Estados Unidos celebró el martes las sanciones anunciadas por la Unión Europea contra seis altos funcionarios de Nicaragua y aseguró que está “dispuesto a aumentar la presión” sobre el gobierno de Daniel Ortega para forzarlo a realizar elecciones libres y excarcelar a casi un centenar de “presos políticos”.
Así lo informó el subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Jon Piechowski, en una conferencia telefónica desde Washington con un grupo de periodistas en Managua. El funcionario también habló de la pandemia del coronavirus como “un peligro adicional” para los nicaragüenses.
“Es muy alentador lo que la Unión Europea hizo ayer, sancionar a seis oficiales responsables de violaciones de derechos humanos. Es muy importante que todos los países democráticos alcen la voz juntos para aislar al régimen de Ortega. Esas sanciones son una muestra muy clara y concreta de este primer paso”, afirmó el funcionario.
En el caso de Estados Unidos, “estamos dispuestos a aumentar la presión, aplicando más sanciones no sólo a individuos ligados a Ortega sino también a entidades que facilitan la represión”, agregó.
Piechowsky recordó que hasta ahora Washington ha sancionado a 18 funcionarios y allegados a Ortega -incluidos su esposa y dos de sus hijos- y a seis entidades públicas de Nicaragua como la Policía Nacional, señalada por organismos de derechos humanos de cometer crímenes contra manifestantes en 2018.
En junio de 2019, Canadá se sumó a Estados Unidos sancionando a nueve altos funcionarios del gobierno de Managua.
Consultado por AP sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, Piechowsky dijo tener información “muy escasa” al respecto. “Cuando las autoridades niegan datos públicos es aún más difícil saber cómo está la pandemia”, agregó.
El gobierno de Nicaragua ha informado cinco fallecidos por COVID-19 y 16 personas bajo “cuido y monitoreo”, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud divulgado el martes.
Sin embargo, el no gubernamental Observatorio Ciudadano, reportaba hasta el fin de semana más de 430 supuestos contagios en base a datos extraoficiales. Ortega desautorizó a ese grupo y a la campaña independiente “Quédate en casa”, señalando que se trata “de los mismos que quisieron destruir al país en 2018” aludiendo a los líderes de las protestas sociales.
Piechowsky recordó que el 18 de abril el secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó “la ausencia absoluta de reconocimiento del régimen de Ortega del peligro de la pandemia y la falta de medidas responsables para contenerla”, como parte de la crisis que enfrenta Nicaragua.
“Nosotros no hemos terminado y no terminaremos con las medidas que tenemos hasta que veamos pasos concretos de parte de Ortega que incluyan la salida sin condiciones de todos los presos políticos de las cárceles nicaragüenses y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas”, afirmó.
Esta semana la opositora Alianza Cívica elevó de 70 a 93 la cifra de personas encarceladas por manifestarse contra el gobierno.
“También estamos hablando de la importancia del respeto de los derechos humanos y la libertad de la prensa es clave. No se pueden celebrar elecciones libres y justas si la prensa no puede informar y si los ciudadanos no pueden expresarse. Hasta que no veamos esas condiciones, nosotros estamos perfectamente dispuestos a seguir sancionando”, insistió Piechowsky.
Aunque el régimen nicaragüense no reaccionó oficialmente al anuncio de la UE, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, pareció aludir el martes a las sanciones al referirse a “la pandemia del odio” y fustigar a “los imperios que se han erigido a costa de la muerte de miles de personas”.
“Frente a la pandemia de odio, Dios nos protege y nos seguirá protegiendo”, agregó Murillo.
Murillo enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos que se han sido calificados como crímenes de lesa humanidad por investigaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, tras el asesinato de más de 300 personas durante la ola represiva del régimen.
Fuente: Diario las Américas
En el caso de Estados Unidos, “estamos dispuestos a aumentar la presión, aplicando más sanciones no sólo a individuos ligados a Ortega sino también a entidades que facilitan la represión”, agregó.
Piechowsky recordó que hasta ahora Washington ha sancionado a 18 funcionarios y allegados a Ortega -incluidos su esposa y dos de sus hijos- y a seis entidades públicas de Nicaragua como la Policía Nacional, señalada por organismos de derechos humanos de cometer crímenes contra manifestantes en 2018.
En junio de 2019, Canadá se sumó a Estados Unidos sancionando a nueve altos funcionarios del gobierno de Managua.
Consultado por AP sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, Piechowsky dijo tener información “muy escasa” al respecto. “Cuando las autoridades niegan datos públicos es aún más difícil saber cómo está la pandemia”, agregó.
El gobierno de Nicaragua ha informado cinco fallecidos por COVID-19 y 16 personas bajo “cuido y monitoreo”, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud divulgado el martes.
Sin embargo, el no gubernamental Observatorio Ciudadano, reportaba hasta el fin de semana más de 430 supuestos contagios en base a datos extraoficiales. Ortega desautorizó a ese grupo y a la campaña independiente “Quédate en casa”, señalando que se trata “de los mismos que quisieron destruir al país en 2018” aludiendo a los líderes de las protestas sociales.
Piechowsky recordó que el 18 de abril el secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó “la ausencia absoluta de reconocimiento del régimen de Ortega del peligro de la pandemia y la falta de medidas responsables para contenerla”, como parte de la crisis que enfrenta Nicaragua.
“Nosotros no hemos terminado y no terminaremos con las medidas que tenemos hasta que veamos pasos concretos de parte de Ortega que incluyan la salida sin condiciones de todos los presos políticos de las cárceles nicaragüenses y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas”, afirmó.
Esta semana la opositora Alianza Cívica elevó de 70 a 93 la cifra de personas encarceladas por manifestarse contra el gobierno.
“También estamos hablando de la importancia del respeto de los derechos humanos y la libertad de la prensa es clave. No se pueden celebrar elecciones libres y justas si la prensa no puede informar y si los ciudadanos no pueden expresarse. Hasta que no veamos esas condiciones, nosotros estamos perfectamente dispuestos a seguir sancionando”, insistió Piechowsky.
Aunque el régimen nicaragüense no reaccionó oficialmente al anuncio de la UE, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, pareció aludir el martes a las sanciones al referirse a “la pandemia del odio” y fustigar a “los imperios que se han erigido a costa de la muerte de miles de personas”.
“Frente a la pandemia de odio, Dios nos protege y nos seguirá protegiendo”, agregó Murillo.
Murillo enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos que se han sido calificados como crímenes de lesa humanidad por investigaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, tras el asesinato de más de 300 personas durante la ola represiva del régimen.
Fuente: Diario las Américas