Instituto Mises,
Cada vez que estalla un conflicto armado, independientemente del lugar en el que se produzca, se nos presenta al instante el número de personas muertas, junto con cuántas familias y comunidades enteras se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Aunque suene lamentable, los que hemos tenido la suerte de permanecer a salvo alejados de esos conflictos a lo largo de nuestras vidas nos hemos acostumbrado relativamente a ellos. Ucrania, por decirlo fría y crudamente, es la locura del día en este sentido.
En consecuencia, la única violencia hacia las comunidades desplazadas de la que solemos hablar es el daño físico inmediato: el daño causado a las personas mediante asesinatos, torturas y agresiones sexuales, y la violación de sus derechos de propiedad por parte de las fuerzas armadas o las milicias revolucionarias. Sin embargo, los regímenes a menudo utilizan una táctica menos conocida, o mejor dicho, menos comprendida, contra estas comunidades vulnerables que algunos pueden argumentar que no constituye violencia, ya que no es un ataque físico manifiesto.
Más bien, la estrategia emplea lo que la psiquiatra Mindy Fullilove, en su obra de 2004, Root Shock: How Tearing Up City Neighborhoods Hurts America, and What We Can Do about It, denominó el «shock de raíz del desplazamiento forzoso», que ella define como la reacción de estrés traumático a la destrucción de todo o parte del ecosistema emocional propio. Este choque de raíz suele ser el precursor de una plétora de otras enfermedades mentales, como la depresión. Regímenes de todos los matices y etiquetas han forzado a menudo a comunidades a abandonar sus propias tierras y han capitalizado el trauma subsiguiente resultante de dicha violencia para categorizarlas como elementos indeseables dentro de la sociedad con el fin de alienarlas y promulgar formas más sutiles de discriminación.
El enfermo mental como el «otro»
Nunca ha sido infrecuente que los enfermos mentales sean vilipendiados e identificados como menos que humanos; es habitual que los regímenes definan qué hace a las personas peligrosas para el resto de la sociedad y utilicen el aparato estatal para atacarlas. En su libro de 2004, Violence in War and Peace, los antropólogos Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois afirman:
Los locos, los discapacitados, los mentalmente vulnerables han caído a menudo en esta categoría de indignos, al igual que los ancianos, los enfermos y, por supuesto, los despreciados grupos raciales, religiosos, sexuales y étnicos del momento.
Esta no es una postura exclusiva de ninguno de los extremos del espectro político, como señaló Murray Rothbard en Por una nueva libertad: cuando se les otorgan los poderes de coerción inherentes al Estado, tanto liberales como conservadores utilizarán sus nuevos poderes para imponer su propia visión de qué comportamientos y estilos de vida son aceptables o «sociables», y antagonizar, o incluso criminalizar, todo lo que no cumpla sus criterios.
Los comentaristas políticos británicos Peter Hitchens y Owen Jones, el primero un ferviente pensador conservador y el segundo un periodista y activista de izquierdas, han llegado a coincidir en que los gobiernos inflan deliberadamente las cifras de encarcelamiento con reclusos enfermos mentales, clasificándolos como violentos. En una entrevista, Hitchens comentó con desparpajo que, aunque el icono conservador Enoch Powell fue odiado con razón por su discurso de los «ríos de sangre», cometió un acto más atroz cuando cerró centros residenciales para personas con problemas de salud mental. Esto hizo que la carga de su cuidado recayera en las fuerzas del orden, lo que a su vez provocó que los enfermos mentales fueran trasladados a instituciones penitenciarias.
Del mismo modo, los regímenes proporcionan los fundamentos jurídicos para etiquetar a los refugiados y otras personas que huyen de la persecución en sus regiones de origen como «violentos», «inestables» o «anormales», lo que a su vez conduce a su alienación de una sociedad que no permite su integración.
Sin hogar no hay salud
Para entender primero cómo la salud mental, o más bien la enfermedad, es utilizada por el Estado contra las comunidades desplazadas, hay que entender primero el papel que la patria como concepto desempeña en el bienestar social, mental y emocional de los individuos. Aunque este papel puede diferir de una región a otra debido a los contextos culturales, socioeconómicos y lingüísticos, podemos encontrar paralelismos que apuntan a que la patria representa la normalidad y la armonía. En Narratives of Exile and Identity (2018), en el que describe las experiencias de los lituanos deportados tras la expansión de la URSS en los países bálticos en 1940, Tomas Balkelis descubrió que los refugiados lituanos asociaban su región natal con la vida civil ordinaria y la libertad como ciudadanos. Del mismo modo, Mokshika Gaur y Soumendra M. Patnaik describen a los korwa, una comunidad tribal desplazada originaria de India central, en su estudio de 2011 de la siguiente manera:
Los korwa, tanto jóvenes como ancianos, consideran el bosque como su verdadero «hogar» y asocian todos sus males con el nuevo espacio vital. En el bosque, sus actividades económicas estaban en relación directa con la naturaleza, exigían trabajar juntos como una comunidad y les mantenían cerca de sus antepasados, lo que no es posible en la situación actual.
La asociación desarrollada entre la aparición de nuevas enfermedades, tanto físicas como mentales, y la reubicación forzosa, no es exclusiva de los estilos de vida tribales. Es un fenómeno que se observa en multitud de grupos, a lo largo de varias generaciones y en diversas circunstancias, ya sea la colonización, la guerra civil o la persecución etnorreligiosa. En su obra de 1997, Social Suffering, Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret Lock citan a los judíos y otras minorías que huyeron del Holocausto, a los nativos americanos que crecieron en reservas en los Estados Unidos y a los refugiados iraquíes que huyeron del conflicto militarizado como ejemplos de comunidades que se han vuelto vulnerables como consecuencia de la guerra y han sido desalojadas por la fuerza de sus tierras y hogares.
Esta vulnerabilidad permite a las instituciones estatales socavar aún más los vínculos y la dinámica socioculturales, lo que provoca que varios comportamientos se repitan de generación en generación; los mismos fenómenos psicológicos que Sir William MacGregor observó en Fiyi mientras ejercía como oficial médico en la década de 1870, se registran en los refugiados de Sri Lanka que huyeron de sus aldeas debido a la escalada del conflicto durante la guerra civil de Sri Lanka, y en los chagosianos, que fueron exiliados a Mauricio desde sus islas en el archipiélago de Chagos por el gobierno británico entre 1968 y 1973, según describe David Vine en Island of Shame (2011). En los tres casos, la depresión, la manía, la ira y la «melancolía» contribuyeron a un aumento de las cifras de institucionalización, encarcelamiento y, por último, pero no por ello menos importante, suicidio.
Conclusión
Puede resultar fácil entender las injusticias cometidas contra los civiles en una guerra o conflicto meramente como daños físicos, pero cuando hay instituciones estatales u organismos financiados por el gobierno que discriminan y estigmatizan activamente el comportamiento «anormal» de las comunidades desplazadas, es necesario un mayor escrutinio. Para entender mejor cómo, por qué y cuándo los regímenes atacan a determinados grupos, es necesario determinar cómo las instituciones estatales infligen cicatrices y heridas más duraderas que trascienden generaciones, empezando por los daños físicos en sus cuerpos y hogares.