Omar Estacio Z,
El cronista no ha sido, precisamente, un hagiógrafo de la Corte Penal Internacional, CPI.
Nuestras lectoras y lectores pueden atestiguarlo. No es de poca monta que contra sus tres Fiscales Jefes a lo largo de los 22 años de existencia de la CPI hayan pesado señalamientos de corrupción, plurales, públicos, graves, con visos de certeza. Imposible que los presuntos transgresores hayan salido impunes sin el compadrazgo de magistrados y Estados miembros de la llamada Convención de Roma.
La normativa de la citada Corte, es terminante: “Los motivos de recusación de un juez, del Fiscal Jefe o de un Fiscal Adjunto incluyen (…) el interés personal en el caso del respectivo funcionario, a través de una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional o de subordinación” (Regla 34 de Procedimiento y Evidencias).
Mutatis mutandis, las Regulaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI, ( Regulación Nº 17) y el Código de Ética del Fiscal ante la misma CPI (artículo 42) también sancionan tal clase de conductas.
En Venezuela hay al día de hoy y sin descontar los fallecidos, 327.003 abogados registrados en el Instituto de Previsión Social de nuestro gremio.
Si lo que quería la narcotiranía, por cábala, racismo, servilismo o cualquier otro motivo más innoble, era un defensor británico, le sobraba dónde escoger, en cuenta que al primer cuatrimestre de 2024, en Reino Unido, había aproximadamente 199.300 entre abogados y “solicitors”, repartidos en diversas especialidades.
¿En paralelo, sentía y sigue sintiendo, la narcotiranía, cierta concupiscencia por la abogacía española, si nos atenemos a su furor de Mesalina por tomar los servicios de cierto rábula, oriundo de la Madre Patria, que debería estar preso por prevaricador y/o por traficante de influencias a través de su mujer? Pues en España, aparte del cagatinta en cuestión, había al 1 de julio de 2023, otros 243.297 colegas, debidamente habilitados para la brega abogacil.
Tampoco es muy difícil acreditarse como defensor ante la CPI. A saber: Constancia de buena conducta; diez años, mínimo, de ejercicio profesional en el área penal, más dominio del inglés o francés, idiomas instrumentales en la referida instancia judicial. Hay muchos colegas que por defender criminales de lesa humanidad, aprenden hablar hasta mandarín.
Pero he aquí, que de ese gran total de 769.698, potenciales defensores, —atendiendo a sus referidas preferencias y a que Venezuela, ha sido el país en cuyo territorio se perpetraron sus delitos de lesa humanidad— la narcotiranía, el narcotirano y sus compinches han contratado, como defensora, los servicios abogadiles, a precio de oro, de doña Venkateswari Alagendra, cuñada ¡qué casualidad! de Karim Khan, Fiscal acusador de la CPI, por ser hermana de Dato Shyamala Alagendra, mujer del último de los nombrados.
Ante el escándalo internacional de la semana pasada cuando “The Washington Post”, dio tal primicia, el aludido Fiscal en su descargo alegó que dicha contratación, años atrás, había sido del dominio público y que ninguna de las partes del llamado “Caso Venezuela. 1” había formulado, objeción alguna. Ello, según Khan, le quitaría ilicitud a la incorporación de su hermana política al referido proceso.
¿Alguno o alguna de los centenares de miles de, madres, padres, hijos, viudas, viudos, torturados, lisiados, secuestrados, desplazados, perseguidos por el delito de ser opositor de la narcotiranía, fue informado de manera, formal, expresa, precisa del “arroz con mango” entre Kahn, como acusador y doña Venkateswari Alagendra, como defensora de los acusados? Si tal contratación era desde tiempo atrás, tan del conocimiento general ¿Como explica Khan, que la correspondiente información haya sido un “tubazo” periodístico mundial la semana pasada?
Tan o más escandaloso que el conflicto de intereses, Khan-Alagendra, ha sido el mencionado pretexto esgrimido por el primero de los nombrados. Los jueces que han actuado a lo largo del proceso, no han desmentido al Fiscal Jefe, en el sentido que estaban al corriente de la posible colusión entre los citados “cuñaditos”. Solo que ello no releva a Khan de sanciones, sino la inacción de los magistrados de la CPI, que los convierte en sus cómplices o encubridores.
¿Recusar a estas alturas a Khan? Es, quizás, lo que busca el posible recusado. Lavarse sus manos tintas en sangre compatriota, escurrirse del caso «Venezuela.1» sin acusar o sobreseer a nadie, no meterse en honduras y quizás salir muy rico al igual que sus cómplices o encubridores.
Sea como sea, la última palabra sobre recusarlo o no recursarlo, la tienen las víctimas participantes en tal proceso, no ninguna ONG, ni ningún sedicente defensor, de DD HH., salvo que lo que defienda sea la narcotiranía. El cronista, por su parte, se limita a informar algunos detalles del escándalo, de manera documentada e imparcial.
El deceso de esa enferma moral, terminal que es, hoy la CPI, parece inminente. Los únicos que podrían revivirla son sus propios dignatarios (¿O indignatarios?).
Los llama, ahora, el deber, como Dios y la ley mandan. Es la única pócima salvadora del cuasicadáver Internacional Penal de La Haya.
Urgen los libramientos de las órdenes de captura contra el Narcotirano, sus generalotes, sus jueces y fiscales verdugos, ministros, viceministros, directores de policías y de centros penitenciarios. Contra la cadena de mando completa, de arriba hasta el torturador más raso. Contra los incitadores del odio.
Paños calientes procesales como “exhortar” a la narcotiranía a “respetar el Estado de Derecho” no detienen la podredumbre.