Bajo esta premisa de resguardo de los derechos humanos, insistió a «ser capaces de entender el clamor de la sociedad cuando busca la reivindicación de derechos», pero ha insistido en que estas reivindicaciones «deben estar vinculadas al concepto de la paz» que la Constitución incluye como «derecho y deber de obligatorio cumplimiento».
En este contexto, Duque manifestó que «Colombia protege y garantiza» la protesta pacífica, pero mencionó que «es cierto» que «en medio de nuestras democracias, estamos expuestos a actos de violencia, vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad» que «amenazan al orden constitucional» y están «condenadas» bajo el Código Penal colombiano.
Así, estos actos «requieren de la actuación del Estado» para que, «a través de la ley y el orden, protejan los derechos». No obstante, ha indicado que las intervenciones en este sentido deben llevarse a cabo con «proporcionalidad» y insistió en la «tolerancia cero» respecto a «cualquier abuso» que pueda presentarse por parte de miembros de la fuerza pública colombiana.
«Nadie puede estar por encima de la Constitución, la ley y los Derechos Humanos», resaltó, antes de afear prácticas como los bloqueos, uno de los principales escollos en la mesa de negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro para poner fin a las movilizaciones.
Duque dijo que los bloqueos «pueden afectar el abastecimiento de ciudades, la provisión de vacunas, oxígeno o debilitar los flujos de bienes y servicios» y que, por lo tanto, «no pueden ser tolerados». «El Código Penal censura esas prácticas porque amenazan los derechos de todos los colombianos», aseveró.
Para concluir, el mandatario recalcó que el Ejecutivo busca continuar construyendo una sociedad que «garantice» la protección de los derechos y «cerrar brechas sociales». Asimismo, apuntó que, si existe un derecho amparado en la libertad de expresión es la protesta pacífica, «su principal enemigo es justamente la violencia».
Las manifestaciones contra el Gobierno de Duque comenzaron hace más de dos meses en contra de una reforma fiscal presentada por el Ejecutivo y que ya fue retirada; sin embargo, los cabecillas de las protestas continúan promoviéndolas. En cifras oficiales, al menos una veintena de personas han fallecido en el marco de las movilizaciones, en las que se han visto imágenes de vandalismo y disturbios y se ha denunciado una fuerte represión policial que ha llevado a la comunidad internacional a insistir en el respeto de los Derechos Humanos.
Fuente: Diario las Américas