En Colombia no solo la vida da muchas vueltas, sino también la justicia. Hace un mes, el país político quedó paralizado ante la detención domiciliaria que le fuera dictada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Ahora, sus partidarios, sus detractores y especialmente su equipo de defensa espera que le sea levantada esa medida tras su renuncia a la curul de senador, el pasado 18 de agosto, con lo cual su el caso se le va de las manos a los cinco magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Suprema y pasa a las de la Fiscalía General.
Así lo confirmó la propia Corte Suprema el pasado 1 de septiembre tras revisar la petición que hiciera el 20 de agosto la defensa de Uribe Vélez, en el sentido de trasladar el expediente a la Fiscalía argumentando que, al haber renunciado al Congreso, ésta perdía competencia sobre el senador. En 64 páginas los magistrados expusieron sus motivos, concepto que previamente también había emitido la Procuraduría.
Este cambio de tercio despertó nuevamente toda clase de especulaciones y, como es costumbre en Colombia, desencadenará acciones jurídicas de la contraparte. La Corte argumentó que los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos que se le imputan a Uribe Vélez son comunes y no tienen relación directa con su cargo como congresista. De allí que su caso pase a la Fiscalía.
Pero la pregunta para el senador Iván Cepeda, la contraparte en el caso, y para los detractores del exmandatario es precisamente qué garantías puede dar la Fiscalía, entidad liderada por Francisco Barbosa, jurista que hasta hace unos meses hacía parte del gobierno del presidente Iván Duque y es cercano al partido Centro Democrático que lidera Uribe Vélez.
Recusación
Es importante recordar que además de antagonista político del expresidente Uribe, Iván Cepeda es la víctima de la investigación que adelantaba la Corte Suprema. Si bien aceptó la determinación de la misma, ha anunciado que pedirá que tanto el Fiscal Barbosa como la vicefiscal Mancera sean apartados del caso y se nombre un fiscal ad hoc como garantía de imparcialidad para un proceso que en esta última etapa lleva dos años, aunque suma ya ocho de confrontación judicial, iniciada por Uribe Vélez al denunciar a Cepeda precisamente por lo que ahora él es acusado: manipulación de testigos y fraude procesal.
Aún la Corte no ha enviado la boleta de salida de la detención domiciliaria de Uribe Vélez, aunque sus abogados la solicitaron de inmediato se supo el concepto de los magistrados. El proceso, que se debe cumplir esta semana, se ha dilatado precisamente por reuniones que han sostenido delegados de la Fiscalía, incluido el propio Fiscal Barbosa, con los magistrados.
Un nuevo capítulo se aproxima, para el cual los protagonistas no ahorrarán recursos jurídicos y publicitarios. Mientras los hijos del exmandatario invierten cuarenta mil dólares mensuales en la recién lanzada campaña digital «Free Uribe», que además busca atacar al senador Cepeda y cuestionar a los magistrados del a Corte, organizaciones internacionales que desde enero crearon una plataforma digital de seguimiento al caso, esta semana la abrieron al público como contrapeso a la otra iniciativa.
Mientras tanto, los colombianos del común tratan de hacerle el quite a la pandemia y a la gran crisis económica que se siente ya con un paro del 20.2%. La corrupción y la seguridad son dos temas que, según la más reciente encuesta Invamer, también los preocupan, a lo que se suma el complejo y lento proceso que inició el país el pasado 1 de septiembre para retomar su nueva y extraña normalidad.
Fuente: ABC