Por otra parte, el vocero resaltó que el objetivo de la administración de Biden es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela, mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
El funcionario señaló que Estados Unidos está comprometido en trabajar multilateralmente para aumentar el consenso internacional a favor de elecciones libres y justas en Venezuela.
Luego de la designación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de una Asamblea Nacional ilegítima, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también rechazó las acciones de la dictadura de Nicolás Maduro, que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de los Poderes políticos del Estado.
El Consejo Permanente de la OEA en su Resolución CP/RES. 1164, aprobada el 9 de diciembre de 2020, rechazó las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, no reconoció sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.
Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara.
Asimismo, y en consecuencia, la Secretaría General de la OEA condena las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura. Estas acciones también constituyen un claro apoyo a la dictadura y sus crímenes, contribuyendo a la profundización de la crisis política, social y económica en el país.
El líder opositor Juan Guaidó rechazó en Twitter la forma en que se dio el proceso de selección de los nuevos directores y afirmó que “las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán los mismas que en el 2018 y 2020: Arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”.
Los analistas dicen que quedan por delante una serie de obstáculos antes de que Venezuela vuelva a la senda democrática y se cumplan las demandas de la oposición para que participe en las elecciones de alcaldes y gobernadores que la administración de Maduro quiere celebrar a finales de 2021.
Incluyen actualizar el registro de votantes, revertir la prohibición de participación de algunos de los candidatos más populares de la oposición y restaurar el control de tres de las cuatro principales fuerzas opositoras, que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, pasó a disidentes opositores, que han sido señalados de tener vínculos con el régimen.
Fuente: Diario las Américas