Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió este lunes (14.09.2020) que el presidente Donald Trump puede terminar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a casi 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití de la deportación.
En una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez de distrito Edward Chen, en 2018, que impedía que la Administración pusiera fin al TPS para inmigrantes de esos países.
El fallo pone en riesgo de deportación a unas 300.000 personas salvadoreñas, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianas que -hasta ahora- estaban amparadas. Sin TPS, estos beneficiarios podrían ser deportados si no encuentran otra forma de legalizar su estatus migratorio en EE. UU. Además de estos casi 400.000 inmigrantes, también se espera que el fallo afecte a más de 200.000 niñas y niños nacidos en Estados Unidos, según documentos judiciales.
¿Qué es el TPS?
Es una protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos -de forma extraordinaria- a personas de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. La designación del TPS es un beneficio temporal y sus favorecidos se someten a verificaciones de antecedentes para garantizar que no representan un riesgo para la seguridad estadounidense. El Salvador fue incluido en este programa en 2001, Nicaragua en 1999, Sudán en 1997 y Haití en el año 2010.
En 2017 y 2018, la Administración de Trump anunció que terminaría la designación de TPS para estos cuatro países; una decisión que un tribunal de distrito de California bloqueó. Pese al reciente fallo, Trump realmente no podría terminar el TPS para Nicaragua, Sudán y Haití hasta el próximo 5 de marzo, mientras que las personas salvadoreñas tienen tiempo hasta noviembre del 2021, según uno de los abogados líderes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ahilan Arulanantham.
Arulanantham explicó eso en una llamada organizada por la Alianza Nacional para el TPS (TPS Alliance) poco después de hacerse público el fallo judicial, en la que tildó a Trump de «racista» y anunció que continuarán tomando acciones legales contra la eliminación del programa para los cuatro países. «Las declaraciones viles del presidente sobre los titulares de TPS dejaron perfectamente en claro que su Administración actuó con motivo racial. La Constitución no permite que la política sea impulsada por racismo», agregó el abogado.
El representante de ACLU insistió en esta idea después de que los magistrados del Noveno Circuito descartan que detrás de la decisión del Gobierno de Trump -de acabar con esas protecciones- existiera discriminación racial, uno de los argumentos de la parte denunciante.
Por su parte, una activista salvadoreña beneficiada por el TPS y miembro del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar «devastada» por el fallo judicial, aunque aseguró que «las motivaciones racistas de Trump no ganarán esta partida». Además, instó al Congreso estadounidense a actuar para protegerla a ella y a todos los amparados por el TPS que viven «en la incertidumbre porque su situación legal está en debate».
Fuente: DW