El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, informó este miércoles que contrajo Covid-19. Lo hizo a través de miembros del Partido Centro Democrático, que fundó y lidera. En declaraciones a la prensa, indicaron que el ex mandatario se encuentra en buen estado de salud.
El anuncio tiene lugar un día después de que la Corte Suprema del país ordenara el arresto domiciliario de Uribe, en el marco de una causa que lo investiga por presunta manipulación de testigos.
Uribe se sometió a la prueba de Covid-19 en la mañana del miércoles en su finca El Ubérrimo, en la zona rural de Montería. También lo hizo el resto de su familia. Estiman que es allí donde el ex mandatario -quien estuvo al frente del Ejecutivo colombiano entre 2002 y 2010- permanecerá en prisión preventiva durante el transcurso de la causa, en la que concretamente se encuentra acusado de fraude procesal y soborno.
La decisión sacudió al escenario político colombiano, considerando que Uribe es quizás su figura más emblemática en los últimos 20 años. Inmediatamente después del anuncio, grupos de partidarios y opositores al ex mandatario salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestarse a favor y en contra de ella.
Los hechos que originaron la investigación se remontan a septiembre de 2014 y fueron catalizados paradójicamente por una solicitud del propio Uribe -que ya se desempeñaba como senador- para que se iniciara una investigación contra Iván Cepeda, uno de sus rivales políticos.
En un debate en la Cámara Alta, Cepeda -miembro del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia- vinculó a Uribe y con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquía. Además, afirmó que había jugado un rol clave en el incremento de los niveles de narcotráfico en el país.
Para fundamentar su argumento, Cepeda presentó una serie de testimonios de exparamilitares. Entre ellos se destacó el de Juan Guillermo Monsalve: el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, testificó que en ese lugar y con el conocimiento del Álvaro, entonces Gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país.
Uribe calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante ese proceso el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates.
La evidencia principal proviene de las acciones del abogado defensor de Uribe, Diego Cadena. Una serie de escuchas telefónicas demostrarían que buscó sobornar a Monsalve y otros testigos para que invirtieran sus testimonios. Es decir, que inculparan a Cepeda y absolvieran a Uribe.
Distintos extractos del material sugieren que el ex mandatario tenía conocimiento de las acciones de su abogado y que operaba como su intermediario. La defensa de Uribe lo ha negado categóricamente.
El caso se encuentra en este momento en estudio por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y mantiene al país dividido y en vilo por la confirmación de su resultado.
Por parte del partido de Gobierno, el Centro Democrático, se venía señalando a todo el proceso y la posibilidad de la detención de Uribe como una “persecución política” por sus años de lucha férrea en contra de las guerrillas del país y demás grupos armados.
En defensa de Uribe también ha salido el propio presidente Iván Duque, que en declaraciones a medios este lunes afirmó que su mentor era “una persona a la que la palabra honorabilidad le casa en todos los comportamientos de su vida”.
Por el lado de la oposición estas declaraciones del presidente y el comunicado del Centro Democrático han sido recibidas como una presión del Gobierno y su partido al Supremo para que falle a favor de Uribe, algo que parecen compartir los magistrados de todas las altas cortes que se pronunciaron en este sentido por medio de un comunicado.
“Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza”, dicen.
Uribe, en tanto se pronunció mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, expresó.