Este 14 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió el informe que suele realizar respecto de la economía de Bolivia anualmente. Aunque existen importantes contradicciones en el documento que es necesario analizar, lo que se puede destacar es que la economía no sólo no está tan boyante como se afirma desde la esfera política afín a Luis Arce, sino que confirma que éste se enfrenta a desafíos que pronto podrían terminar siendo inasumibles.
Respecto del diagnóstico del FMI sobre Bolivia
El primer elemento a destacar positivamente del informe del FMI es que la economía parece recuperarse de la pandemia de Covid-19 más rápido de lo esperado. Sin embargo, omite el hecho de que sus proyecciones de crecimiento de Bolivia para 2022 del 3,8%, distan mucho de las del régimen de Arce, que son del 5,1%. Es cuanto menos extraño que el informe no indague este importante primer aspecto que llama la atención.
Luego destaca el hecho de que la inflación se ha mantenido baja con un 1,9% interanual a junio de 2022, gracias a un incremento en la producción interna de alimentos y por el tipo de cambio fijo de la moneda nacional con el dólar estadounidense. No obstante, también explica que han contribuido los subsidios y controles de precios impuestos a los combustibles y alimentos.
Más tarde dice que si bien el incremento de precios del gas ha contribuido a fortalecer su exportación, y al mismo tiempo a reducir el déficit fiscal, la producción de gas natural sigue cayendo y el gasto adicional en subsidios a los precios finales de los combustibles. En este sentido, el FMI alerta que más de un tercio del déficit fiscal ha sido financiado por el Banco Central, provocando una disminución en el nivel de sus reservas.
El FMI sabe perfectamente que las causas del salto de los niveles de inflación alrededor de la economía global, están en los paquetes de estímulo fiscal (sobre todo del incremento sin medida del gasto público), y más aún monetario con en el mayor proceso de monetización coordinado y simultáneo de deuda que jamás se haya visto por parte de los bancos centrales desde 2009 con la Gran Recesión mundial. Tal vez el FMI prefiere omitir este hecho porque fue uno de los principales promotores de estas políticas.
Más aún, el FMI yerra in extremis cuando afirma que las políticas de controles de precios (ya sea por medio de subsidios o de manera directa) ayudan a contener la inflación, cuando esta ha sido una de las principales fórmulas que regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela o el de Alberto Fernández en Argentina han encontrado para deteriorar todavía más sus economías ante cuadros de inflación crónica, así como ha sucedido todas las veces que se ha intentado en los últimos 4.000 años.
De hecho, es algo que también menciona en su propio informe cuando se afirma que las necesidades de financiamiento del país son sustanciales, y que podrían empeorar debido a, por un lado, el ciclo de ajuste que vive la economía global, es decir, en un contexto de persistente inflación e incrementos agresivos de las tasas de interés, y por otro lado, debido a que si bien el sector financiero parece haber salido de la pandemia en condiciones satisfactorias, es posible que aún surjan vulnerabilidades debido a la acumulación de diferimientos del pago de créditos durante los encierros de la pandemia.
Sobre las recomendaciones del FMI para Bolivia
Con todo esto como base, el FMI ha recomendado medidas positivas a destacar, pero también otras a reprochar.
Si Bolivia decide mantener el tipo de cambio fijo, entonces la primera recomendación del Fondo consiste en realizar un ajuste fiscal significativo reduciendo el déficit fiscal primario al 1,5% del PIB a medio plazo para restaurar la sostenibilidad de la deuda, eliminar el financiamiento monetario y reconstruir las reservas internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, dice el Fondo, Arce tendría que restringir los gastos, incluso eliminando el aguinaldo de fin de año y restringiendo el incremento de los salarios del sector público, limitando el crecimiento de la inversión pública y reduciendo los subsidios.
Asimismo, recomienda ampliar la base impositiva para reducir la informalidad, fortaleciendo la administración tributaria y aduanera, e incrementar impuestos sobre la renta personal en los hogares de mayores ingresos.
Al respecto, el FMI también sabe perfectamente que, con lo expuesto anteriormente, seguir extendiendo los programas de transferencias de dinero en efectivo sustituyen las políticas de gasto público que luego recomienda recortar, y que solamente terminarán ejerciendo todavía mayor presión sobre el nivel de reservas del Banco Central -que ya es demasiado bajo- y, por tanto, del tipo de cambio, lo cual provocaría serios problemas no sólo de inflación como en el resto del mundo debido a sus recomendaciones, si no, y sobre todo, de disrupciones en el sistema bancario y financiero por la expansión desmedida que implica en la base monetaria.
Respecto de sus recomendaciones de recorte decidido del gasto público, es justamente lo deseable. Sin embargo, el FMI no dice nada respecto del gasto que representan el sinfín de empresas públicas deficitarias o en quiebra que creó el régimen del Movimiento al Socialismo, tanto con Morales como con Arce, y que también explican una parte importante de ese abultado déficit fiscal. ¿Es acaso un despido masivo de empleados públicos una omisión deliberada de la que eventualmente no querrá hacerse responsable?
Sobre el tipo de cambio, es notable cómo el FMI se contradice en el mismo documento como lo hace respecto de otras de sus observaciones. Mientras afirma y reconoce que una de las explicaciones de la baja inflación de Bolivia es el tipo de cambio fijo, al mismo tiempo recomienda adoptar un tipo de cambio flexible para fortalecer las reservas, cuando aquello -la transición de un régimen cambiario a otro- implica inconfundiblemente una devaluación explícita de la moneda nacional y, por tanto, mayor fuga de capitales y pérdida absoluta de reservas.
Igualmente, ya sea un incremento de impuestos o una ampliación de la base impositiva, también provocaría que las reservas sigan cayendo, porque el público objetivo al que se pretende exprimir seguirá invirtiendo y protegiendo su patrimonio en el exterior, como lo ha venido haciendo en los últimos años, a falta de garantías legales y políticas. En todo caso, lo mejor es realizar esfuerzos por eliminar unos y reducir otros impuestos que acompañen no sólo un menor nivel de gasto público estructural, sino también las reformas -y no sólo ajustes- que recomienda en minería e hidrocarburos para atraer cuánta inversión extranjera privada sea posible.
Finalmente, sobre las recomendaciones del Fondo para el sector bancario y financiero, dice que el BCB debería reducir su dependencia de los swaps de divisas como fuente de financiamiento, que la creciente interdependencia del sistema de pensiones y el gobierno debe ser monitoreada, y que a raíz de la acumulación de diferimientos y reprogramaciones de los préstamos durante la pandemia, el balance contable del conjunto del sistema bancario debe ser cuidadosamente monitoreado para identificar y solventar rápidamente signos de deterioro, algo en lo que venimos insistiendo desde mucho antes de la pandemia, y sobre lo que todavía no será necesario agregar más observaciones, pero que podrían constituir el mayor desafío para la economía que se haya visto hasta el momento.
La respuesta del régimen de Arce al informe del FMI
Tan pronto como al día siguiente de la publicación del informe en cuestión, el titular de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, convocó a una rueda de prensa de apenas 13 minutos para pronunciarse al respecto.
Curiosamente, al momento de mostrar una nota de prensa de France 24 del mes de abril, que titula Economista jefe de FMI aconseja subvenciones para atajar la inflación, Montenegro afirmó que “Bolivia no tiene ninguna obligación para seguir las recomendaciones del FMI, porque toma decisiones de manera soberana e independiente”.
Sin embargo, por un lado aplica algunas de las malas recomendaciones, como aplicar subsidios, imponer controles de precios o incrementar impuestos; por el otro no aplica las buenas, como el recorte del gasto público estructural y las reformas de los sectores de minería y de hidrocarburos; y deja de oír otras que es de esperar que jamás aplique, como la devaluación cambiaria que pretende ocultar con el eufemismo del tipo de cambio flexible.
En definitiva, el informe del FMI contempla varias contradicciones importantes, no sólo entre su diagnóstico y sus recomendaciones, confundiendo a la opinión pública respecto primero de su rol, y segundo, sobre el camino correcto a seguir para evitar mayores problemas. No obstante, si hubiera elementos importantes a rescatar de las observaciones del Fondo, es que resulta imperativo realizar reformas en minería e hidrocarburos para atraer inversión, recortar el gasto público estructural de manera decidida para reducir el déficit fiscal y hacer sostenible no sólo la deuda pública externa, sino -y sobre todo- la deuda interna, que a su vez implica prestar mayor atención a lo que sucede en el sistema bancario y financiero, y el vínculo con el Banco Central y las administración de las pensiones.