Hasta ahora, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hubo intercambio de piropos, mimos y palabras agradables.
Casi como en una relación que recién arranca, el Gobierno y el organismo multilateral no tuvieron ni una sola discusión tensa ni un cruce de palabras. Sin embargo, cuando en septiembre u octubre comience la negociación para postergar el pago de USD 44.000 millones que vencen entre 2021 y 2023, tal vez los términos del intercambio adquieran otro tono, o no.
También, como ocurre en cada negociación con el Fondo, la retórica privada es una y lo que se dice en la mesa de diálogo es diferente. En principio, el Gobierno ya sabe qué piensa el organismo que conduce Kristalina Georgieva sobre el valor del dólar, la inflación, los controles cambiarios, el nivel de las reservas y el desequilibrio fiscal.
¿Qué opina el Fondo sobre los principales problemas de la Argentina? Estas son las ideas de los técnicos del organismo, según pudo saber Infobae:
–La deuda: Hay elogios a la fórmula con la que se cerró el acuerdo con los grandes grupos de bonistas, porque, aunque en dos análisis técnicos de sustentabilidad el staff había considerado que los acreedores privados debían aceptar una quita mayor a la otorgada, se considera que la oferta respeta los parámetros trazados por el organismo en términos de reducción de intereses y de alivio financiero para los próximos años. El análisis de la oferta debe completarse con la sustentabilidad de mediano plazo del país para pagar su deuda más allá del 2024.
–El panorama económico general: Si la situación previa a la pandemia era desafiante para recuperar la estabilidad y el crecimiento económico, la pandemia complicó mucho más la situación para el país, que arrancó con un panorama mucho peor que sus vecinos para enfrentar esta crisis global por la anemia de la última década. Un punto positivo según el organismo es que tanto las autoridades del Ministerio de Economía como del Banco Central entienden perfectamente cuáles son los problemas y, con matices, cómo deberían atenderse.
–La emisión monetaria: Se considera que hay un caso típico de “monetary overhang”, exceso de emisión monetaria, que, aunque haya estado justificada por la pandemia y por la falta de acceso al crédito internacional, debe ser suturada en forma rápida para no generar problemas en los próximos meses.
–Los controles a la compra de dólares: Se opina que no deben redoblarse, porque, de lo contrario, solo se agravarían los problemas que aquejan a la economía argentina, más allá del cuadro de crisis global. Mantener los controles, admiten, será necesario en el corto plazo para sostener la precaria estabilidad financiera y permitir que el Banco Central acumule reservas, pero, a la vez, el Gobierno debe buscar fuentes más sólidas para sumar dólares, como un aumento de las exportaciones y por esta razón es clave que no deje que se aprecie el valor del peso.
–El déficit fiscal: el organismo espera que el proyecto de presupuesto 2021 que ingresará al Congreso Nacional el 15 del mes próximo brinde alguna pista sobre la reducción del déficit fiscal de este año, que, aún con una muy baja carga de pagos de la deuda por el canje, rondaría entre los 8 y los 10 puntos del PBI. En esta iniciativa esperan ver no solo las proyecciones oficiales para el próximo año, sino para el resto del mandato del presidente Alberto Fernández. Al respecto, para Washington lo más relevante es que se fije un ancla para lidiar con la emisión y tender hacia un camino de consolidación fiscal que, aunque sea más lento que lo previsto antes de la pandemia, debe ser firme tras el alto déficit que se prevé para este año.
–La necesidad de contar con un plan económico: Pese a la relativización que tanto el presidente como el ministro Martín Guzmán hicieron sobre la importancia de definir un programa económico explícito, el Fondo cree que debe haber un sendero que busque recuperar el crecimiento económico por la vía de más exportaciones e inversiones directas. Esta es una condición necesaria para negociar el nuevo programa para postergar los pagos, más allá de que el Gobierno elija un nuevo stand by o un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés), que tiene condicionalidades parecidas.
–La inflación: El bajo resultado del índice de precios al consumidor (IPC) responde a la fuerte reducción de la demanda producto del cierre de la economía durante varios meses para combatir la pandemia y eso contrarrestó la lluvia de pesos que cayó sobre la economía por la emisión del BCRA como producto del déficit fiscal, afirman en Washington. El interrogante es hacia adelante, a medida que la actividad se va normalizando, para saber si las expectativas inflacionarias van a crecer o no. De todos modos, el escenario base del Fondo no es que, como temen algunos analistas, la inflación se vaya a tres dígitos, pero, como se mencionó, resalta la necesidad de controlar el exceso de emisión.
–La negociación: No se puede pensar en un roll over, si no en refinanciar la deuda contraída desde 2018, lo que implica “calzar” desembolsos con los vencimientos. La discusión no será sencilla, más allá del tipo de programa que se elija y es posible, como dijo Guzmán, que culmine en 2021.
–Línea rápida por el Covid: Las autoridades no la pidieron y, si lo hicieran, se evaluaría como en otros casos.
¿Todas estas críticas implican que no se aprobará un nuevo programa? De ningún modo: eso depende del juego de la política y la diplomacia internacional, para convencer sobre todo a los miembros más relevantes del directorio del FMI, que deberán hacer equilibrio entre los malos números y la decisión de que un país del organismo entre o no en default.