Lenín Moreno llegó al poder en 2017 y descubrió que “la mesa servida” que había heredado de su predecesor en la presidencia de Ecuador, Rafael Correa, era en realidad un agujero de deudas mucho mayor del que registraban las estadísticas oficiales, según denunció entonces. Ahora, el mandatario latinoamericano está a medio año de salir de Carondelet y deja como legado un acuerdo recién firmado con el Fondo Monetario Internacional que marcará la política económica del presidente que salga de las urnas en 2021.
De los 6.500 millones de dólares que desembolsará el FMI en un préstamo a 10 años, el primer tramo de 4.000 millones de dólares llegará este año para ayudar a capear la crisis económica y sanitaria exacerbada por la covid-19. Otros 1.500 millones de dólares se enviarán en 2021 y los últimos 1.000 millones, en 2022. Sin embargo, las medidas más fuertes de ajuste recaerán en el próximo gobierno.
Ecuador se ha comprometido con el FMI a subir tres puntos el Impuesto al Valor Agregado, de un 12 a un 15 %, como parte de una reforma tributaria “amigable con el crecimiento” que también toca al Impuesto a la Renta y al de Sociedades. El objetivo es aumentar la recaudación en un monto equivalente a un 2,52 % del Producto Interior Bruto nacional, esto es, más de 2.500 millones de dólares al año. Según el Fondo, los ingresos fiscales del país andino son “bajos” en comparación con el estándar regional, debido a las tasas reducidas y a la limitada base de contribuyentes. Por lo que recomienda una “reforma fiscal ambiciosa, inteligente y progresiva” que también reduce exoneraciones y que apunta a las bandas salariales superiores. Se estructurará en el último trimestre del próximo año para que empiece a aplicarse en 2022, según recoge el informe del FMI.
“La duración del programa de 27 meses fue diseñada para asegurar que la nueva administración pueda desarrollar su propio plan de reformas”, defiende Ceyda Oner, jefa de la misión en Ecuador del FMI en un comunicado publicado a modo de entrevista en la página web del organismo. “En los casos en que los programas se extienden a través de las elecciones, es una práctica estándar del FMI comprometerse con una amplia gama de candidatos presidenciales. Todos los candidatos con los que nos reunimos apreciaron el apoyo del Fondo en estos tiempos difíciles”, matizó la representante del Fondo, a sabiendas de que Lenín Moreno no buscará la reelección. Las dos tendencias políticas con mayores opciones en las urnas son la de la derecha liberal de Guillermo Lasso, que intenta por tercera vez alcanzar la Presidencia, y la de binomio de Andrés Arauz, abanderado por el expresidente Rafael Correa.
Dinero fresco
El préstamo del FMI permite al Estado ecuatoriano acceder inmediatamente a recursos frescos a cambio de reformas posteriores, en un momento de tal estrechez económica que el presidente Moreno salió este domingo en cadena televisada a anunciar que el Gobierno acaba de ponerse al día en el pago de sueldos a funcionarios públicos, tras meses de encadenar atrasos. Dijo también que saldará las cuentas pendientes con proveedores del Estado, con extrabajadores de las empresas públicas, con las asignaciones a los municipios pequeños y con las compensaciones de jubilados.
“Estos pagos generarán un efecto cascada para que la rueda productiva del país vuelva a girar”, confió el mandatario, tras confirmar que los primeros 2.000 millones de dólares del FMI ya estaban en las arcas públicas y que se esperan otros 650 millones de dólares del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de China.
Estas nuevas líneas de crédito se han reabierto gracias a que Ecuador llegó en agosto a un acuerdo con sus acreedores de bonos para reestructurar 17.000 millones de dólares de la deuda soberana. Los bonistas aceptaron una quita de 1.500 millones de dólares y la flexibilización de plazos y tasas. Tras la renegociación, revivió también el entendimiento con el Fondo Monetario, que había aparcado un programa anterior, firmado con Ecuador en 2019, por los incumplimientos del país y las dificultades del Gobierno de Moreno a la hora de alcanzar consensos políticos internos que garantizasen las reformas pautadas.
El FMI reconoce ahora los esfuerzos del país para enmendar esa situación, para reducir el gasto público al eliminar subsidios a la gasolina y para hacerse cargo de sus compromisos con los acreedores internacionales. El nuevo préstamo del organismo tiene una tasa del 2,9 % y cuatro años de gracia. A cambio, requiere una política de ajustes y reformas que lleve a la consolidación fiscal y estabilidad monetaria en dos años.
Según el cronograma, la actual brecha fiscal entre ingresos y gastos del Estado alcanza los 8.300 millones de dólares (casi un 9% del PIB) debe convertirse en un leve superávit del 0,6 % del PIB en 2022. Para ello, el multilateral pide más transparencia y control en el gasto público y que Ecuador meta la tijera en el rubro de salarios a través de una reducción de empleos y de sueldos más bajos. “No solo salvaguardaría las finanzas públicas, sino que también ayudaría a fortalecer la competitividad de Ecuador”, recoge la receta del multilateral.