“A mí me decían todos en Reynosa que no iba a pasar por el motivo que el menor que yo traía era mayor”, continuó. “Pero yo dije, yo me la voy a jugar”.
Mientras los migrantes enfrentan incertidumbre sobre a quién se le permite quedarse y a quién no, el gobierno del presidente Joe Biden está reestructurando la manera en que utiliza una medida relacionada con la pandemia conocida como Título 42, en honor a la sección de una poco conocida ley de 1944 que invocó el expresidente Donald Trump para poner fin al asilo en momentos en que las autoridades de salud buscaban la manera de evitar la propagación del coronavirus.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) confirmó el martes que implementaría medidas para relajar más las restricciones al asilo que durante más de un año han hecho que las autoridades fronterizas expulsen del país de manera expedita a los adultos solos y a muchas familias de migrantes con hijos mayores. A diferencia de Trump, Biden ha permitido que los menores sin compañía de un adulto permanezcan en el país, lo que ha propiciado una ola de menores ingresando a Estados Unidos, y el incremento del tráfico humano con niños, en muchos casos dejados abandonados por los «coyotes» en medio del desierto.
La relajación de las medidas migratorias ha provocado una crisis en la frontera, de la que poco habla el gobierno, pero en abril 22 mil menores se encontraban en manos del gobierno, mientras invierte miles de millones de dólares en la atención y cuido de migrantes de los miles de inmigrantes que están ingresando al país.
Más cruces en la frontera
El gobierno de Biden acordó permitir eventualmente el ingreso de unas 250 personas cada día por los cruces en la frontera con México para que soliciten refugio en Estados Unidos. El DHS señaló que “trabaja para optimizar un sistema para identificar y procesar legalmente a los individuos particularmente vulnerables que ameriten excepciones por motivos humanitarios bajo la orden del Título 42”. A esas personas se les permitirá solicitar protección humanitaria a través de un consorcio de organizaciones no gubernamentales una vez que se les practiquen pruebas diagnósticas de COVID-19.
Alrededor de 2.000 personas ya han quedado exentas de la expulsión y se les ha permitido ingresar al país para solicitar asilo y otras formas de protección, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.
“Aunque se espera que estas concesiones salven vidas, no sustituyen a la eliminación del Título 42 y la plena restauración del proceso de asilo”, apuntó.
El gobierno también dejó de trasladar vía aérea a las familias de migrantes desde Rio Grande Valley —el corredor con más cruces fronterizos ilegales— a ciudades como El Paso y San Diego para ser expulsadas desde ahí a México. Estados Unidos puede reanudar los vuelos “si considera que las circunstancias lo ameritan”, informaron ambas partes.
El DHS indicó en un comunicado que los vuelos se suspendieron inicialmente por “necesidades operativas” y que las negociaciones resultaron en una “suspensión continua”.
Funcionarios del gobierno han insistido en que los poderes relacionados con la pandemia se mantienen en vigor por motivos de salud pública, pero no han sido claros sobre el sistema de asilo “humano” que Biden prometió durante su campaña. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a legisladores la semana pasada que se necesita mejorar el sistema.
Los más de 173.000 encuentros de la Patrulla Fronteriza con migrantes en la frontera con México durante el mes de abril representan la cifra más alta desde abril de 2000, aunque los números no se pueden comparar directamente debido a que más del 60% de las personas detenidas el mes pasado fueron expulsadas. La expulsión no conlleva consecuencias legales, por lo que muchas personas realizan múltiples intentos de ingresar al país.
Las autoridades encontraron a 17.171 menores que cruzaron sin compañía de un adulto durante abril, la cifra más alta desde que el mes previo se impuso un máximo histórico con 18.960.
Además, se encontró a unas 50.000 personas que viajaban en familias en abril. Una de cada tres familias fue expulsada a México. Al resto se les permitió permanecer en Estados Unidos para solicitar asilo.
Fuente: Diario las Américas