Como resultado de la medida, todos los bienes de los tres comisionados y la entidad que se encuentren en Estados Unidos o en poder o control de estadounidenses quedan bloqueados.
En cuanto a la Policía Nacional, el texto señala que es «responsable o cómplice, o partícipe directa o indirectamente, en graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua», además de «ser responsable o cómplice (…) de ordenar, controlar o instruir de otra forma (…) actos significativos de violencia o conductas que constituyen abusos graves o violaciones de Derechos Humanos contra personas vinculadas a las manifestaciones» de 2018.
Según el Tesoro estadounidense, la Policía nicaragüense es «responsable de usar municiones reales contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros».
Asimismo, el departamento que lidera Mnuchin argumentó que «las fuerzas parapoliciales, un grupo paramilitar integrado por voluntarios que suelen ser agentes de la Policía Nacional vestidos de civil, operan con impunidad siguiendo instrucciones» del cuerpo.
En este sentido, destacó que, en julio de 2018, la Policía y las fuerzas parapoliciales «llevaron adelante la ‘Operación Limpieza’ para reprimir a manifestantes y despejar barricadas en las calles, con un saldo de cerca de 100 personas muertas».
En cuanto a los comisionados designados, el Departamento del Tesoro indicó que son objeto de sanciones por ser autoridades la Policía Nacional, «una entidad que (…) ha cometido graves violaciones de Derechos Humanos» en Nicaragua, también en el marco de las protestas de 2018.
La Policía Nacional es dirigida por el comisionado general Francisco Díaz, el consuegro de Daniel Ortega, y ha convertido esa institución en un cuerpo del izquierdista partido Frente Sandinista.
Fuente: Diario las Américas