Instituto Mises,
Los gobiernos dan prioridad al crecimiento económico como política nacional para ganar elecciones. El crecimiento económico preocupa a todos los ciudadanos porque el aumento del crecimiento económico mejora el nivel de vida. En una economía en auge hay más oportunidades para el progreso personal y el ocio, por lo que la gente apoya a los políticos que demuestran que saben cómo transformar una economía aletargada en una economía en auge. Los votantes suelen beneficiarse de las políticas gubernamentales cuando facilitan el emprendimiento y generan empleo.
Sin embargo, aunque los políticos afirman la importancia del emprendimiento como herramienta para el crecimiento económico, operan bajo un conjunto de reglas diferente. Preservar el poder es el objetivo último del Estado y, como agentes del mismo, los políticos perpetuarán políticas que refuercen su legitimidad. Por lo tanto, la clase política pregonará políticas que compitan con los intereses de los ciudadanos y los empresarios. No es imposible que los legisladores aprueben leyes que cultiven el emprendimiento, ya que muchos lo hacen, pero los ciudadanos deben apreciar que los cargos electos se plegarán a los intereses del Estado.
Por eso la regulación es el primer orden del día siempre que surge un nuevo sector. Las innovaciones son perturbadoras y, si no se gestionan adecuadamente, desafiarán la autoridad del Estado. Más que proteger a los consumidores o fomentar la competencia, la principal inspiración de las normativas gubernamentales es el control. Las normativas aumentan los poderes del Estado y ofrecen oportunidades adicionales de recaudación de ingresos. Por lo tanto, no debemos escandalizarnos cuando se instituyen costosos regímenes de licencias para controlar nuevos sectores.
La lógica de los regímenes de licencias es que enriquecen al Estado dando poder a los burócratas. Se pueden regular nuevos sectores sin imponer costosas tasas, pero si se hace así el Estado se verá privado de ingresos. Aunque el emprendimiento florece en un entorno de impuestos bajos y regulaciones ligeras, este entorno limita el potencial del Estado para extraer recursos del sector privado y refuerza su poder. Al competir con el sector privado, el Estado inhibe la innovación y obstaculiza la prosperidad económica.
La intervención del Estado no es obligatoria para que las economías prosperen, y muchos en los círculos políticos son conscientes de esta realidad. Pero el Estado interviene continuamente en la economía porque hacer lo contrario diluye sus poderes. Sin embargo, si los políticos se toman realmente en serio el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo, deben adoptar un planteamiento de laissez-faire en materia de crecimiento económico. Las pruebas de que las normativas obstaculizan el crecimiento económico y la creación de empleo son abrumadoras.
Una investigación publicada por el Mercatus Center muestra que un aumento del 10 % en la regulación se corresponde con un descenso en la contratación de nuevos empleados para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Las normativas también se correlacionan con un descenso en el nacimiento de nuevas empresas en los sectores regulados. Los análisis realizados por la Fundación de la Cámara de Comercio de EE. UU. revelan que sólo las normativas federales cuestan a la economía americana 1,9 billones de dólares anuales en pérdida de productividad, precios más altos y costes directos.
Cumplir la normativa es un proceso costoso y que lleva mucho tiempo; por tanto, el tiempo empleado en cumplir estas medidas podría haberse dedicado a resolver problemas comerciales o a desbloquear innovaciones. Las normativas también desperdician el talento de burócratas altamente cualificados que deberían estar marcando una diferencia significativa en el sector privado. Imaginemos que, a pesar de sus sólidas instituciones, su capital humano y su tradición innovadora, Europa se ha quedado rezagada debido a las cargas normativas.
El experto en innovación Adam Thierer atribuye la explosión tecnológica de América en los años 90 a la desregulación, y en lugar de seguir este camino, la Unión Europea (UE) ha dado prioridad a la regulación de las nuevas industrias tecnológicas. El crecimiento en la UE es tan lento que si los países europeos fueran estados americanos, varios estarían en la categoría de los estados más pobres. Europa se enorgullece de ser el principal regulador tecnológico del mundo, a pesar de que las empresas mundiales rehúyen el mercado europeo para evitar una normativa onerosa.
La UE es un caso clásico de personas que sufren porque los políticos insisten en competir con los empresarios. Una economía debe beneficiar a los ciudadanos en lugar de potenciar al Estado-nación, pero como era de esperar, los políticos respaldan esta última opinión. Esta ideología es costosa y aún más perjudicial para los países en desarrollo, porque necesitan un crecimiento económico más rápido para elevar a su población. Sin embargo, el proteccionismo agrícola sigue siendo popular en países africanos como Ghana y Nigeria, donde se prohíben sistemáticamente las importaciones extranjeras.
Los analistas políticos ghaneses han comentado que la exención de impuestos sobre los insumos agrícolas puede fomentar la competitividad del sector. Con el régimen actual, los impuestos dificultan la actividad de los empresarios, y los consumidores están expuestos a precios más altos. Del mismo modo, en Jamaica, una empresaria perdió su caso para explotar una empresa de eliminación de residuos marítimos porque una agencia gubernamental, la Autoridad Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, es la única autorizada para hacerlo. Sin embargo, al conceder el monopolio a la Autoridad Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, el Estado impide que otras empresas realicen un trabajo más eficiente.
Como competidor del sector privado, el Estado ejercerá la fuerza de la ley para suprimir la competencia y la innovación a largo plazo. Pero si se toma en serio el crecimiento económico, debería aplicar un enfoque de laissez-faire al desarrollo. Hong Kong y Suiza demuestran que cuando el Estado no considera al sector privado como un competidor, los resultados son más satisfactorios para todas las partes.
Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.