viva voz los atropellos de los regímenes criminales de Nicaragua y Cuba.
Los migrantes deben ser parte del diálogo
No puede haber un diálogo efectivo y real sin tomar en cuenta a los migrantes. Se debe garantizar que los 7 millones de migrantes venezolanos puedan tener derecho al voto y se les otorguen los documentos esenciales para ejercer este y otros derechos, incluyendo pasaportes o cualquier otro documento de identificación oficial, que hoy no tienen. Se debe considerar, y con justa razón, incluir en el diálogo a otros países receptores de miles de migrantes venezolanos como Ecuador, Chile o Brasil. Ellos también han tenido que pagar los platos rotos de la crisis autoprovocada por el dictador de 6 pies de altura.
El mensaje ambiguo de Maduro
Antes de comenzar el diálogo, Maduro dijo claramente que va a conversar pero que “no van a venir gobiernos extranjeros a imponerle a Venezuela nada. Ni hoy ni nunca”. Horas más tarde el dictador celebró los acuerdos y dijo que se abre “un nuevo capítulo para Venezuela, en función de seguir avanzando hacia la paz y el bienestar que todas y todos los venezolanos anhelamos”.
El dictador ganó. Maduro, sin hacer nada, recibió en tiempo récord un baño de legitimidad como jefe de Estado, 3000 millones de dólares y luz verde para operaciones petroleras. Ahora, aunque un poco tarde, se necesita poner una fuerte presión internacional para que el dictador abra las puerteas de Venezuela a los organismos de derechos humanos, libere a los presos políticos y detenga el ecocidio salvaje del oro de sangre. Este puede ser un buen comienzo y una señal de buena fe. Pago por ver.