El Congreso chileno ha aprobado este miércoles una norma para endurecer las sanciones a los que infrinjan las medidas sanitarias impuestas por las autoridades durante el estado de catástrofe, que esta semana se prolongó por otros 90 días debido a la gravedad de la pandemia. Con 3.615 fallecidos y 220.628 contagios confirmados, las autoridades enfrentan una inmensa dificultad para lograr que los ciudadanos respeten medidas como las cuarentenas y toques de queda. Los parlamentarios determinaron entonces que si una persona que sabe que está infectada no respeta el aislamiento se arriesga a cinco años de cárcel y multas de hasta 15.000 dólares. Lo mismo para quienes realicen eventos, fiestas o actividades similares.
Con una modificación al Código Penal, en tanto, el Parlamento chileno aprobó aumentar el castigo hasta con tres años de cárcel de presidio efectivo para quienes no cumplan con las restricciones. Las multas van entre los 600 y los 12.500 dólares. Hasta ahora, la pena máxima era de 61 días y la multa máxima de unos 1.250 dólares. El endurecimiento de la ley apunta, además, a los empleadores que obliguen a sus subordinados a quebrar la cuarentena o un aislamiento sanitario obligatorio. Pueden ser sancionados con hasta tres años de prisión y una multa de unos 12.500 dólares por cada trabajador obligado.
Fueron parlamentarios del oficialismo de derecha los que presentaron la iniciativa, pero fue aprobada en la Cámara de Diputados esta tarde por 80 votos a favor, 64 en contra y cuatro abstenciones, con votos de la oposición y de independientes. Las nuevas normas son respaldadas por el Gobierno de Sebastián Piñera: “No puede haber contemplación con quienes están poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”, señaló el ministro de Defensa, Alberto Espina, esta mañana durante una rueda de prensa. Por la tarde, sin embargo, desde el Partido Socialista anunciaron que se recurriría al Tribunal Constitucional para evitar que se endurezcan las sanciones.
Con la pandemia desbordada, sobre todo en la capital –pero con serias complicaciones en Antofagasta, en el norte, y en Valparaíso, a unos 100 kilómetros de Santiago–, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que resulta inviable poner a la ciudad en “hibernación” como proponía el think tank Espacio Público. “Con una ciudad simplemente paralizada se puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad”, afirmó el médico que asumió el pasado sábado y que ha debido tomar el control de la crisis en uno de sus momentos de mayor complejidad. Paris, sin embargo, evitó señalar si la pandemia se encuentra en su pico –”uno no puede dar esa respuesta ahora”, señaló el ministro–, y anunció que nuevos municipios entran en cuarentena y que el Ejecutivo endurecerá las medidas para la controlar que los ciudadanos la respeten.
Los ciudadanos en régimen de confinamiento solo podrán pedir dos permisos semanales para realizar trámites excepcionales y no cinco como hasta la actualidad. La fiscalización aumentará para “las empresas que abusan de estos permisos”, explicó la subsecretaria de prevención del delito del Gobierno, Katherine Martorell, que llamó a las compañías que prestan servicios esenciales a realizar un esfuerzo mayor en disminuir la cantidad de personas que tienen trabajando.
En algunas zonas de Santiago, que se encuentra en cuarentena total desde el pasado 15 de marzo, las calles siguen llenas a diferentes horas y con altos niveles de desplazamiento. La máxima reducción de movilidad fue de un 48% al 22 de mayo, de acuerdo al informe de este miércoles de Espacio Público, pero “en lugar de bajar, están subiendo”. Para resguardar el cumplimiento de las nuevas normas se ha desplegado un amplio contingente militar y policial. Existen 70.020 efectivos en las calles, que han realizado 17,4 millones de fiscalizaciones a personas y a 6,5 millones de vehículos, según informó el ministerio de Defensa este miércoles.
Las autoridades sanitarias informaron de 4.757 casos diarios, 232 nuevos fallecidos de acuerdo a los decesos inscritos en el Registro Civil, 1.727 ingresados en hospitales y 376 personas en estado crítico, con 356 ventiladores disponibles. Como uno de los principales problemas de Chile tiene relación a la trazabilidad y aislamiento de los enfermos, el ministerio de Salud comunicó que existen 137 residencias sanitarias habilitadas con 11.301 cupos.
Con altos niveles de trabajadores informales y por cuenta propia, el Gobierno ha implementado dos planes por unos 17.105 millones de dólares, equivalentes al 6,9% del PIB, para ayudar a que las familias vulnerables se queden en sus casas. El fin de semana, además, el Ejecutivo y buena parte de la oposición acordaron un plan económico por hasta 12.000 millones de dólares de recursos frescos para la protección social y la reactivación. Es una iniciativa inédita en Latinoamérica que Chile puede permitirse dada su política de responsabilidad fiscal que han respetado gobiernos de diferentes tendencias desde hace dos décadas. Uno de sus elementos fundamentales, el Ingreso Nacional de Emergencia (IFE), fue aprobado esta tarde en la Cámara de Diputados. Llegaría a casi 2,2 millones de hogares, es decir, unos 5,6 millones de personas.