A estas alturas podemos decir dos cosas del presidente Jair Bolsonaro: su gobierno ha sido el mejor que ha tenido Brasil en 100 años y él es un demócrata a carta cabal. A pesar de todos los ataques en su contra de parte de la industria mediática nacional e internacional, de los grandes conglomerados financieros globales y del poder judicial, no pueden decir que es corrupto, ni violento o un criminal.
Ha pasado una semana desde la polémica segunda vuelta y parece que ha transcurrido incluso mucho más tiempo. La gente se encuentra en las calles rechazando el resultado, motivados por un sentimiento de injusticia por todo lo que hizo Alexandre de Moraes y los demás Magistrados del Supremo Tribunal Federal: censura, presos políticos y ventajas descaradas para Lula.
En un país tan polarizado y con una mayoría de 60 millones de votos, según lo indicó el TSE, los electores de Lula no se encuentran en las calles defendiendo lo que sería su victoria. En cambio, se encuentran en las calles los trabajadores y familias vestidas con los colores de su bandera pidiendo la intervención de la Fuerza Armada para defender la institucionalidad de la nación.
El Presidente Bolsonaro ha autorizado la transición, se ha reunido con los magistrados del Supremo Tribunal Federal, y en ningún momento ha llamado a las calles para desconocer el resultado. Ha agradecido a sus electores por la confianza depositada en él, y ha pedido que los manifestantes se mantengan realizando sus actividades en el marco de la ley. Luego de esto, el magistrado Alexandre de Moraes determinó que quienes en territorio brasileño cuestionen los resultados electorales y el sistema electoral en general, estarían incurriendo en un crimen, por lo que serían tratados como criminales.
Ahora bien, las anonmalías que se han mostrado en Argentina, por el grupo Brasil Was Stolen, crean preguntas que deben ser respondidas por el TSE. Muestran que hubo anomalías en los distintos modelos de urnas electrónicas, algunas, no auditadas. Más tarde los usuarios de redes sociales han visto que cambió el mensaje del TSE: ahora dice en los post politicos que los resultados están siendo contados todavía. Al mismo tiempo, los miembros del poder judicial ordenaron la censura de los diputados más votados del bolsonarismo y eliminaron los resultados electorales de su sitio web oficial. Se espera que el presidente Bolsonaro se manifieste al respecto así como Lula da Silva. El lunes 7 de noviembre, el Ministerio de la Defensa posiblemente haga un pronunciamiento sobre el proceso electoral y los ciudadanos están convocando a un paro general.
¿Cómo reacciona la izquierda? Ya emprendió una cacería de brujas y ha entrado en la justicia para solicitar más censura por «discurso de odio» y «crímenes contra la democracia». La saña con la que actúa el lulismo no tiene nada que envidiarle a sus grupos aliados en la región, como el chavismo o el sandinismo.
De esto solo quedan dos escenarios posibles: que el presidente Bolsonaro reconozca el resultado o que en cambio lo desconozca y realice una acción que garantice la continuidad del hilo constitucional en Brasil, esto último si elaborase un discurso, con pruebas, de que hubo una ruptura. Ante esta complicada situación, la Fuerza Armada tiene la última palabra: es por eso que en el derecho brasileño se le conoce como «el poder moderador». O ratifica los resultados del TSE o establece otro camino a seguir.