MIAMI – El exembajador de Nicaragua en Alemania y Suecia, José Dávila, afirmó que el gobernante sandinista Daniel Ortega se sostiene en el poder con el apoyo de los fusiles de las Fuerzas Armadas, y que de no poner la comunidad internacional un freno a la represión, se estarían abriendo las puertas a la barbarie en Nicaragua.
Para Dávila, la complicidad de la institución castrense con Ortega quedó evidenciada durante la reciente conmemoración del 43 aniversario del Ejército de Nicaragua.
La institución militar es señalada de haber participado en la represión durante las protestas de abril de 2018, junto a la Policía y grupos paramilitares organizados por el régimen, que lograron sofocar las manifestaciones y desmantelar los tranques levantados por la población para protegerse, a sangre y fuego.
Pese a las evidencias documentales de paramilitares ingresando a la base del hospital militar Alejandro Dávila Bolaños, en Managua, para apertrecharse; y testimonios sobre el uso de armas de alto calibre –de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas–la institución castrense niega haber participado en la brutal represión y disparado contra civiles que asistían a las manifestaciones.
También incumplió con el mandato constitucional, al rehusarse desarmar a grupos paramilitares. Las protestas de abril de 2018, dejaron más de 350 muertos, más de 2.000 heridos y centenares de presos, a causa de la represión.
La Constitución de Nicaragua establece que las únicas fuerzas que pueden operar con armas son el Ejército y la Policía. La institución castrense ha sido beligerante en la desactivación de grupos armados que operan en el norte del país, en contra del régimen de Daniel Ortega, pero no actúa contra los paramilitares organizados por el sandinismo.
Ortega confirmó la participación del Ejército, la Policía, y los paramilitares, a estos últimos llama “policías voluntarios”. Les agradeció su “ayuda” para restablecer «la paz», durante el acto de aniversario del Ejército el 2 de septiembre.
Rubio pide más sanciones al Ejército
Ante esos hechos, Estados Unidos sancionó en julio de 2020 al jefe del Ejército nicaragüense, Julio César Avilés, por su apoyo significativo al régimen de Daniel Ortega, para «reprimir y desmantelar las instituciones democráticas» en Nicaragua. El Consejo Militar cerró filas con Avilés. Otros altos militares también enfrentan sanciones.
Pero para el senador federal estadounidense Marco Rubio, no es suficiente. Recientemente dijo durante un encuentro con miembros de la comunidad nicaragüense, que mantiene su propuesta de ampliar las sanciones al Ejército de Nicaragua y a la cúpula militar. Al mismo tiempo planteó retirar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), ante el recrudecimiento de la represión en el país centroamericano y para evitar el financiamiento al régimen.
Rubio cree que las sanciones deben estar dirigidas a las inversiones del Ejército de Nicaragua en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Con Ortega en el poder, el Ejército ha logrado aumentar y diversificar sus empresas convirtiéndose en un poder económico en la nación centroamericana.
Consultado sobre el tema, el exembajador Dávila, sostiene que no es fácil calcular que las sanciones contra el Ejército contribuirían a que los militares retiraran el apoyo a Ortega. El caudillo sandinista ha comprado la “lealtad” de la cúpula militar a través de prebendas, el principal beneficiado es Avilés que desde 2010 permanece en el cargo por su fidelidad, impidiendo la sucesión militar en ese cargo.
A juicio del exembajador Dávila, el respaldo del Ejército y la sumisión ante Ortega, quedó demostrado durante el acto de aniversario.
Avilés agradeció a Ortega por el sistema de pensiones para los soldados, pese a que son fondos provenientes de las arcas del Estado.
“Ortega tiene como único apoyo las armas que están distribuidas entre el ejército, policía, y paramilitares”.
“Ortega llegó al extremo de agradecerles las masacres y represión de 2018, y de estos años. Ortega ya no tiene apoyo en Nicaragua, ni de la comunidad democrática de naciones, que han condenado con energía la persecución a la Iglesia católica. Por efectos de credibilidad y legitimidad, lo de Ortega ya no es gobierno”, acotó Dávila.
Represión inédita
Para Dávila, Ortega ha demostrado que no tiene límites con la represión, 205 personas están en las cárceles, entre ellos, una docena de sacerdotes de la iglesia católica, y los siete disidentes que aspiraban a competir contra Ortega en las elecciones presidenciales de 2021. Mientras la oleada contra la iglesia no ha cesado. Ortega y su esposa, la designada vicepresidenta Rosario Murillo han llamado a los sacerdotes “hijos del demonio” y les acusan de ser promotores de las protestas. Otros sacerdotes y obispos están en el exilio.
Ortega está reviviendo las mismas tácticas que implementó durante la primera etapa del régimen sandinista (1979-1990) contra la iglesia católica y la población.
Dávila afirmó que si la comunidad internacional no toma medidas drásticas para frenar la represión inédita de la dictadura Ortega-Murillo, se estarían abriendo las puertas a la barbarie, condenando al pueblo de Nicaragua al martirio sin que nadie pueda salvarlo.
“Detener los desmanes de esa dictadura es proteger la civilidad, y reservar espacio para una convivencia pacífica futura en el país”, acotó el experto.