Decenas de mujeres ondean sus banderas blancas en la carretera que conduce a Santa Elena Barillas, en Guatemala. A 40 kilómetros, ya en la capital, vecinos de uno de los múltiples asentamientos situados en barrancos, también han sacado sus banderas blancas para pedir alimentos a los automovilistas que cruzan el puente El Naranjo. ‘Somos el asentamiento ‘Dios es fiel’. Ayúdanos’, reza un cartel. Nadie se ha rendido en la guerra contra el hambre en un país donde el 60 por ciento de la población vive en la pobreza o extrema pobreza.
Sin embargo, las medidas impuestas por el gobierno para frenar el coronavirus, que ha dejado hasta el momento 16 personas fallecidas y cerca de 600 infectadas, han provocado que miles de familias que viven de la economía informal se queden sin trabajo.
El toque de queda impuesto de 18.00 a 04.00 horas y la suspensión del transporte público urbano y extraurbano ha afectado, sobre todo, a quienes se dedican a vender en la calle y que han visto reducidos sus exiguos ingresos diarios en un país donde el 70 por ciento de la economía es informal.
Pese a los llamamientos del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para que la gente se quede en casa, hay personas como Jessica Arreaga que no se pueden permitir ese lujo. Cada día madruga con sus padres e hijos de 2 y 6 años para vender periódicos y lavar vehículos en un barrio acomodado de la zona 2 de Ciudad de Guatemala. «Si nos quedamos en casa, no tenemos dinero y de qué vamos a vivir, ya que, aunque vendiendo en la calle ganemos cinco quetzales (0,60 céntimos de euro), tenemos para comprar un quetzal de tortilla y una libra de sal y así salimos adelante», recalca esta joven de 22 años, que confiesa que le tiene «más miedo al hambre» que al coronavirus.
Bajo el puente El Naranjo, se apilan en un terreno sin asfaltar decenas de casas de láminas y madera de donde sobresalen trapos y banderas blancas. Allí, 85 familias, la mayoría con niños de corta edad, sobreviven sin agua potable desde que hace siete años decidieran construir este asentamiento ante la imposibilidad de pagar el alquiler de un cuarto o una casa en otras zonas de la capital. Para conseguir el agua, tan fundamental ahora para lavarse las manos y evitar el coronavirus, deben acudir a unos pozos construidos por Corea del Sur, donde hay un yacimiento que abastece a los 150 vecinos, quienes recogen el agua en cubos para beber, lavarse y cocinar.
«¿QUÉ VAMOS A COMER MAÑANA?»
En una de estas precarias viviendas, vive Candelaria Xoim, una mujer indígena del área del Quiché, junto a sus hijas de 10, 12 y 14 años. «¿Qué van a comer mis hijas si no hay trabajo ni dinero?», se pregunta. Así, reconoce que, al mediodía, no pueden comer: «me da tristeza porque a veces, no hay nada de comida», de modo que solo ingieren alimentos «a la mañana y a la noche». Xoim asegura que, tras enviudar, «no hay quien me ayude», y critica que el Gobierno pida quedarse en casa porque «¿y qué vamos a comer entonces mañana?».
Para paliar esta situación, el Ejecutivo del conservador Giammattei ha empezado a repartir en los barrios más humildes 200.000 cajas de comida con ocho productos. Sin embargo, en un país donde uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica esta ayuda resulta insuficiente. Celestino Reyes es un vecino del citado asentamiento que ha colocado una bandera blanca en su casa dado que «la verdad es que hay necesidad. Aquí hay niños que piden y no saben si hay comida», señala.
Reyes trabajaba de albañil antes de la crisis del coronavirus y «ahora mismo no hay empleo porque las personas tienen temor de que uno les pueda contagiar y no me dejan entrar a sus casas tan fácil». Admite que el Gobierno ha ayudado a algunos vecinos del asentamiento, «pero no a todos, ya que sí trajeron unas cajitas de alimentos, pero lo que pasa es que, en las casas, a veces, viven hasta tres familias y solo se las dan a una de ellas y a las otras dos no».
El Gobierno también ha prometido a partir de mayo una ayuda de 1.000 quetzales (120 euros) mensuales durante tres meses a dos millones de familias vulnerables, que tengan un consumo de energía eléctrica inferior a los 200 kWh. La población también esperaba que el Presidente sancionara el Decreto aprobado en el Congreso, que hubiera supuesto un gran alivio para muchas familias de bajos recursos, debido que impediría que por impagos se pudiera suspender la prestación de los servicios de agua, cable, luz, teléfono e internet. Sin embargo, su decisión de vetarlo el pasado martes ha supuesto un jarro de agua fría para estas familias.
Mientras llegan estas ayudas, Carla Diéguez sigue recaudando víveres junto a otras vecinas que ondean la bandera blanca en señal de ayuda para «sobrevivir en esta pandemia», ya que la mayoría de la gente del asentamiento trabaja en las calles vendiendo y «como no podemos salir, decidimos recoger comida para repartirla a cada familia».
En un país donde «están los ricos, los que medio tienen dinero, los que tienen poco y los de bajos recursos que somos los de los asentamientos, tal vez vamos a ser más solidarios», teniendo en cuenta que «mucha gente, por el alto nivel de dinero, a veces nos hacen de menos». Pese a ello, a sus 17 años, Diéguez tiene un sueño: «en mi futuro, pienso ver que todos seamos como una familia y una Guatemala unida, no importa el color de piel, ni nada por el estilo»
Fuente: El Mundo