La firma de un convenio de colaboración policial por cinco años para combatir el crimen organizado entre el gobierno del presidente, Gabriel Boric y el régimen de Nicolás Maduro, enredó al Ejecutivo austral en contradicciones debido a la coincidencia del pacto con el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, que ocurrió en Santiago.
Aunque el subsecretario del Interior del gobierno de Chile, Manuel Monsalve y el viceministro del sistema integrado de información penal de la dictadura chavista, José Ramírez, rubricaron el convenio de 13 artículos, el pasado 18 de enero en Caracas, ahora La Moneda niega la implementación del pacto.
De acuerdo con El Líbero, Monsalve, insiste en que “el convenio no está implementado, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información entre las contrapartes, por lo tanto, todos los que han hablado, diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten”.
Versiones con contradicciones
Las declaraciones de Monsalve están bajo la presión que representa el secuestro de Ojeda para el gobierno de Boric. La hipótesis de una posible intromisión de la inteligencia chavista, como fruto del convenio policial con Maduro, tiene en problemas al Ejecutivo en un año electoral y en la víspera de la discusión de la reforma tributaria.
Además, lo conduce a contradicciones evidentes sobre el documento que rubricó en Caracas e incluye de forma clara en su artículo 10 que «el convenio se hará efectivo en la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cinco años».
Incluso, el documento precisa que las contrapartes serían la Policía de Investigaciones por parte de Chile, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cuestionado (CICPC), por parte de Venezuela.
Según Monsalve, hasta ahora ni La Moneda ni Miraflores designan a las contrapartes técnicas de contacto. Si en efecto, es así, el alto funcionario, estaría reconociendo -de forma implícita- un atraso de más de diez días en el trámite, porque los nombramientos debían concretarse hasta 15 días hábiles después de la firma del convenio, plazo que caducó el pasado 8 de febrero.
¿Es conveniente mantenerlo después de la polémica? Si la respuesta es no, darle término al convenio es posible. Cualquiera de las partes puede solicitarlo por escrito y en 30 días hábiles sería letra muerta.
Condiciones con dudas
Las condiciones del convenio también generan dudas. Si bien Monsalve dijo que el epicentro sería el combate del crimen organizado, el punto cinco del artículo tres, referido a las “acciones específicas”, señala que las partes promoverán el “mantenimiento y actualización de los listados de prófugos de la justicia”.
¿Lo hizo por adelantado el gobierno de Gabriel Boric y ahora lo niega? La pregunta surge al tener en cuenta que Ojeda huyó de la cárcel militar Ramo Verde, tras ser acusado de “traición a la patria”. Según Maduro, planificó la operación “Brazalete Blanco”, que pretendía atacar las instalaciones militares en el estado Táchira y derrocar al gobernador chavista Freddy Bernal.
Los líderes de los partidos opositores Republicanos, Chile Vamos y Demócratas tienen pocas certezas sobre el manejo del secuestro de Ojeda por el gobierno de Boric, después del convenio policial con Maduro. Ya las tres toldas se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve; así como también el ministro de Justicia, Luis Cordero. Sin embargo, la desconfianza prevalece.
Comunistas con falsas hipótesis
“Mientras subsistan en el gobierno personas que tienen esa mirada de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, es evidente que hay una contradicción” afirmó el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya.
Su mensaje alude al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien insiste en la posibilidad de “un montaje, una provocación de operaciones con intromisión de aparatos de más al norte de Venezuela, particularmente de la CIA” en el rapto de Ojeda.
Para Carmona sospechar de Maduro es “descabellado y mal intencionado” y forma parte de una campaña de un descrédito que afecta el proceso que está recién instalándose de recuperación de vínculos y de actividades conjuntas entre ambos países.
Lo cierto es que las pesquisas policiales ya identificaron a dos extranjeros que participaron en el secuestro, específicamente en el traslado de Ojeda. Además, ambos serían parte de otras investigaciones -de otros casos- en manos de las autoridades locales.