El gobierno estadounidense detuvo a casi 19.000 menores migrantes que cruzaron la frontera sur sin compañía de un adulto durante marzo, informaron el jueves las autoridades, lo que representa la cifra mensual más alta de la que se tenga registro y una enorme prueba para el presidente Joe Biden.
El aumento obedece a la políticia de flexibilidad de la administración Biden. Coincide con la decisión del gobierno de «exceptuar» a los menores no acompañados de la norma —impuesta a raíz de la pandemia— de expulsar a la gente sin darle la oportunidad de pedir asilo. En lugar de ser expulsados del país, los niños son entregados a patrocinadores, en general sus padres o familiares cercanos, mientras se procesan sus casos en los tribunales de inmigración.
La Patrulla Fronteriza halló a 18.663 niños no acompañados durante marzo, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), muy por encima de los récords anteriores de 11.475 en mayo de 2019 y 10.620 en junio de 2014. La Patrulla Fronteriza empezó a difundir las cifras en 2009. Antes de eso, la mayoría de los cruces eran de adultos.
El conteo de marzo prácticamente duplicó la cifra de menores sin compañía adulta que encontró la Patrulla Fronteriza durante febrero, y es cinco veces superior a la cifra de marzo de 2020.
El enorme aumento en la llegada de niños que viajan solos —algunos de los cuales tienen apenas 3 años— y de familias ha sometido a fuertes presiones a los centros de detención fronterizos, los cuales no deben tener a la gente detenida por más de tres días, aunque frecuentemente lo hacen. El gobierno ha buscado con premura espacio y personal para cuidar de los niños hasta entregarlos a sus patrocinadores.
Muchos consideran que un huracán que azotó Centroamérica en noviembre agravó una situación ya afectada por la pobreza endémica y la violencia que reina desde hace décadas en la región. Los cambios en las políticas federales desde que Biden asumió la presidencia también han influido en la decisión de los migrantes de emprender el camino hacia Estados Unidos.
Hermelindo Ak, un agricultor guatemalteco que apenas gana lo suficiente para alimentar a su familia, fue expulsado a México desde Rio Grande Valley, Texas, junto con su hijo de 17 años. Ak decidió enviar a su hijo solo en un segundo intento, después de enterarse de que los menores sin compañía de un adulto pueden quedarse en Estados Unidos. Ak, de 40 años, dijo que regresaría a Guatemala con familiares después que vendió su casa para pagarles a los traficantes. El plan es que su hijo mayor viva con familiares en Estados Unidos.
“No quise dejarlo solo», dijo Ak la semana pasada desde la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa. «La necesidad nos obliga.”
Debido al incremento en el número de migrantes, más de 4.000 personas se encuentran hacinadas en un centro de detención de la CBP en Donna, Texas, que está diseñado para alojar a 250 personas únicamente. Los jóvenes migrantes se acuestan en colchonetas separadas apenas por unos cuántos centímetros y se tapan con mantas isotérmicas.
La CBP debe transferir a los menores sin compañía adulta en un plazo de 72 horas a custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), cuyas instalaciones son más adecuadas para la permanencia a largo plazo en lo que se llevan a cabo los arreglos para dejarlos en libertad. Más de 2.000 niños habían sido detenidos por un plazo mayor al establecido en la instalación de Donna la semana pasada, y 39 de ellos llevaban en el lugar al menos dos semanas.
El HHS abrió su primer centro temporal en Carrizo Springs, Texas, el 22 de febrero, y desde entonces ha cerrado una serie de acuerdos para ocupar lugares de gran capacidad cerca de la frontera, incluyendo centros de convenciones en Dallas y San Diego, un estadio en San Antonio y la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas. La agencia también ha pagado los vuelos de niños y patrocinadores para limitar el tiempo que pasan bajo custodia del gobierno.
En general, la Patrulla Fronteriza tuvo 168.195 encuentros con migrantes en la frontera sur durante marzo, su mes de mayor actividad desde marzo de 2001, cuando se registraron 170.580 arrestos. Las cifras no son del todo comparables debido a que más de la mitad de los encuentros del mes pasado resultaron en una expulsión en apego a los poderes relacionados con la pandemia establecidos durante el gobierno del expresidente Donald Trump, los cuales Biden ha mantenido vigentes.
Las personas que son expulsadas muy posiblemente lo intenten de nuevo, debido a que no enfrentan consecuencias legales.
A diferencia de las expulsiones, las personas arrestadas por violar las leyes de inmigración podrían ser enviadas a prisión, procesadas judicialmente por reincidencia y podría negárseles la entrada al país de manera legal, mediante el matrimonio o por otras vías. Funcionarios del gobierno federal señalaron que el 28% de las expulsiones durante marzo fueron de personas que ya habían sido expulsadas previamente. En comparación, la tasa de reincidencia fue del 7% para el periodo de 12 meses que concluyó en septiembre de 2019, antes de la pandemia.
La Patrulla Fronteriza tuvo 52.904 encuentros con personas que llegaron en familia y sólo cerca del 30% fueron expulsadas, mientras que al resto se le permitió permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
La negativa de México a aceptar a familias de centroamericanos con niños menores de 6 años debido a una nueva ley en contra de la detención de familias de migrantes ha limitado la efectividad de las expulsiones, aseguraron funcionarios del gobierno. México es particularmente renuente a aceptar familias con niños pequeños en el estado de Tamaulipas, que colinda con Rio Grande Valley, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales.
Eso significa que cientos de migrantes pasan por las estaciones de autobuses en localidades fronterizas de Texas como McAllen y Brownsville en camino a su destino final en Estados Unidos. Para ahorrar tiempo, el mes pasado la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar a las familias de inmigrantes —alrededor de 9.600 personas hasta el martes, según el representante federal Henry Cuellar— sin darles una cita de comparecencia ante la corte, y en lugar de ello les dice que deben reportarse a una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en un plazo de 60 días.
Las cifras aumentaron considerablemente durante el último año del gobierno de Trump y se han acelerado en los primeros meses de la presidencia de Biden, quien no tardó en anular muchas de las políticas de su predecesor, incluyendo la de obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México la fecha de su audiencia en una corte de Estados Unidos.
Los mexicanos representaron la mayor proporción de los encuentros de la Patrulla Fronteriza, y casi todos ellos eran adultos solos. Los migrantes procedentes de Honduras y Guatemala se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, y más de la mitad de ellos eran familias o niños que viajaban sin compañía.
Fuente: Diario las Américas
El conteo de marzo prácticamente duplicó la cifra de menores sin compañía adulta que encontró la Patrulla Fronteriza durante febrero, y es cinco veces superior a la cifra de marzo de 2020.
El enorme aumento en la llegada de niños que viajan solos —algunos de los cuales tienen apenas 3 años— y de familias ha sometido a fuertes presiones a los centros de detención fronterizos, los cuales no deben tener a la gente detenida por más de tres días, aunque frecuentemente lo hacen. El gobierno ha buscado con premura espacio y personal para cuidar de los niños hasta entregarlos a sus patrocinadores.
Muchos consideran que un huracán que azotó Centroamérica en noviembre agravó una situación ya afectada por la pobreza endémica y la violencia que reina desde hace décadas en la región. Los cambios en las políticas federales desde que Biden asumió la presidencia también han influido en la decisión de los migrantes de emprender el camino hacia Estados Unidos.
Hermelindo Ak, un agricultor guatemalteco que apenas gana lo suficiente para alimentar a su familia, fue expulsado a México desde Rio Grande Valley, Texas, junto con su hijo de 17 años. Ak decidió enviar a su hijo solo en un segundo intento, después de enterarse de que los menores sin compañía de un adulto pueden quedarse en Estados Unidos. Ak, de 40 años, dijo que regresaría a Guatemala con familiares después que vendió su casa para pagarles a los traficantes. El plan es que su hijo mayor viva con familiares en Estados Unidos.
“No quise dejarlo solo», dijo Ak la semana pasada desde la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa. «La necesidad nos obliga.”
Debido al incremento en el número de migrantes, más de 4.000 personas se encuentran hacinadas en un centro de detención de la CBP en Donna, Texas, que está diseñado para alojar a 250 personas únicamente. Los jóvenes migrantes se acuestan en colchonetas separadas apenas por unos cuántos centímetros y se tapan con mantas isotérmicas.
La CBP debe transferir a los menores sin compañía adulta en un plazo de 72 horas a custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), cuyas instalaciones son más adecuadas para la permanencia a largo plazo en lo que se llevan a cabo los arreglos para dejarlos en libertad. Más de 2.000 niños habían sido detenidos por un plazo mayor al establecido en la instalación de Donna la semana pasada, y 39 de ellos llevaban en el lugar al menos dos semanas.
El HHS abrió su primer centro temporal en Carrizo Springs, Texas, el 22 de febrero, y desde entonces ha cerrado una serie de acuerdos para ocupar lugares de gran capacidad cerca de la frontera, incluyendo centros de convenciones en Dallas y San Diego, un estadio en San Antonio y la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas. La agencia también ha pagado los vuelos de niños y patrocinadores para limitar el tiempo que pasan bajo custodia del gobierno.
En general, la Patrulla Fronteriza tuvo 168.195 encuentros con migrantes en la frontera sur durante marzo, su mes de mayor actividad desde marzo de 2001, cuando se registraron 170.580 arrestos. Las cifras no son del todo comparables debido a que más de la mitad de los encuentros del mes pasado resultaron en una expulsión en apego a los poderes relacionados con la pandemia establecidos durante el gobierno del expresidente Donald Trump, los cuales Biden ha mantenido vigentes.
Las personas que son expulsadas muy posiblemente lo intenten de nuevo, debido a que no enfrentan consecuencias legales.
A diferencia de las expulsiones, las personas arrestadas por violar las leyes de inmigración podrían ser enviadas a prisión, procesadas judicialmente por reincidencia y podría negárseles la entrada al país de manera legal, mediante el matrimonio o por otras vías. Funcionarios del gobierno federal señalaron que el 28% de las expulsiones durante marzo fueron de personas que ya habían sido expulsadas previamente. En comparación, la tasa de reincidencia fue del 7% para el periodo de 12 meses que concluyó en septiembre de 2019, antes de la pandemia.
La Patrulla Fronteriza tuvo 52.904 encuentros con personas que llegaron en familia y sólo cerca del 30% fueron expulsadas, mientras que al resto se le permitió permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
La negativa de México a aceptar a familias de centroamericanos con niños menores de 6 años debido a una nueva ley en contra de la detención de familias de migrantes ha limitado la efectividad de las expulsiones, aseguraron funcionarios del gobierno. México es particularmente renuente a aceptar familias con niños pequeños en el estado de Tamaulipas, que colinda con Rio Grande Valley, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales.
Eso significa que cientos de migrantes pasan por las estaciones de autobuses en localidades fronterizas de Texas como McAllen y Brownsville en camino a su destino final en Estados Unidos. Para ahorrar tiempo, el mes pasado la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar a las familias de inmigrantes —alrededor de 9.600 personas hasta el martes, según el representante federal Henry Cuellar— sin darles una cita de comparecencia ante la corte, y en lugar de ello les dice que deben reportarse a una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en un plazo de 60 días.
Las cifras aumentaron considerablemente durante el último año del gobierno de Trump y se han acelerado en los primeros meses de la presidencia de Biden, quien no tardó en anular muchas de las políticas de su predecesor, incluyendo la de obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México la fecha de su audiencia en una corte de Estados Unidos.
Los mexicanos representaron la mayor proporción de los encuentros de la Patrulla Fronteriza, y casi todos ellos eran adultos solos. Los migrantes procedentes de Honduras y Guatemala se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, y más de la mitad de ellos eran familias o niños que viajaban sin compañía.
Fuente: Diario las Américas