LIMA.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renunció a la inmunidad presidencial apenas unas horas después de ser denunciada constitucionalmente junto a varios ministros por la fiscal general del país, Patricia Benavides, quien los señala por la muerte de civiles en las protestas antigubernamentales.
«La señora presidenta nos ha señalado en Consejo de Ministerios y públicamente que renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia», manifestó este martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, a la emisora de radio Exitosa.
La fiscal Benavides, investigada por liderar una supuesta red criminal de tráfico de influencias en el seno del Ministerio Público, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por la muerte de manifestantes en las protestas contra su mandato y la inhabilitación y arresto del expresidente Pedro Castillo.
La propia Boluarte salió al paso de esta denuncia para catalogarla de «deleznable maniobra» con la que la fiscal general intenta distraer la atención de la investigación en la que está incluida y que ha llevado incluso a que el Congreso de Perú la cite de urgencia para aclarar la situación.
Benavides anunció a través de un vídeo, repartido a los medios, que iba a presentar una denuncia constitucional contra Boluarte y también contra el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según consta en una copia de la denuncia, de 165 páginas, Boluarte «habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad «sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional».
El trámite de este tipo de denuncia, con la que se pretende despojar de inmunidad a la mandataria peruana, puede demorar varios meses y debe incluir el visto bueno de una subcomisión de acusaciones constitucionales, así como un informe acusatorio elaborado por un legislador y la aprobación del Pleno parlamentario.
No obstante, la Constitución indica que un presidente sólo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por disolver el Parlamento, por impedir unas elecciones o por frenar el funcionamiento del Tribunal Electoral.
Según la Carta Magna, el Congreso debe esperar a que Boluarte concluya su mandato en 2026 para que la acusación sea devuelta a la fiscalía -una vez aprobada por la Asamblea para retirarle la inmunidad- y que el Ministerio Público pueda llevarla ante un juez.
La maniobra de la fiscal general contra Boluarte llegó después de que el lunes una fiscal anticorrupción involucrara a la misma Benavides como presunta líder de un grupo criminal.
De hecho, la presidenta Boluarte dijo por la tarde en una declaración difundida por la televisora nacional que le causaba “extrañeza” que la denuncia de la fiscal general en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía de todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones” contra el equipo de la fiscal general “por presuntos actos de corrupción”.