El presidente de Honduras fue socio en un laboratorio de cocaína que fabricó toneladas de droga para enviarla a EEUU, aseguró el viernes un fiscal de Nueva York en un juicio por narcotráfico que aborda la corrupción arraigada al más alto nivel político en el país centroamericano.
Los fiscales de la corte federal de Manhattan aseguran que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue socio en el tráfico de drogas del acusado Geovanny Fuentes Ramírez y de su hermano Tony Hernández, declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019. Y aunque no lo han inculpado, a lo largo del proceso de dos semanas insistieron en su participación en la conspiración.
«Juan Orlando Hernández no solo quería el efectivo del acusado (en sobornos), quería acceso a la cocaína del acusado (…) para poder exportarla» a EEUU a través de Puerto Cortés, el mayor puerto hondureño, cercano al laboratorio de cocaína instalado en Cerro Negro, dijo el fiscal Michael Lockard en su alegato de clausura del juicio de Fuentes.
El fiscal dijo que el intermediario entre el presidente y Fuentes era su hermano Tony.
«Tony Hernández, como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, que aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros, es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales», dijo Lockard.
Afirmó que «Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Pepe Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez que se convirtió en vicepresidente y a muchos otros».
El presidente de Honduras niega todas las acusaciones y asegura que combatió con gran éxito el narcotráfico desde que asumió el cargo en 2014.
El fiscal Lockard afirmó que el laboratorio de cocaína, ubicado cerca de la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, no fue cerrado tras su allanamiento en 2011, como se presumió en la época, sino que siguió operando después de 2013.
Recordó que en la operación policial realizada en 2011 no se hallaron drogas, pues el acusado fue alertado del allanamiento, y que luego Fuentes secuestró, torturó y asesinó junto con su socio Melvin «Metro» Sandres al policía que dirigió el operativo.
«El laboratorio no cerró porque el acusado llegó a un acuerdo con Juan Orlando Hernández y su hermano (…) para que siguiera funcionando», dijo Lockard. «Había demasiado dinero en juego».
En su alegato final, el abogado de la defensa Avi Moskowitz atacó duramente la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno, sobre todo del exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado el asesinato de 78 personas y enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel.
«Ese hombre tiene que ser la persona más vil y despreciable que cualquiera de nosotros haya conocido en cualquier ámbito de la vida. Y esa es la persona que el gobierno puso en el banquillo de los testigos, y a quien pidió creer más allá de toda duda razonable. Un hombre que no tiene moral, no tiene escrúpulos y probablemente no tiene alma», dijo Moskowitz.
También dijo que el gobierno no ha mostrado videos, fotos, informes policiales o forenses u otras pruebas que garanticen la culpabilidad del acusado.
«La conclusión es que no hay pruebas de ningún trato corrupto con todos esos policías y políticos», aseveró.
Los fiscales aseguran que el acusado eliminó pruebas como mensajes de texto y WhatsApp, pero destacan que tenía el contacto de Hernández y de muchos otros políticos y policías en su teléfono celular, y que en dos oportunidades buscó cómo conducir a la casa presidencial en la aplicación Waze, justo después de que fiscales estadounidenses presentaran ante la justicia documentos claves en el caso contra Tony Hernández.
«Las pruebas en el juicio han mostrado que el acusado es exactamente quienes dijimos que era, un narco violento que distribuyó montos masivos de cocaína y cometió actos de corrupción y asesinatos», sostuvo por su lado el fiscal Jacob Gutwillig.
Fuentes, detenido hace un año en Miami, es acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas. El jurado comenzó a deliberar su veredicto el viernes y seguirá haciéndolo el lunes próximo.
La sentencia de Tony Hernández, acusado de traficar 185 toneladas de cocaína a EEUU, está prevista para el 30 de marzo.
Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014), fue sentenciado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por el tráfico de 1,4 toneladas de cocaína a EEUU.
Fuente: Diario las Américas
El fiscal dijo que el intermediario entre el presidente y Fuentes era su hermano Tony.
«Tony Hernández, como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando, que aceptó sobornos del dinero de la droga de Los Cachiros, es el hombre que envió kilos de cocaína con sus iniciales», dijo Lockard.
Afirmó que «Los Cachiros pagaron enormes sumas de dinero a presidentes y candidatos presidenciales: a Juan Orlando Hernández, a su predecesor Pepe Lobo, a su predecesor Manuel Zelaya, a Ricardo Álvarez que se convirtió en vicepresidente y a muchos otros».
El presidente de Honduras niega todas las acusaciones y asegura que combatió con gran éxito el narcotráfico desde que asumió el cargo en 2014.
El fiscal Lockard afirmó que el laboratorio de cocaína, ubicado cerca de la ciudad de Choloma, en el norte de Honduras, no fue cerrado tras su allanamiento en 2011, como se presumió en la época, sino que siguió operando después de 2013.
Recordó que en la operación policial realizada en 2011 no se hallaron drogas, pues el acusado fue alertado del allanamiento, y que luego Fuentes secuestró, torturó y asesinó junto con su socio Melvin «Metro» Sandres al policía que dirigió el operativo.
«El laboratorio no cerró porque el acusado llegó a un acuerdo con Juan Orlando Hernández y su hermano (…) para que siguiera funcionando», dijo Lockard. «Había demasiado dinero en juego».
En su alegato final, el abogado de la defensa Avi Moskowitz atacó duramente la credibilidad de los testigos cooperantes del gobierno, sobre todo del exjefe del cartel Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado el asesinato de 78 personas y enfrenta una pena de cadena perpetua más 30 años de cárcel.
«Ese hombre tiene que ser la persona más vil y despreciable que cualquiera de nosotros haya conocido en cualquier ámbito de la vida. Y esa es la persona que el gobierno puso en el banquillo de los testigos, y a quien pidió creer más allá de toda duda razonable. Un hombre que no tiene moral, no tiene escrúpulos y probablemente no tiene alma», dijo Moskowitz.
También dijo que el gobierno no ha mostrado videos, fotos, informes policiales o forenses u otras pruebas que garanticen la culpabilidad del acusado.
«La conclusión es que no hay pruebas de ningún trato corrupto con todos esos policías y políticos», aseveró.
Los fiscales aseguran que el acusado eliminó pruebas como mensajes de texto y WhatsApp, pero destacan que tenía el contacto de Hernández y de muchos otros políticos y policías en su teléfono celular, y que en dos oportunidades buscó cómo conducir a la casa presidencial en la aplicación Waze, justo después de que fiscales estadounidenses presentaran ante la justicia documentos claves en el caso contra Tony Hernández.
«Las pruebas en el juicio han mostrado que el acusado es exactamente quienes dijimos que era, un narco violento que distribuyó montos masivos de cocaína y cometió actos de corrupción y asesinatos», sostuvo por su lado el fiscal Jacob Gutwillig.
Fuentes, detenido hace un año en Miami, es acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas. El jurado comenzó a deliberar su veredicto el viernes y seguirá haciéndolo el lunes próximo.
La sentencia de Tony Hernández, acusado de traficar 185 toneladas de cocaína a EEUU, está prevista para el 30 de marzo.
Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014), fue sentenciado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por el tráfico de 1,4 toneladas de cocaína a EEUU.
Fuente: Diario las Américas