El derrumbe de PDVSA en Argentina: de querer comprar Shell y Esso a no poder pagar sueldos ni la factura de luz

Hace 15 años, la petrolera estatal venezolana PDVSA desembarcó en el país con sueños ambiciosos: comprar las redes de estaciones de Shell y Esso en Argentina, lanzar una cadena propia (con la estatal Enarsa) y convertirse en la segunda operación más importante fuera de Venezuela. Más allá que nada de eso sucedió la filial local de PDVSA enfrenta otros inconvenientes: no puede pagar los sueldos de sus empleados, tiene pedidos de embargos de múltiples acreedores y depende de financiación ilegal para poder subsistir.
La filial local está inactiva, sus trabajadores a la deriva, sin sueldo, ni obra social, ni aportes al día. No hubo protocolo para Covid-19 y ni siquiera se pudo pagar el test y el tratamiento de un empleado que lo contrajo. Las 11 estaciones de servicio propias no pueden pagar ni la luz, ni hablar de alquileres. Las estaciones que son de terceros demandan a PDVSA que las “desembandere”, es decir que las libera de usar las marcas Sol y PDV Sur, ambas de la misma compañía.
En 2005, cuando empezó a soñar con Argentina como su próxima frontera, PDVSA facturaba US$ 85.700 millones. Para tomar una dimensión, eso es 8 veces más de lo que ingresará a YPF este año, donde festejarían si el balance anual arroja ventas por US$ 10.000 millones.
El ex presidente Néstor Kirchner ambicionaba que Esso y Shell se fueran del país. Y el ex presidente Hugo Chávez (de Venezuela) quiso complacerlo con un aporte. Se anunció una alianza entre la venezolana y la estatal Enarsa, con sueños de convertirse en la segunda petrolera del país después de YPF. Los precios de los commodities volaban y ambos gobiernos contaban con dinero.
El 27 de octubre de 2020, a un año del triunfo del Frente de Todos, los trabajadores de PDVSA cuentan exactamente lo opuesto. “Hace 7 meses que los empleados de casa matriz no cobramos nuestras remuneraciones y 11 meses que no las cobran los empleados de estaciones de servicios”, dice una carta de 50 empleados de la firma a la dirección. “Desde abril, el Gobierno argentino se hizo cargo de abonar el ATP, cubriendo los primeros meses el cerca del 50% de los salarios y luego un importe menor. No hemos recibido ningún pago correspondiente al restante del salario por parte de nuestro empleador”, explica la misiva.
La cuarentena paralizó por completo a PDVSA Argentina. “No hemos podido trabajar a distancia, porque la empresa no nos ha brindado las condiciones tecnológicas necesarias para ello. Al mismo tiempo, Petrolera del Conosur (de PDVSA) continúa sin actividad comercial y en los últimos años no se nos ha informado nada concreto/definitivo sobre el futuro de la empresa y nuestro trabajo”, plantean los trabajadores.
Un trabajador de PDVSA contrajo Covid-19 en este período. PDVSA, que facturó casi US$ 30.000 millones en 2017, no le pudo pagar el test ni el tratamiento. El empleado le pidió a Recursos Humanos de la compañía que le abonen ese costo. A la fecha, espera el reintegro.
En enero de 2020, Clarín adelantó que PDVSA había sido protagonista indirecta de un incidente internacional. La boliviana María Palacios fue detenida tratando de cruzar la frontera de Bolivia a Argentina con US$ 100.000 que no estaban declarados. Frente al fiscal boliviano Marcos Villa, Palacios declaró que ese dinero estaba destinado al pago de sueldos en PDVSA Argentina.
Palacios estuvo detenida, pero ahora -en coincidencia con el regreso del partido de Evo Morales al poder-, está libre. Según cuentan ex empleados de PDVSA, el único fondeo posible es a través de “bolsos” ingresados con poca transparencia. En la actualidad, estarían necesitando entre US$ 700.000 y US$ 1.000.000 para seguir funcionando.
Las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia se restablecieron. Ayer hubo un acto entre funcionarios diplomáticos de ambos países. Palacios, que admitió llevar dinero de Bolivia a Argentina por pedido de PDVSA, estuvo sentada allí )(https://twitter.com/CancilleriaVE/status/1326297412852387840/photo/1), según una foto publicado en la cuenta de Twitter de la cancillería venezolana.
Desde junio de 2018 que PDVSA no paga las cargas sociales por empleados. Aunque les retiene los importes de jubilación, obras sociales y Ganancias, los trabajadores denuncian que ese dinero no está ingresado al fisco. Las obras sociales se dejaron de pagar en diciembre de 2018. Los empleados fuera de convenio que poseen prepagas tuvieron que afrontarlas por completo de su bolsillo.
“La Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se dejó de abonar en diciembre del año 2018 y todo el personal estuvo trabajando hasta el viernes 13/03/2020 (el día que se declaró el confinamiento por la cuarentena) sin tener ART vigente”, acusan los empleados.
Aunque PDVSA estuvo desprendiéndose de algunas estaciones, las que quedaron están sin mantenimiento de surtidores, bombas y ni siquiera pagan la luz. Los empleados cuentan que el estado de abandono hizo que haya estaciones donde se robaron los tanques de agua. En las 11 estaciones de las marcas propias (Sol y PDV Sur) no se cumplen requisitos de seguridad mínimo, ya que ni siquiera se paga la luz.
Algunas estaciones que tienen contrato con PDVSA para usar esas marcas ruegan que se las «desembandere», es decir que sean blancas. Pero PDVSA no les contesta los reclamos, y se le acumulan facturas sin pagar.
Hubo un recambio de autoridades en PDVSA Argentina. Martha Ortega, que encabezaba la filial local hasta septiembre, fue reemplazado por Rolando León. Rander Peña es el vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA. Eso implica que PDVSA América y todas las filiales del mundo (incluido Cono Sur) dependen de él.
Las redes de Shell y Esso se vendieron. A la brasileña Raizen y a la local Bridas. PDVSA no solo nunca pudo hacer una oferta que fuera considerable. Desde hace 15 años solo viene en caída, con ingresos que se desploman y sin capacidad casi de operaciones propias, a menos que la asistan terceros.
Fuente: El Clarín