SALVADOR DE BAHÍA — El diputado federal Deltan Dallagnol, exfiscal y excoordinador de la Operación Lava Jato vio revocado su mandato por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en una decisión tomada en 1 minuto. Este juicio político es visto como un ejemplo de la venganza de Lula contra quienes cumplieron con la ley. Según el periodista JR Guzzo, se trata de un acto agresivo y una violación de la libertad de elección de los votantes.
La izquierda estaría utilizando la justicia electoral partidaria como herramienta para anular los mandatos de sus opositores políticos, independientemente de las bases legales. Es importante recordar que uno de los jueces fue Benedito Gonçalves, quien le dijo a Alexandre de Moraes “misión dada, misión cumplida”; y también es el mismo que recibió cariñosas palmaditas de Lula da Silva como si hablara con la estrella del rock. Lula da Silva había también dicho recientemente que quería “joder” al exjuez Sergio Moro, y al parecer está también con sed de venganza para el fiscal que actuó con Moro.
Guzzo critica la decisión del TSE, alegando que Dallagnol no fue condenado por ningún delito, sino que fue destituido con base en la Ley de Expediente Limpio, aunque su expediente es más limpio que el de Lula. El TSE decidió que podría ser sancionado en el futuro, lo que justificaría la remoción preventiva de su mandato. Sin embargo, el autor argumenta que nadie está realmente interesado en cumplir con la ley, y que la destitución de Dallagnol es una represalia política por su papel en Lava Jato. El periodista afirmó en su artículo:
“En este caso, en un país donde el Presidente de la República fue condenado por delitos de corrupción y blanqueo de capitales en tres instancias, y por nueve magistrados distintos, Dallagnol fue destituido con base en la Ley de Registro Limpio -aunque no fue condenado por nada, ni cuando presentó su candidatura ni ahora, y su historial es mucho más limpio que el de Lula”.
En otras palabras, el fiscal que trabajó duro para arrestar a los corruptos tiene antecedentes sucios, y Lula da Silva condenado en varias instancias tiene antecedentes limpios.
Le preguntamos al Dr. Pierre Lourenço, director jurídico del INAD (Instituto Nacional de Abogacía), posgraduado en derecho público por la Emerj y en derecho electoral por la Uninter. Explicó algunos puntos clave.
Lourenço distingue entre algunas denuncias, expediente administrativo sancionador y la mera posibilidad de que se produzca un expediente administrativo sancionador (PDA):
“Así, como la Ley de Inelegibilidad contempla tanto los supuestos de condena en procedimiento administrativo sancionador (art. 1, I, ‘m’ y ‘o’) como los supuestos de abandono del cargo durante el curso del proceso sancionador administrativo (1, I, q), el TSE no podía crear una tercera hipótesis de inelegibilidad por abandono del cargo por la MERA POSIBILIDAD de la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario (PDA), so pena de vulnerar los principios de legalidad y legalidad. reservar.”
Es decir, de manera teratológica, el Tribunal Electoral confunde algunas denuncias existentes con un proceso administrativo disciplinario, que es un acto administrativo más complejo, y decide revocar el mandato del diputado federal más votado en el estado de Paraná con más de 340.000 votos.
Le preguntamos al doctor Pierre Lourenço si era posible que el juicio fuera una especie de persecución o venganza política contra el exfiscal Lava Jato, y él fue muy contundente:
“Considerando la ausencia de disposiciones normativas que justifiquen la revocación del mandato mediante la desestimación de la inscripción de candidatura; considerando que a través de la Operación Lava Jato, varios ministros de Tribunales Superiores se convirtieron en artículos periodísticos por acusaciones premiadas que, en un principio, involucraban sus nombres; considerando que el actual Presidente de la República y varios ministros de las Cortes Superiores ya han manifestado públicamente su disgusto por la Operación Lava Jato y sus ex integrantes; y, considerando la vulneración de los principios de legalidad y reserva legal, con una notoria innovación judicial que creaba otra posibilidad de inhabilidad, que sería “la separación del cargo en espera de un procedimiento administrativo (meras denuncias)”, prescindiendo de la necesidad de existencia de procedimiento administrativo disciplinario (PDA) actualmente determinado por la LC 64/90, me parece que podemos estar enfrentando una persecución política”.
Resumiendo, del lenguaje jurídico al periodístico, el abogado especialista en Derecho Electoral considera que faltaron leyes para justificar el mandato; y que los jueces integrantes de este colegiado se han manifestado públicamente en contra de la Operación Lava Jato, la cual vicia la imparcialidad del juicio; y concluye que podemos estar enfrentando persecución política.
Por otra parte, el TSE sostiene que la acusación se basó en fundamentos de derecho válidos. Según la sentencia del tribunal, la decisión se tomó con base en la Ley de Inelegibilidad. El TSE argumenta que Dallagnol anticipó su pedido de destitución del cargo de fiscal para evitar posibles procesos administrativos disciplinarios.
En respuesta a la acusación, Dallagnol alegó, en un discurso en la Cámara de Diputados, que el TSE «inventó una inhabilidad» para acusarlo y que la Corte Electoral revocó la presunción de inocencia. Afirma que fue acusado por una supuesta inhabilitación que no existía, y que eso es una venganza por haber combatido la corrupción en Brasilia. Dallagnol también cuestionó la parcialidad de los jueces y explicó que se trata de la venganza de Lula da Silva.
En resumen, la destitución del mandato de Deltan Dallagnol por parte del TSE tiene todos los elementos para ser considerada una venganza política de Lula y una violación de la libertad de elección de los votantes. La posibilidad de que el juicio político se haya basado en motivos políticos y no en bases legales sólidas es bastante factible.
El presidente de la Cámara de Los Diputados, Arthur Lira, ha tenido un suspiro de democracia, y pidió para que el diputado Deltan pudiera defenderse en la Cámara de los Diputados. Aunque las posibilidades de reversión son pequeñas.
En regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia y China la instrumentalización de la justicia por partidos políticos es uno de los elementos fundamentales para la destrucción del Estado de Derecho y la Democracia de los modelos occidentales.
Lucas Ribeiro
Especial
@LucasRibeiro_RI