La integridad electoral, un elemento esencial en toda democracia, ha cobrado una enorme importancia a raíz de las irregularidades y las acusaciones de fraude que tuvieron lugar durante los comicios presidenciales de 2020. El panorama político y mediático se encuentra más polarizado que nunca. Las últimas encuestas reflejan una mayor desconfianza entre los votantes. Alrededor de un 40% de los estadounidenses no cree que su voto sea contabilizado correctamente; un porcentaje superior entre el electorado republicano.
Los recortes en la supervisión y los requisitos para ejercer el voto han conducido a que Estados Unidos se encuentre a la cola del resto de democracias en materia de integridad electoral, siendo incluido en el grupo de «democracias defectuosas» por un estudio de la Universidad de Harvard. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral lo incluye entre los países con un mayor descenso de puntuación en la categoría de elecciones limpias.
Voto electrónico
Las misiones de observadores internacionales han comprobado la existencia de muchas deficiencias. Recientemente, el informe post electoral de las midterm publicado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) pone de manifiesto varias debilidades significativas en relación con la seguridad, la eficiencia y la imparcialidad del proceso. El sistema estadounidense se encuentra ampliamente tecnologizado, con escáneres y tabuladores que contabilizan los votos en todos los estados. La organización europea llama la atención sobre posibles hackeos y alerta sobre las máquinas electrónicas que no dejan un rastro en papel y que, por tanto, no hacen posible una auditoría.
La imparcialidad y la uniformidad en el funcionamiento de los colegios electorales es otro de los problemas señalados. A diferencia de Estados Unidos la mayoría de los países europeos cuenta con cuerpos electorales independientes. Los trabajadores de los centros de votación estadounidenses no reciben, en la mayoría de los casos, ninguna formación. Tampoco los oficiales locales que los dirigen y que, a menudo, no están al tanto de la ley electoral aplicable —los colegios electorales no son informados sobre las sentencias emitidas sobre la aplicación de las leyes electorales.
Uno de los aspectos sobre los que más se llama la atención es la eficiencia electoral. En algunos condados, el recuento de votos se ha demorado más de dos semanas. Maricopa, el condado con más votantes de Arizona —equiparable a la Comunidad de Madrid—, ha sido uno de los protagonistas de la polémica sobre el retraso en comunicar los resultados.
Resolución de conflictos electorales
La resolución de conflictos electorales, esencial para resolver irregularidades y casos fraudulentos, es otro de sus defectos, según afirma la OSCE. Como señala la organización en 2020 se registraron múltiples denuncias por fraude y mala gestión; entre ellas inscripción ilegal de votantes, uso fraudulento de votos por correo y alteración del recuento de papeletas. Uno de los casos más destacables fue la demanda contra el secretario de Estado de Minnesota por permitir el recuento de votos recibidos una semana más tarde.
En muchos estados se requiere un número mínimo de ciudadanos para solicitar un recuento. Mientras que en otros solo se permite en caso de empate o de una diferencia mínima. Uno de estos estados es Arizona, donde los resultados únicamente se revisan si existe una diferencia menor a un 0,5%, según recoge la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, y en el que, Katie Hobbs, la candidata demócrata, ha ganado la Gobernatura por un escaso 1,4%.
Los expertos aconsejan modificaciones elementales, presentes en cualquier democracia. La obligatoriedad de la acreditación de la identidad es una de las principales recomendaciones. Una medida plausible y con la que cuentan países en vías de desarrollo con un electorado mucho mayor como es el caso de la India —con alrededor de 800 millones, cada votante posee un carné expedido por la Comisión electoral en el que figura su fotografía.
Reformas de legislación electoral
Como se refleja en las últimas reformas electorales estatales, republicanos y demócratas manifiestan preocupaciones diferentes sobre el sistema electoral. Los primeros abogan por facilitar el voto y evitar supuestas discriminaciones, mientras que los republicanos se muestran más cautelosos y apuestan por proteger la integridad y evitar el fraude electoral.
La Administración Biden ya ha tratado de aprobar dos leyes electorales federales sin éxito y que pretendían controlar los cambios realizados por varios estados, muchos de ellos republicanos. Por su parte, Donald Trump ha anunciado su intención de reformar el sistema electoral si llega a la Casa Blanca en 2024.
Después de perder la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas no podrán realizar ningún cambio en la actual legislatura. La reforma electoral dependerá, en última instancia, de lo que ocurra en las presidenciales de 2024. Sea quien sea quien gobierne, es preciso mejorar la integridad electoral a fin de reestablecer la confianza de los ciudadanos en la que en su día fue la primera democracia.