QUITO.- Ecuador dio inicio este martes a la campaña para la jornada electoral del 5 de febrero, que tendrá como principales puntos de interés la designación de autoridades locales y una batería de propuestas para cambiar la Constitución promovidas por el presidente, Guillermo Lasso, y en la que se medirá el nivel de apoyo del actual Gobierno.
Ecuador está llamado a elegir 5.600 cargos a nivel local, donde el oficialismo competirá con candidatos leales al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, pero que sigue siendo una figura popular en la nación sudamericana pese a residir fuera del país y tener varias causas judiciales abiertas. También se renovará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Uno de los principales puntos de interés estará en una batería de ocho preguntas que el Gobierno quiere someter a consulta ciudadana y que incluyen algunos de los temas espinosos de la actualidad política ecuatoriana, como la lucha contra la inseguridad.
Ecuador ha visto crecer la violencia criminal ligada al narcotráfico, así como las incautaciones de droga. En 2021, la nación decomisó el récord de 210 toneladas y a diciembre de 2022 unas 170 toneladas.
La tasa de homicidios casi se duplicó en 2021, al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas, la más alta de la década.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) «conmina a los candidatos, organizaciones políticas y sociales a que este periodo del proceso electoral se cumpla con respeto, sin violencia, se debatan las ideas y se promueva el voto informado de la ciudadanía».
Entre las propuestas, figura autorizar la extradición a otros países de ciudadanos ecuatorianos y la reducción de la cifra de legisladores y movimientos políticos. No obstante, técnicamente la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, no tiene por qué poner en práctica los resultados del referendo.
A principios de diciembre, Lasso presentó un proyecto de reforma constitucional para que los militares apoyen a la policía en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.
Con esta modificación «las Fuerzas Armadas y la Policía nacional podrán colaborar continuamente en la lucha con el crimen sin necesidad de declarar estados de emergencia», dijo Lasso en las afueras de la Asamblea Nacional.
La Constitución ecuatoriana establece que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa de la soberanía territorial y la Policía de resguardar el orden interno.