Así, ha ordenado bloquear sus activos en territorio comunitario y prohibir sus viajes a la UE, recalcando que «usará sus instrumentos para apoyar una salida pacífica, democrática y negociada a la crisis política que vive Nicaragua».
La Unión Europea pretende que el Gobierno de Ortega cumpla el acuerdo alcanzado con la oposición en 2019 y que lleve a cabo las reformas necesarias para garantizar unas elecciones libres en 2021.
Más de 300 personas murieron y miles fueron detenidas por la represión de las protestas contra Ortega que estallaron en abril de 2018 para exigir la «democratización» de Nicaragua. Tras un primer acercamiento que permitió liberar a decenas de presos políticos, el diálogo quedó estancado en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado, coincidiendo con el segundo aniversario de las protestas, que Nicaragua sufre «una quinta etapa de represión estatal» dirigida a «suspender o limitar la defensa de los derechos», en particular, «los derechos a la reunión y a la libertad de expresión y a ejercer la protesta social».
Fuente: Diario las Américas