Hugo Marcelo Balderrama,
El pasado 24 de abril, en la ciudad venezolana de Caracas, se llevó a cabo la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El ALBA es, en teoría, un bloque comercial y geopolítico destinado a contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región y promover el desarrollo de los países miembros. Sin embargo, sus fundadores (Fidel Castro y Hugo Chávez) son responsables de haber hundido a dos de las naciones más ricas de Iberoamérica en la miseria, las hambrunas y las crisis humanitarias. Ergo, poco o nada se puede hablar de inversiones, comercio, desarrollo humano o crecimiento de la economía en un bloque nacido y conformado por dictadores bananeros, no le pidamos peras al olmo.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del ALBA?
Para responder esa pregunta primero hay que describir la realidad de los países que conforman el citado bloque. Al respecto, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, en su artículo: “Cumbre del crimen organizado de las Américas con sigla ALBA en Venezuela”, afirma que:
“Los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han convertido los países que someten en narcoestados, centros de protección y exportación del crimen y se aferran al poder mediante terrorismo de Estado, que es la comisión de crímenes por parte de un gobierno con el propósito de producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían de otra forma”.
Concuerdo plenamente con Sánchez Berzaín, puesto que en más de dos décadas el socialismo del siglo XXI ha demostrado ser, en teoría, un recalentado de viejos errores, verbigracia, la centralización de la actividad económica en manos del Estado, y, en la práctica, el quebrantamiento del sistema democrático y la captura de países por parte de redes de pandilleros, gánsteres y narcotraficantes, mi natal Bolivia es el ejemplo perfecto.
Para varios asesores en temas de seguridad, entre ellos, Douglas Farah, el castrochavismo, que es otra forma como se conoce al socialismo del siglo XXI, es la culminación del sueño de Pablo Escobar y otros capos de los años 80, pues convertir al Estado en aliado y operador de los cárteles fue la gran utopía que tenía El patrón.
De hecho, durante su decenio en el poder (2007 – 2017), Rafael Correa permitió que las FARC operaran en territorio ecuatoriano con total normalidad. No obstante, la guerrilla colombiana no fue la única organización delictiva que operó con la complicidad de Correa, la pandilla conocida como Latin Kings fue tratada por el expresidente como un grupo de boy scouts y recibió una personería jurídica que la colocó en calidad de ONG.
Con todos estos antecedentes creo que queda muy claro la naturaleza delictiva y criminal del ALBA.
Entonces, la XXIII Cumbre del ALBA fue, básicamente, una reunión de emergencia para apoyar a un Nicolás Maduro que sufre más de un 90 % de repudio, a un Luis Arce Catacora que acaba de admitir que la crisis económica en Bolivia no era una cosa de «opinadores» y, téngalo por seguro, establecer un plan para desestabilizar las gestiones de Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador.
Sus mecanismos ya son conocidos: violencia callejera, ataques pandilleros de grupos indigenistas, feministas o, directamente, sicarios, y toda la operativa mediática de sus mercenarios de la comunicación. Sus aliados son ya públicos: China, Rusia e Irán.
Acá cabe una pregunta, ¿hasta cuándo los gobiernos de las naciones libres van a tolerar que estos bandidos se burlen de la justicia, entreguen sus países a organizaciones terroristas y cometan crímenes de lesa humanidad?