CIUDAD DE MÉXICO- La Cámara de Diputados de México, dominada por el oficialismo, se apresta a votar a partir de este martes una polémica reforma del poder judicial en medio de bloqueos de trabajadores que obligaron a los congresistas a sesionar en un coliseo.
A la huelga que mantienen jueces y trabajadores de juzgados desde hace dos semanas en varios estados se sumaron unos 1.000 empleados de la Suprema Corte, cuyos ministros suspendieron las sesiones de esta semana en apoyo al paro.
Los magistrados del supremo volverán a valorar la situación el próximo lunes, según un comunicado emitido este martes.
«La reforma»
La propuesta para cambiar la Constitución y restructurar todo el Poder Judicial de México ha generado un sinfín de críticas no sólo de los partidos de la oposición sino de toda la judicatura, estudiantes, organizaciones sociales, consultoras financieras y hasta de Estados Unidos y Canadá.
Todos coinciden en que la iniciativa, que reduce sustancialmente los requisitos para ser juez, politizará la justicia y pondrá en riesgo principios básicos del Estado de Derecho, como la independencia judicial, lo que puede tener serias consecuencias económicas al generar incertidumbre en los mercados, inversores y socios comerciales de México.
«Tensiones»
“Hay muchísima preocupación”, recordó el mismo martes el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa tras recordar que mucha personas le han transmitido el mismo sentimiento. Si la reforma judicial no se hace bien, insistió, “puede traer muchísimo daño en la relación (bilateral), esto no solo lo digo yo”.
En las puertas de la Cámara de Diputados, los manifestantes expresaban los mismos temores.
“El partido mayoritario podría tomar en control del Poder Judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia», dijo Javier Reyes, un trabajador de la judicatura quien, como muchos, veía necesaria una reforma pero no en los términos propuestos por el oficialismo. «Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.
La reforma constitucional comenzó a tramitarse el domingo, el primer día de sesiones de la Cámara de Diputados elegida en las urnas en junio en unos comicios que dieron al oficialismo la mayoría de dos tercios necesaria para sacar adelante los cambios en la Carta Magna.
Este martes está previsto que el pleno inicie su votación en general para culminarla el miércoles en particular con lo que, si no hay sorpresas, esta misma semana llegaría al Senado, que también debe aprobarla antes de pasarla a ratificación de los estados para su eventual entrada en vigor.
Sede alterna
Desde antes del amanecer, cientos de empleados judiciales bloquearon este martes con autos las calles que conducen a la Cámara, mientras otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal.
Esto obligó al bloque oficialista a sesionar en un polideportivo del este de la capital, a donde empezaron a llegar los diputados pasado el mediodía.
Morena y sus aliados, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.
Inicialmente habrá una votación sobre la integralidad del proyecto, y luego se debatirá cada artículo.
La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.
Los críticos de la enmienda advierten que la elección popular de jueces podría erosionar la independencia judicial, mientras los más severos señalan que los candidatos a magistrados podrían ser promovidos por el crimen organizado.
Los reparos son compartidos además por inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda «resultar en una politización del Poder Judicial», advirtió la consultora británica Capital Economics.