La reforma tributaria que impulsa el presidente de Colombia, Gustavo Petro, genera incertidumbre en gremios norteamericanos que mantienen negocios en el país cafetero. A través de una extensa carta, doce gremios de Estados Unidos plantean al gobierno de Joe Biden la «gran preocupación» que tienen ante los cambios que pretende implementar el mandatario izquierdista.
En una misiva de seis páginas dirigida a Janet Yellen y Gina Raimondo, secretarias del Tesoro y de Comercio de EE. UU., respectivamente, las organizaciones señalan que «la reciente reforma tributaria de Colombia establece nuevos requisitos para las empresas estadounidenses que realicen inversiones y exportaciones a Colombia».
En el documento publicado por la emisora colombiana Blu Radio se precisa que «el proyecto de ley tendría un impacto negativo en las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos y contravendría la letra y el espíritu del acuerdo de promoción comercial entre Estados Unidos y Colombia de varias formas», entre ellas, señalan la eliminación del tratamiento de minimis para los pagos del Impuesto de Valor Agregado (IVA) en las importaciones por valor de 200 dólares o menos.
Indican que el artículo 73 del proyecto de ley deroga el artículo 428 del estatuto tributario vigente que concedía el tratamiento de minimis del IVA a los envíos de hasta 200 dólares.
Preocupaciones de los gremios de EEUU
The App Association, American Chemistry Council, Coalition of Services Industries, Express Association of America, Information Tecnology Industry Council, National Foreing Trade Council, entre otras forman parte de las doce organizaciones que suscriben la carta donde se advierte que «la redacción actual del proyecto cambiaría el estatus del nexo tributario colombiano pasando de tener una residencia corporativa o presencia física en Colombia a una basado en la presencia económica significativa».
La nueva norma contemplaría «la imposición de impuestos a los no residentes únicamente sobre la base de ‘tener una interacción deliberada y sistemática’ con usuarios o clientes en Colombia, teniendo en cuenta una determinada cantidad de ingresos brutos, el número de clientes o usuarios colombianos o el uso de precios con la aceptación de pagos en la moneda loca».
Estos gremios advierten que el resultado de ello obligaría a «prácticamente todas las empresas estadounidenses que opten por pagar el impuesto sobre la renta en Colombia mediante una retención en la fuente de 10 % o pagar el impuesto de 5 % sobre todos los ingresos brutos procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios digitales desde el extranjero a usuarios ubicados en Colombia».
En cuanto a la venta de bienes, el documento también explica que el artículo 48 de la legislación propuesta gravaría con los nuevos impuestos a las empresas estadounidenses que alcancen un umbral bajo de ingresos brutos de 31300 unidades tributarias, que sería aproximadamente 300.000 dólares al tipo de cambio calculado para el año fiscal.
Las últimas modificaciones
El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en la comisión tercera de ambas cámaras del Congreso el pasado 6 de octubre y los gremios preocupados por la reforman destacan que es probable que se presente un nuevo proyecto para los dos últimos debates en las plenarias de ambas cámaras a finales de octubre con el objetivo de la aprobación final a principios de noviembre.
Este martes, tras anunciar desde el Ejecutivo nuevas modificaciones al proyecto, se conoció que el segundo debate se dará en los primeros días de noviembre. Los cuestionamientos a la propuesta inicial han sido de tal magnitud que han hecho bajar el monto de recaudación de 60 billones de pesos anunciados en campaña a 20 billones, de acuerdo con los últimos cambios dados a conocer hace pocas horas. Para 2026 se contempla subirla a 26 billones.
Las nuevas modificaciones tocan aspectos relacionados con la tributación al sector de hidrocarburos con la adopción de una nueva fórmula, se elimina el gravamen a las megapensiones, también hay cambios en la tributación por concepto de bebidas azucaradas, por el gravamen a las donaciones de empresas a entidades sin ánimo de lucro, así como a las importaciones de menos de 200 dólares, que es una de las preocupaciones planteadas por los gremios estadounidenses en la carta enviada al Gobierno Federal.