Instituto Mises,
En el último siglo, los Estados han ejercido un gran control sobre los canales de los medios. En la mayor parte de Occidente, los grupos de presión y los cárteles que trabajaban con gobiernos «liberales» y «democráticos» regulaban quién podía emitir, mientras que los gobiernos, con sus infinitas reservas de dinero y fuerza política, competían con los establecimientos privados o extranjeros. Sudáfrica prohibió totalmente la televisión, y después de legalizarla en los 70, la industria seguía controlada por el Estado.
Todos los medios de comunicación de la Unión Soviética fueron centralizados y controlados por el Estado inmediatamente después de la Revolución de octubre: los líderes bolcheviques comprendieron la importancia del control de los medios. En el último siglo, todos los Estados han ejercido algún tipo de control sobre los medios de comunicación del país, propagando narrativas favorables y restringiendo las desfavorables para mantener el control sobre la población.
La centralización tradicional de los medios de comunicación por parte del Estado quedó obsoleta con la popularización de Internet. Con el desarrollo de Internet y la tecnología asociada, la descentralización se hizo más pronunciada y generalizada. Cuando cualquiera puede iniciar un podcast en una plétora de sitios web con cualquier otra persona del mundo que disponga de la tecnología, o cuando los documentales en miniatura y los ensayos en vídeo pueden ser producidos y subidos por cualquiera a cualquier lugar que acepte el formato, los medios de comunicación gestionados o apoyados por el Estado que dominaron el siglo pasado se quedan efectivamente obsoletos. La nueva competencia es demasiado dinámica, adaptable, descentralizada y evasiva como para que el viejo sistema pueda competir con ella, superarla o directamente prohibirla.
Los medios de comunicación tradicionales no fueron los únicos afectados por Internet. Los chats, foros y otros medios de comunicación directa socavaron múltiples legitimadores clave del Estado, en concreto académicos y periodistas. Salvo normas y directrices locales, cualquiera era libre de cuestionar y debatir cualquier aspecto del mundo académico, normalmente bajo la libertad que otorga el anonimato.
Esta innovación fue desastrosa desde la perspectiva del Estado. El dominio total de todos los medios se hizo imposible en pocos años. Algunos países intentaron restringir Internet por todos los medios posibles, como el Gran Cortafuegos chino, aunque existen múltiples formas de sortear las restricciones mediante VPN o proxies. Las naciones occidentales optaron por restricciones más sutiles, como trabajar a través de empresas privadas a puerta cerrada. Sin embargo, un ataque más fuerte e insidioso contra los beneficios para la libertad que proporciona Internet reside en las campañas contra el anonimato. Eliminar el anonimato, y la privacidad por extensión, resuelve la mayoría de los problemas del Estado que fueron causados por la llegada de Internet, que es exactamente la razón por la que los Estados y sus apologistas se han embarcado en su cruzada contra ella.
Resolver los problemas del Estado
El anonimato es muy peligroso desde la perspectiva del Estado, pues ya no puede confiar en que sus narrativas, académicos, periodistas y otras fuentes de legitimidad sean públicamente incuestionables. Con el anonimato, ganan los argumentos superiores (determinados por los espectadores). Aunque esto no significa necesariamente que la verdad prevalezca en todos los casos, sí significa que se evita el credencialismo, una de las principales muletas de los defensores del Estado. En su lugar, los espectadores pueden ver argumentos en los que una o ambas partes han eliminado por completo su persona del debate mediante el anonimato, dejando sólo los hechos y su aplicación, así como la retórica, para su consideración. Si un académico o un periodista se enfrenta a estos carteles anónimos suficientes veces o se demuestra que ha mentido, su credibilidad se verá debilitada, lo que les impedirá legitimar el Estado en toda su capacidad.
Los apologistas del Estado tienen una contrapartida. Si se elimina de algún modo el anonimato y se revela que la persona que antes era anónima tiene opiniones controvertidas o de «extrema derecha», las turbas y los malhechores pueden amenazar la seguridad de esa persona, obligándola a tomar la decisión de continuar ante posibles represalias violentas o abandonar por completo la conversación. Esta táctica se emplea si una persona o grupo de personas concretos han tenido especial éxito en contradecir a los académicos y periodistas del Estado, pero es difícil, lleva tiempo, es costosa en términos de reputación y confianza y, en última instancia, no se puede utilizar a gran escala. Subcontratar la táctica a grupos desagradables y «desconectados» ayuda a aliviar el golpe a la reputación, pero esto también sólo puede hacerse durante un tiempo hasta que todo el mundo pueda ver el patrón, creando un mayor potencial de reacción violenta.
En lugar de amenazar a una persona, los académicos y periodistas del Estado pueden optar por otros métodos mucho más débiles para desacreditar a los autores anónimos. El método más popular se centra en intentar hacer del hecho de que alguien sea anónimo una cualidad desacreditadora en sí misma. Se trata de una táctica análoga a la utilizada por los grupos de interés que presionan para obtener licencias. Aquellos que no cuentan con la aprobación del statu quo son inseguros, poco serios o maliciosos, así reza la retórica, y por tanto hay que implantar una norma en forma de licencia, o de no anonimato, para garantizar la calidad aprobada por el statu quo. A diferencia de una licencia, esta norma social no tiene que ser impuesta necesariamente por el Estado; podría bastar con la presión social.
Por desgracia para los antianónimos, la intensidad de la presión social necesaria para convertir el anonimato en un tabú está fuera de su alcance. Otra estrategia es apelar al honor. Si el argumento es tan importante o bueno, entonces el argumentador debería tener la confianza de adjuntarle su nombre y su cara. Aunque formalmente se trata de un non sequitur y es incoherente (dudo que esta norma se aplique nunca, a menos que uno se haya visto expuesto por un argumento de un autor anónimo), no deja de ser popular. A pesar de su popularidad, todavía no me he encontrado con nadie dispuesto a defender su honor no anónimo que se ha unido a un argumento o declaración, incluso cuando se cuestiona.
Pero el Estado y sus colaboradores tienen otra solución. Si el anonimato en cualquier sitio web importante se puede suprimir por completo, eliminando por completo la privacidad en línea, no sólo se resolverá el problema de los críticos anónimos, sino que el Estado podría reafirmarse fácilmente como controlador de los medios de comunicación. El control del Estado sobre los medios de comunicación se ve gravemente obstaculizado por su descentralización, sí, pero si la descentralización se mantiene mientras que la privacidad se elimina por medio de una prohibición del anonimato (ya sea por edicto estatal o por acuerdo público-privado), entonces el Estado puede controlar a quien quiera, sólo que no en la medida en que lo hizo el siglo pasado. Por tanto, hay que defender el anonimato si se quiere debilitar y, en última instancia, desmantelar el Estado.