La fiscal Sidney Powell, la otra portavoz principal, entrevistada el domingo por María Bartiromo en Fox, reconoció encontrarse «recopilando evidencias de varios denunciantes que están al tanto de importantes sumas de dinero dadas a familiares de los funcionarios estatales que compraron el software». Al ser repreguntada respondió: «En primer lugar, nunca digo nada que no pueda demostrar. En segundo lugar, las pruebas llegan tan rápido que ni siquiera puedo procesarlas todas».
Va más allá del esclarecimiento del fraude electoral
La irregularidad en el uso de sistemas informáticos gestionados desde otros países, dicho de otra manera, la intromisión extranjera en las elecciones del 3 de noviembre, no es una línea de investigación repentina ni inesperada para los abogados de Trump, siquiera para él mismo. Que Giuliani y Powell pongan el foco en Dominion y Scytl no es casual.
La muestra más sólida, clave para entender el proceso que se desarrollará en las próximas semanas a un ritmo frenético, el proceder del equipo de juristas, la actitud del presidente y, cómo no, la de sus enemigos, es la Orden Ejecutiva sobre la imposición de ciertas sanciones en el caso de interferencia extranjera en una elección en los Estados Unidos, firmada el 12 de septiembre del 2018 por Donald Trump.
El primer párrafo no deja espacio a la duda. La razón de ser de la norma es «la capacidad de personas ubicadas, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos de interferir o socavar la confianza pública en las elecciones estadounidenses, incluso mediante el acceso no autorizado a la infraestructura electoral y de campaña o la distribución encubierta de propaganda y desinformación».
Se celebraron durante un estado de emergencia nacional
El decreto, ignorado por los grandes medios de comunicación, más ocupados en influir que en informar, además de señalar la amenaza y de exponer las sanciones potenciales, declara el estado de emergencia nacional, todavía vigente desde hace más de dos años, bajo el que se celebraron las elecciones. Un cambio radical, determinante del proceso ya tan judicial como electoral en el que está inmerso el país.
La orden ejecutiva otorga al Departamento de Justicia el poder de despojar sin juicio previo, sin la presencia de un solo juez en el proceso, de «todos los bienes e intereses sobre bienes que se encuentren en los Estados Unidos, que en lo sucesivo se encuentren dentro de los Estados Unidos, o que están o en el futuro estarán en posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos» a cualquier persona extranjera por, entre otras causas, «haber participado, patrocinado, ocultado o haber sido cómplice directa o indirectamente de la interferencia extranjera en unas elecciones de los Estados Unidos; haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico» a la intromisión.
En otras palabras, el decreto permite a la Administración Trump expropiar no sólo los activos de empresarios y políticos implicados. Lo que es más importante: también nacionalizar empresas y fundaciones, por muy grandes y conocidas que puedan ser. Es un traje a su medida.
La lista de sancionados potenciales es tan extensa e incluye a personas e instituciones tan poderosas que la existencia de la orden ejecutiva explicaría la virulencia de medios y empresas tecnológicas ante toda voluntad de esclarecer el fraude, si no fuera por su saña desde años antes del 12 de septiembre de 2018. Seguramente, ya conocedores de la postura de Donald Trump respecto a lo que él llama la ciénaga de Washington y sus dudas sobre la limpieza de las elecciones estadounidenses, públicas mucho tiempo antes de 2018 a través de infinidad de entrevistas y de las mismas redes sociales que hoy le censuran.
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Fuente: Libertad Digital